Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas
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La brecha de género persiste: mujeres lideran la tasa de desocupación.
La tasa de desocupación en la Región del Biobío alcanzó un 10,0% durante el trimestre enero-marzo de 2026, registrando un aumento de 1,0 punto porcentual en comparación con igual período del año anterior, según informó la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El incremento se explica principalmente por un mayor dinamismo de la fuerza de trabajo, que creció 2,8% en doce meses, superando el alza de 1,6% observada en las personas ocupadas. En este contexto, el número de desocupados experimentó un fuerte aumento de 14,3%.
En cuanto a los indicadores de participación, la tasa alcanzó un 57,8%, con un incremento de 1,2 puntos porcentuales, mientras que la tasa de ocupación se situó en 52,0%, aumentando 0,5 puntos. En paralelo, la población fuera de la fuerza laboral disminuyó 2,1%.
Al analizar por género, la desocupación en mujeres llegó a 11,3%, con un alza de 0,7 puntos porcentuales en doce meses. En los hombres, en tanto, la tasa se ubicó en 9,0%, registrando un incremento mayor, de 1,2 puntos.
Pese al aumento del desempleo, el número de personas ocupadas creció 1,6%, impulsado principalmente por la expansión del empleo femenino (5,4%). Los sectores que lideraron la generación de puestos de trabajo fueron las actividades profesionales, con un aumento de 32,6%, y la industria manufacturera, con un alza de 6,2%.
Por categoría ocupacional, destacó el incremento de trabajadores por cuenta propia (14,4%) y del personal de servicio doméstico (25,9%), lo que refleja cambios en la estructura del empleo regional.
En materia de informalidad, la tasa de ocupación informal alcanzó un 27,0%, aumentando 1,9 puntos porcentuales en un año. Las personas en esta condición crecieron 9,6%, con mayor incidencia en mujeres (15,9%) que en hombres (4,7%).
Finalmente, la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial se ubicó en 20,9%, evidenciando una brecha de género significativa: 17,2% en hombres frente a 25,3% en mujeres, lo que refleja persistentes desigualdades en el acceso al empleo en la región.
Fuente: Diario Concepción, abril 30 de 2026
En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación se ubicó en 9,6%.
La tasa de desocupación en Chile se mantuvo elevada al inicio de 2026. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas, el indicador alcanzó un 8,9% en el trimestre móvil enero-marzo, anotando un alza de 0,2 puntos porcentuales en doce meses.
Con este resultado, el país extendió a 38 meses consecutivos con una tasa de desempleo igual o superior al 8%, reflejando un mercado laboral que sigue mostrando señales de debilidad, pese a una leve creación de puestos de trabajo en el último año.
En ese contexto, el INE reportó que en doce meses se crearon 45.354 empleos, cifra que no logró compensar el mayor dinamismo de quienes ingresaron al mercado laboral.
Presión por mayor fuerza laboral
El incremento en la tasa de desocupación se explicó por un crecimiento de la fuerza de trabajo de 0,7%, superior al avance de las personas ocupadas, que aumentaron 0,5%. En paralelo, el número de desocupados creció 3,3%, impulsado tanto por quienes quedaron cesantes como por quienes buscaron empleo por primera vez.
Las tasas de participación y ocupación se situaron en 62,3% y 56,7%, respectivamente, ambas con leves retrocesos. A su vez, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 1,2%, influida por el alza de personas inactivas potencialmente activas.
Brechas por género
El desempleo continuó mostrando diferencias relevantes entre hombres y mujeres. En el caso femenino, la tasa alcanzó el 10%, con un incremento de 0,5 puntos porcentuales en doce meses, en un escenario donde la fuerza de trabajo creció por sobre la ocupación.
En los hombres, en tanto, la tasa se ubicó en 8,1%, sin variación interanual, en línea con una leve contracción tanto de la fuerza de trabajo como del empleo.
Sectores e informalidad
El aumento del empleo estuvo impulsado principalmente por las mujeres, con un alza de 1,2%, mientras que los hombres registraron una leve caída. Por actividad económica, destacaron las alzas en salud, actividades profesionales, comercio y el rubro inmobiliario.
Sin embargo, el informe también evidenció un deterioro en la calidad del empleo. La tasa de ocupación informal llegó a 26,5%, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales en doce meses. Las personas en esta condición crecieron 3,2%, con mayor incidencia en comercio e industria manufacturera.
Menos horas trabajadas y mayor holgura laboral
En cuanto a la intensidad del trabajo, el volumen total de horas efectivas cayó 0,1% en un año, mientras que el promedio semanal descendió a 35,7 horas.
A ello se sumó un aumento en los indicadores de subutilización laboral. La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial se elevó a 17,4%, con una brecha de género que alcanzó 6,2 puntos porcentuales en desmedro de las mujeres.
Región Metropolitana
En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación se ubicó en 9,6%, con un alza de 0,2 puntos porcentuales en doce meses. En ese período, el empleo retrocedió 0,2%, afectado principalmente por caídas en sectores como información y comunicaciones, servicios financieros y administración pública.
En síntesis, las cifras del INE mostraron un mercado laboral que, si bien continuó generando empleo, no logró absorber el aumento de la fuerza laboral, manteniendo la tasa de desocupación en niveles elevados y con señales de precarización.
Fuente: Emol economía, abril 29 de 2026
El gremio planteó a la autoridad la urgencia de avanzar en la reindustrialización del país y advirtió sobre los riesgos de pérdida de capacidad productiva y cierre de plantas manufactureras.
La Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, encabezada por su presidente, Fernando García, sostuvo una reunión de trabajo con el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, instancia en la que el gremio presentó su Estrategia Industrial para Reactivar el Crecimiento Económico y analizó junto al titular de la cartera los principales desafíos que enfrenta el sector productivo nacional.
Durante el encuentro, García planteó la necesidad de avanzar con urgencia en un proceso de reindustrialización que permita recuperar dinamismo económico, aumentar la inversión y fortalecer la generación de empleo formal, en un contexto marcado por señales persistentes de pérdida de capacidad productiva.
“El país enfrenta una oportunidad para volver a crecer sobre la base de su capacidad productiva. Reindustrializar Chile es clave para aumentar la productividad, generar empleo formal y avanzar hacia un desarrollo social sostenible, creando más oportunidades y mejor calidad de vida para las personas”, señaló el presidente de ASIMET.
El dirigente advirtió que el cierre de plantas industriales y la reducción del empleo manufacturero reflejan un proceso de desindustrialización que requiere respuestas de política pública. Como ejemplo, mencionó el cierre de la planta Electrolux en abril de este año, que significó la pérdida de cerca de 400 empleos industriales, situación que, indicó, evidencia la necesidad de fortalecer las condiciones para producir e invertir en Chile. Agregó que cuando el país pierde capacidad productiva también se debilitan las oportunidades de empleo formal, el desarrollo regional y la movilidad social, ya que la industria cumple un rol clave en la generación de encadenamientos productivos, innovación y crecimiento inclusivo.
En la reunión, ASIMET presentó una propuesta orientada a impulsar la inversión productiva mediante incentivos tributarios, modernización tecnológica y el fortalecimiento de mecanismos de defensa frente a prácticas comerciales desleales que afectan a la industria nacional.
García explicó que la competitividad industrial se ve impactada por diversos factores estructurales, entre ellos los altos costos energéticos y laborales, la creciente carga regulatoria, la falta de certeza jurídica para la inversión, las dificultades de acceso a financiamiento productivo y la necesidad de acelerar la incorporación tecnológica en las empresas. Asimismo, planteó la importancia de avanzar hacia condiciones de competencia equitativas frente a importaciones que ingresan al país sin enfrentar exigencias técnicas, ambientales o regulatorias equivalentes a las que cumple la producción nacional.
El presidente de ASIMET subrayó, además, que el fortalecimiento del capital humano resulta fundamental para enfrentar los desafíos de la Industria 4.0 y de la transformación productiva global, destacando la necesidad de promover políticas que impulsen la formación de talento técnico y la adopción tecnológica en las empresas.
“El crecimiento económico sostenible requiere una alianza público privada que permita recuperar la inversión, fortalecer la industria y generar más oportunidades para las personas. Cuando la industria crece, también crece el empleo, la movilidad social y el desarrollo de los territorios. Chile tiene las capacidades industriales para hacerlo, pero necesita una estrategia clara y consistente”, afirmó García.
Finalmente, el dirigente valoró el espacio de diálogo sostenido con el Ministerio de Economía y destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre los sectores público y privado para avanzar en una agenda de desarrollo productivo que permita recuperar el crecimiento económico y el dinamismo industrial del país.
ASIMET, abril 28 de 2026
La rebaja gradual al impuesto de primera categoría es la mejor evaluada, en tanto, la repatriación de capitales despierta reparos entre los analistas.
La propuesta del Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, presentada por el Presidente José Antonio Kast y detallada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue recibida en términos generales de manera positiva por especialistas en derecho tributario y macroeconomía, quienes destacan su foco en impulsar la inversión y reactivar la actividad económica.
Entre las medidas mejor evaluadas figura la rebaja gradual del impuesto de primera categoría desde 27% a 23%, considerada como un ajuste que acerca a Chile a estándares internacionales y mejora su competitividad frente a otras economías.
Sin embargo, no todas las iniciativas generan el mismo consenso. La repatriación de capitales despierta reparos entre los analistas, quienes advierten riesgos en términos de incentivos al incumplimiento tributario y resultados históricos que han estado por debajo de las expectativas.
En contraste, propuestas como la suspensión del IVA en parte de la venta de viviendas son valoradas positivamente, debido a su potencial efecto dinamizador sobre la inversión y el empleo, especialmente en el sector de la construcción.
Revisa el detalle de las medidas
Reconstrucción
1. Ampliación Fondo de Emergencia a Ñuble y Biobío.
Extiende a Ñuble y Biobío el fondo creado para Valparaíso tras los incendios de 2024, elevando el techo total a $1,2 billones hasta 2028.
Estimación/alcance: $400 mil millones por una vez.
Transversalidad/controversia: Transversal. La urgencia humanitaria hace difícil el rechazo. Los especialistas consultados no cuestionan la medida; el debate será sobre la velocidad de ejecución.
Recaudación transitoria
2. Rebaja transitoria del impuesto a las donaciones.
Por 12 meses, las donaciones pagan un descuento de 50% del impuesto de la Ley 16.271. El crédito contra el futuro impuesto a la herencia se mantiene en el 100%. Está aún por definirse el tope.
Estimación/alcance: Recaudación estimada de $260 mil millones.
Transversalidad/controversia: Controversia moderada. Algunos expertos creen que puede verse como una medida para quienes tienen más patrimonio, ya se han hecho ejercicios similares (impuestos sustitutivos) en gobiernos anteriores.
3. Declaración y repatriación de capitales en el extranjero.
Sistema voluntario de 12 meses para declarar bienes en el exterior con un impuesto único del 10%. Quienes repatríen dentro de 3 años e inviertan por al menos 8 años pagan una tasa reducida del 7%.
Estimación/alcance: Recaudación estimada de unos $300 mil millones por una vez.
Transversalidad/controversia: Controversia alta. La mayoría de los especialistas considera que generar tantos de estos mecanismos, también calificados como de “blanqueo”, daña el buen comportamiento tributario. Además, ya lo han propuesto e implementado gobiernos previos, con éxito cada vez menor.
4. Impuesto sustitutivo sobre registros de rentas empresariales anteriores a 2016.
Impuesto del 10% sobre saldos del Fondo de Utilidades Tributables (FUT) histórico. Permite regularizar esos saldos y obtener recaudación inmediata.
Estimación/alcance: Sin cifra desagregada.
Transversalidad/controversia: Controversia media. Los especialistas creen que tomaría rentas antiguas 4 que por algún motivo no pudieron se repatriadas.
5. Condonaciones de intereses.
Dos ventanas: a empresas con deudas tributarias irrecuperables (condonación de intereses y multas contra pago del capital) y a deudores municipales por servicios de aseo (misma lógica).
Estimación/alcance: Sin cifra oficial.
Transversalidad/controversia: Transversal. Medida pragmática que despeja deuda inactiva. No fue 5 objeto de crítica en las respuestas de especialistas consultados.
Reactivación de la construcción
6. Exención transitoria del IVA (Impuesto al Valor Agregado) a viviendas nuevas.
Por 12 meses se elimina el IVA en la venta de viviendas nuevas con recepción vigente. El vendedor puede acogerse opcionalmente, pero debe traspasar el beneficio íntegramente al comprador. Rige retroactivamente desde el ingreso del proyecto al Congreso.
Estimación/alcance: Apunta a descongestionar 100.000 viviendas sin vender. Meta: recuperar 200.000 empleos en construcción.
Transversalidad/controversia: Apoyo técnico transversal. Se destaca que destraba el stock y reactiva proyectos detenidos. Hay dudas sobre cómo se traspasa el beneficio.
7. Extensión del beneficio DFL2 al arriendo.
A partir de la tercera vivienda arrendada, tasa única del 5% sobre la renta. Aplica a viviendas de hasta 90 metros cuadrados.
Estimación/alcance: Sin cifra oficial.
Transversalidad/controversia: Controversia baja. No fue objeto de comentario crítico 7 por los especialistas consultados.
Competitividad tributaria
8. Rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría de 27% a 23%.
El impuesto a las utilidades de las empresas del régimen general baja: 27% en 2026, 25,5% en 2027, 24% en 2028 y 23% en 2029. Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) mantienen el régimen de la Ley 21.755: 12,5% en 2026-2027 y 15% en 2028.
Estimación/alcance: Sin cifra oficial en los documentos ni en las proporcionadas por Jorge Quiroz. Sí beneficiaría a más de 150.000 empresas que concentran el 90% de la inversión y el 50% del empleo formal.
Transversalidad/controversia: Alta controversia política, pero apoyo técnico amplio. Todos los tributaristas consultados la identifican entre las medidas más relevantes para la inversión. Algunos plantean que debería cambiarse también una mejoría a las pymes en 2029 (cuando su tasa regresa a 25%). Economistas señalan que podría aportar entre 0,5 y 0,6 puntos de mayor crecimiento tendencial.
9. Reintegración gradual del sistema tributario.
Elimina progresivamente la obligación de restituir parte del crédito por impuesto corporativo al retirar utilidades. La restitución baja de 35% a 30%, 25%, 20% y finalmente a 0% en el año tributario 2031.
Estimación/alcance: Sin cifra oficial en los documentos oficiales ni en las cifras proporcionadas por Jorge Quiroz.
Transversalidad/controversia: Alta controversia. Un consultado dice que no afecta las decisiones de inversión. Otro sostiene que esta medida no dialoga bien con la rebaja del impuesto corporativo en un contexto de déficit fiscal. Otros consideran que sí facilita las inversiones al simplificar el régimen tributario.
10. Impuesto sustitutivo a la obligación de restitución del crédito acumulado.
Las empresas con créditos sujetos a obligación de restitución pueden convertirlos en créditos libres pagando un impuesto transitorio. En conferencia de prensa, el ministro Jorge Quiroz habló de una tasa de 10% (en minutas oficiales previas se hablaba de 15%).
Estimación/alcance: Sin cifra oficial desagregada.
Transversalidad/controversia: Los técnicos requieren más información 10 para determinar una postura.
11. Invariabilidad tributaria para grandes inversiones.
Las condiciones tributarias vigentes al momento de la inversión quedan garantizadas por 25 años para proyectos desde US$ 50 millones. Restaura un instrumento eliminado en 2014. Ahora aplica para inversiones extranjeras y chilenas.
Estimación/alcance: Sin costo fiscal estimado publicado.
Transversalidad/controversia: Alto apoyo técnico. Algunos la identifican como la medida más potente 11 del paquete dado el historial de cambios tributarios de la última década.
12. Eliminación del impuesto a la ganancia de capital en transacciones bursátiles.
Se elimina el impuesto sobre la ganancia obtenida al vender acciones y otros instrumentos en la bolsa.
Estimación/alcance: Sin cifra oficial de costo fiscal.
Transversalidad/controversia: Controversia moderada. Un consultado señala que una mejora en las perspectivas de crecimiento debería favorecer los activos locales, aunque parte del alza bursátil ya incorpora expectativas positivas.
Protección del empleo formal
13. Crédito tributario por pago de remuneraciones.
Las empresas con cotizaciones al día reciben un crédito del 15% sobre sueldos brutos hasta 7,8 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a $545.000. Baja linealmente hasta 0% en los 12 UTM ($838.000). Se descuenta mes a mes de los pagos provisionales mensuales o del débito de IVA.
Estimación/alcance: US$ 1.400 millones anuales al sector productivo. Beneficia a más de 4 millones de trabajadores y a más de 230.000 Pymes. Reduce la tasa efectiva mediana de las Pymes de 12,5% a 7,8%.
Transversalidad/controversia: Amplio apoyo técnico con matices de diseño. Un par de expertos valora su efecto en liquidez y formalización. Otro cree que un subsidio directo es más eficiente.
Agilización regulatoria
14. Agilización regulatoria ambiental y de permisos sectoriales.
Dos medidas: si una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada es revocada judicialmente, el Estado reembolsa los gastos ya incurridos. Además, el plazo en que la administración puede invalidar un permiso sectorial ya otorgado se recorta de 2 años a 6 meses.
Estimación/alcance: El 85% de las impugnaciones de RCA confirma la resolución original, pero el 100% de las inversiones espera un promedio de 30 meses.
Transversalidad/controversia: Apoyo generalizado. Se estima que esta modificación generará un impulso decisivo a la inversión y el crecimiento de largo plazo.
Beneficios sociales
15. Exención de contribuciones para mayores de 65 años en su primera vivienda.
Los propietarios de 65 años o más quedan exentos del impuesto territorial sobre su vivienda principal. En copropiedad prima la edad del mayor. El Fondo Común Municipal se compensa vía Ley de Presupuestos.
Estimación/alcance: Beneficia a 294.607 adultos mayores. Costo fiscal del orden de US$ 200 millones de dólares al año, y con restitución al Fondo Común Municipal de US$ 130 millones.
Transversalidad/controversia: Transversal con riesgo legislativo. Podría estar sujeta a modificaciones en el debate parlamentario, dado que distintos actores políticos ya han opinado contra la idea por afectar a municipalidades. La medida no distingue por valor de la propiedad ni por nivel de ingresos.
Contención del gasto
16. Eliminación de la franquicia tributaria del Sence (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo).
Se elimina el descuento tributario que permite a las empresas financiar capacitación laboral vía Sence. La institución se mantiene y se podría generar otro instrumento de capacitación.
Estimación/alcance: Ahorro estimado: US$ 300 millones anuales.
Transversalidad/controversia: Aunque no fue cuestionado por los especialistas consultados, existe una gran cantidad de firmas dedicadas a este mercado (Otic y Otec), con miles de profesionales, que podrían demandar cambios en el Congreso.
Fuente: Emol economía, abril 17 de 2026
La dirección del Trabajo publicó ayer dos dictámenes sobre la rebaja de 44 a 42 horas.
Faltan nueve días para que entre en vigencia una nueva etapa de la ley de 40 horas, la rebaja de la jornada laboral de 44 a 42 horas.
Bajo ese contexto, la Dirección del Trabajo (DT) publicó, ayer, dos dictámenes que abordan aspectos sensibles para empresas y trabajadores.
En concreto, la forma de aplicar la rebaja de jornada cuando no existe acuerdo entre las partes, y los criterios para determinar qué cargos pueden quedar excluidos del límite de jornada bajo el artículo 22 del Código del Trabajo.
Los pronunciamientos generaron inmediatas reacciones entre expertos laborales, quienes en su mayoría valoraron que la DT haya precisado criterios operativos de cara al hito del próximo 26 de abril, en tanto, desde el mundo sindical, la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile (CUT) criticó duramente la decisión.
Reglas en caso de falta de acuerdo
El dictamen sobre reducción de jornada ratifica que la vía principal para implementar el ajuste sigue siendo el acuerdo entre las partes. Sin embargo, cuando no exista entendimiento, establece reglas supletorias.
En jornadas distribuidas en cinco días, la rebaja deberá aplicarse reduciendo una hora al término de la jornada en dos días distintos. En jornadas de seis días, deberá concretarse con 50 minutos en dos días y una fracción adicional en un tercer día.
Al respecto, Cristina Fernández, Managing Director Tax, Employment & Compensation de KPMG Chile, señaló a Emol que el punto central del pronunciamiento es que «la reducción de 44 a 42 horas debe materializarse como una reducción efectiva del tiempo de trabajo».
Añadió que la ley privilegia el acuerdo entre las partes y que la DT reconoce esa lógica. «Son las partes del contrato de trabajo, empleador, trabajador y organizaciones sindicales en su caso, quienes deberán acordar cómo se aplicará la reducción de jornada», sostuvo.
Asimismo, indicó que el dictamen permite acreditar la aplicación de la rebaja mediante antecedentes razonables cuando no exista acuerdo formal. «Entrega a las partes la facultad de determinar la forma en que se aplicará la reducción, según la realidad operacional de cada empresa», afirmó.
En la misma línea, Bárbara Cherres, Senior Associate de Moraga y Cía., destacó que el texto «rectifica su interpretación anterior del año 2024 e intenta otorgar mayor certeza jurídica de cara al hito del 26 de abril».
Valoró además que se establezcan unidades claras de distribución horaria, lo que —a su juicio— facilita la implementación y fiscalización.
Con todo, advirtió que persisten espacios abiertos. «Su principal debilidad persiste en la noción del ‘medio idóneo’ para acreditar el intento de acuerdo con trabajadores, al no establecer parámetros mínimos», planteó.
Artículo 22 y exclusión de jornada
El segundo dictamen aborda el artículo 22, norma que permite excluir a ciertos trabajadores del límite de jornada cuando, por la naturaleza de sus funciones, no existe fiscalización superior inmediata.
La DT sostuvo que el análisis debe hacerse caso a caso y que la sola existencia de herramientas tecnológicas, sistemas de marcación, reportes o plataformas de seguimiento no basta, por sí sola, para acreditar supervisión directa.
Fernández señaló que el criterio «interpreta a la norma según su texto y espíritu», al excluir de la limitación de jornada según la naturaleza de las funciones desempeñadas por el trabajador.
A su juicio, la interpretación previa había ampliado excesivamente la limitación de jornada, por lo que «el dictamen reincorporaría el criterio de flexibilidad implícito en esta norma, aplicable según la naturaleza de las funciones desempeñadas por el trabajador», agregó.
En tanto, Andrea Inostroza, directora de Deloitte Legal, coincidió en que el nuevo criterio «se ajusta a los principios de la ley y va en la dirección correcta».
Explicó que la existencia de estructuras jerárquicas no implica necesariamente supervisión directa. «Aun cuando exista una estructura de reporte jerárquico, ello no implica que se esté bajo supervisión directa», indicó.
También sostuvo que la tecnología no modifica por sí sola la naturaleza de la relación laboral. «Si el fin principal del desarrollo tecnológico no es control, entonces no cambia la naturaleza de la relación laboral», afirmó.
CUT critica ambos dictámenes
Desde la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile (CUT), en tanto, rechazaron los pronunciamientos de la DT.
En una declaración pública, la multisindical sostuvo que la medida es «profundamente grave: es ilegal y le quita certezas a las trabajadoras y trabajadores». Según la organización, «se pretende eliminar, por vía administrativa, los elementos que establece el Código del Trabajo en su artículo 42 a) para presumir que un trabajador tiene derecho a una jornada de trabajo».
«El efecto que provoca es claro: reducir el universo de trabajadores que puedan acceder a las 42 horas en la actualidad», agregó.
Asimismo, afirmó que la reinterpretación «busca burlar la ley, para que existan más personas trabajando sin límite de jornada».
La CUT también cuestionó a la DT y acusó que el organismo «debilita el rol administrativo protector que le corresponde al autolimitar sus facultades en materia de interpretación».
Fuente: Emol economía, abril 17 de 2026
El gremio señaló que el término de la operación productiva, que implica la pérdida de cerca de 400 empleos, marca el fin de la fabricación en Chile de históricas marcas de electrodomésticos nacionales como Fensa y Mademsa, reflejando el reemplazo progresivo de la producción local por productos importados desde economías con menores costos y activas políticas de apoyo industrial.
La Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, expresó su profunda preocupación tras el anuncio de Electrolux de cerrar su planta productiva en Chile, decisión que implicará la pérdida de cerca de 400 empleos y el fin de una operación manufacturera histórica vinculada a la fabricación de electrodomésticos en el país de reconocidas marcas como Fensa y Mademsa.
Desde el gremio advirtieron que este cierre refleja una tendencia creciente: producir en Chile se vuelve cada vez más complejo en un entorno internacional altamente competitivo, donde las importaciones provienen de economías que cuentan con subsidios industriales, menores costos energéticos, mayores escalas productivas y políticas activas de fortalecimiento manufacturero.
Según señaló el presidente de ASIMET, Fernando García, este hecho constituye una señal de alerta sobre el rumbo productivo del país. “Cuando la cancha no es pareja frente a la competencia internacional, la industria deja de producir localmente y pasa a importar. Y quienes finalmente pagan el costo no son las empresas, que muchas veces logran reconvertirse, sino los colaboradores, que pierden empleos formales, técnicos y de calidad”, afirmó.
El dirigente gremial enfatizó que el cierre de capacidades manufactureras no sólo implica la pérdida de puestos de trabajo directos, sino también el debilitamiento de proveedores nacionales, de conocimiento productivo, innovación y encadenamientos industriales construidos durante décadas.
“Hoy resulta cada vez más difícil hacer industria en Chile cuando la competencia internacional opera bajo reglas distintas. Mientras otros países protegen y fortalecen su base manufacturera, nuestras empresas enfrentan mayores costos de contratación, energéticos y logísticos, entre otros, que terminan erosionando la producción local”, agregó.
García advirtió, además, que el caso de Electrolux no constituye un hecho aislado y que diversas empresas del sector manufacturero enfrentan presiones similares, evaluando reducir o terminar producción local para reemplazarla por importaciones en un escenario de creciente competencia externa en condiciones desiguales.
“Chile está transitando silenciosamente desde una economía que produce hacia una economía que importa. Si no corregimos estas asimetrías frente al comercio internacional, seguiremos perdiendo industria, empleo de calidad y capacidades tecnológicas estratégicas”, sostuvo.
El presidente de ASIMET recordó que, mientras las principales economías del mundo avanzan en procesos de reindustrialización para fortalecer su autonomía productiva, resiliencia económica y seguridad estratégica, Chile continúa debilitando su base manufacturera.
Finalmente, García reiteró la necesidad de adoptar definiciones estratégicas para resguardar el desarrollo industrial del país.
“Chile necesita avanzar con urgencia hacia una política industrial moderna que equilibre las condiciones de competencia internacional y vuelva viable producir localmente. De lo contrario, seguiremos viendo cómo empresas dejan de fabricar en el país para importar lo que antes se hacía en Chile, profundizando un proceso de desindustrialización que afecta directamente el empleo de calidad y el desarrollo económico de largo plazo”, concluyó.
Fernando García Luraschi
Presidente de ASIMET
ASIMET, abril 01 de 2026
El gremio señaló que la decisión contribuye a fortalecer la certeza jurídica y a mantener condiciones que favorezcan la inversión, el empleo formal y el desarrollo productivo.
La Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, valoró la decisión del Gobierno de retirar de la tramitación el proyecto de ley que buscaba establecer un sistema de negociación a nivel sectorial, iniciativa que había generado preocupación en diversos sectores productivos.
Asimismo, desde el gremio señalaron que el objetivo de avanzar en mejores condiciones laborales y fortalecer el diálogo entre trabajadores y empresas es compartido, aunque destacaron que los mecanismos para lograrlo deben considerar la realidad diversa del tejido productivo y resguardar adecuadamente el empleo y la actividad económica.
El presidente del gremio, Fernando García, señaló que esta decisión constituye una señal positiva para la certeza jurídica y el adecuado funcionamiento del mercado laboral.
“Valoramos que se haya retirado un proyecto que generaba preocupación en amplios sectores productivos, ya que introducía rigideces que podían afectar la capacidad de adaptación de las empresas, especialmente a las Pymes, y en un contexto económico aún desafiante”, afirmó.
Desde el gremio han planteado de manera consistente la importancia de resguardar marcos laborales que permitan compatibilizar la protección de los colaboradores con la sostenibilidad de las empresas y la generación de empleo.
“Las relaciones laborales deben permitir acuerdos que se ajusten a la realidad de cada empresa, considerando sus distintos niveles de productividad, tamaño y condiciones. Esa flexibilidad es clave para fortalecer el empleo formal y el desarrollo de la actividad productiva”, indicó García.
ASIMET enfatizó además que, en el actual escenario económico, resulta fundamental avanzar en políticas que incentiven la inversión, fortalezcan la productividad y generen condiciones adecuadas para el desarrollo de la industria nacional.
“Hoy más que nunca, Chile necesita recuperar el crecimiento y el dinamismo. Para eso, es clave contar con reglas que impulsen la inversión y el desarrollo productivo, cuidando al mismo tiempo la viabilidad de las empresas y el empleo. Para nosotros es especialmente importante resguardar el trabajo de las personas y avanzar en la generación de empleos de calidad, porque detrás de cada puesto de trabajo hay familias y proyectos de vida”, agregó el presidente del gremio.
Finalmente, la Asociación reiteró su disposición a contribuir al debate de políticas públicas desde una mirada técnica, que promueva el crecimiento y el desarrollo productivo del país.
“Como gremio, seguiremos promoviendo un entorno regulatorio que otorgue certezas, incentive la inversión y permita a la industria desarrollarse con mayor competitividad en un escenario cada vez más exigente, ya que ese es el camino para generar empleos de calidad para los chilenos”, concluyó García.
ASIMET, marzo 18 de 2026
La decisión se comunicó en un oficio enviado a la Cámara de Diputados.
El Gobierno decidió retirar de tramitación en el Congreso el proyecto de ley que buscaba incorporar la negociación colectiva multinivel —conocida como negociación ramal—, iniciativa que había sido presentada durante la administración del expresidente Gabriel Boric.
La decisión se comunicó en un oficio enviado a la Cámara de Diputadas ayer, en el que el Presidente José Antonio Kast, haciendo uso de sus facultades constitucionales, informó el retiro del mensaje que había ingresado al Congreso el 9 de enero de 2026.
La iniciativa constituía una de las principales reformas laborales impulsadas por el gobierno anterior y era considerada una demanda histórica del movimiento sindical chileno.
Sin embargo, desde distintos gremios empresariales se habían levantado fuertes críticas contra el proyecto, advirtiendo que su implementación podría profundizar los problemas de empleo, aumentar la informalidad laboral y afectar el crecimiento económico, especialmente en un contexto de bajo dinamismo del mercado laboral.
De hecho, el proyecto había avanzado recientemente en su tramitación legislativa. El pasado 3 de marzo fue aprobado en general en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados con los votos de sectores que hoy se encuentran en la oposición.
Con esta decisión, el gobierno de José Antonio Kast pone término a la tramitación de la iniciativa y cierra la puerta, al menos durante su administración.
Fuente: Emol economía, marzo 17 de 2026
Gremios critican la interpretación “rígida” del regulador respecto a la forma en que se tiene que reducir la jornada laboral.
La reducción de la jornada laboral en Chile volverá a dar un paso el próximo 26 de abril, en el marco de la ley de las «40 horas».
En esa fechas las empresas deberán ajustar nuevamente el horario de sus trabajadores para rebajar el límite semanal desde las actuales 44 horas a 42 . El calendario fijado por la ley contempla que el proceso concluirá en 2028 , cuando entre plenamente en vigencia la jornada de 40 horas .
De cara a esta nueva etapa, la Dirección del Trabajo (DT) emitió a fines de febrero un dictamen destinado a aclarar cómo debe aplicarse en la práctica la rebaja. El pronunciamiento surgió a partir de una consulta formulada por dirigentes de la rama del comercio de la CUT.
El criterio general definido por la DT es que la adecuación de la jornada debe realizarse de común acuerdo entre empleadores y trabajadores . Ese entendimiento, además, deberá quedar por escrito y respetar los marcos que establece la normativa vigente.
El dictamen también aborda los escenarios en los que no existe acuerdo entre las partes. En esos casos, si la jornada original de 45 horas estaba distribuida en cinco días , el empleador tendrá que rebajar una hora en tres días de la semana para ajustarse al nuevo límite de 42 horas.
Si, en cambio, la jornada de 45 horas estaba repartida en seis días , la empresa deberá reducir 50 minutos en tres jornadas y descontar los 30 minutos restantes en un cuarto día de esa misma semana.
La DT precisó que esta interpretación debe entenderse como una “regla única” , sin importar la forma en que se haya pactado originalmente la jornada. Ese mismo criterio deberá utilizarse en las siguientes etapas de la reducción horaria, hasta llegar al tope definitivo de 40 horas semanales .
Preocupación de empresarios
El pronunciamiento generó preocupación en el sector empresarial. «La inquietud planteada se refiere principalmente a la forma específica de aplicación que fija el dictamen en ausencia de acuerdo, ya que establece una estructura operativa uniforme que puede generar desafíos prácticos para empresas que ya habían implementado adecuaciones organizacionales desde la entrada en vigencia de la ley, particularmente en sectores que operan con sistemas de turnos o jornadas continuas”, advirtió a El Mercurio la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial.
La dirigente gremial alertó que el dictamen genera una incertidumbre jurídica crítica, en un contexto de 8,3% de desempleo y alta informalidad (26,8%).
Similar es la crítica que deslizó a Emol el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio. «El nuevo dictamen de la DT introduce una interpretación rígida sobre la forma en que debe aplicarse la rebaja cuando no existe acuerdo entre las partes, estableciendo fórmulas específicas de distribución de la reducción de horas», dijo, agregando que esto «abre una interrogante relevante para muchas empresas que ya operan con jornadas de 44 horas o menos producto de acuerdos previos o de la aplicación gradual de la ley«.
«Surge la duda de si esos esquemas, que hoy funcionan y cumplen con la normativa, podrían quedar en entredicho frente a esta nueva interpretación administrativa», acotó Pakomio.
También cuestionó que «cuando la autoridad administrativa fija reglas demasiado rígidas o va más allá de lo que establece la ley, se genera incertidumbre jurídica y se dificulta la planificación de las empresas, especialmente en sectores con operación dinámica como el comercio, los servicios y el turismo».
«La implementación de la ley de 40 horas requiere flexibilidad y certezas, de manera que empleadores y trabajadores puedan acordar la mejor forma de organizar sus jornadas sin imponer esquemas que no siempre se ajustan a la realidad operativa de las empresas», cerró el líder de la CNC.
Fuente: Emol economía, marzo 09 de 2026
Desde el gremio manifestaron su profunda preocupación por el avance del proyecto en el Congreso, advirtiendo que su implementación podría generar graves consecuencias para la inversión, la competitividad y la sostenibilidad del empleo formal, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
Tras la aprobación en general del proyecto de negociación colectiva ramal en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, manifestó su firme rechazo a una iniciativa que, a juicio del gremio, debilita las bases del desarrollo industrial y amenaza la sostenibilidad del empleo formal.
Desde ASIMET señalaron que la negociación ramal no es el mecanismo adecuado para fortalecer el mercado laboral, especialmente en un contexto de bajo crecimiento, pérdida de dinamismo industrial y estancamiento de la inversión.
“Este proyecto parte de un diagnóstico equivocado. El problema de Chile hoy no es la regulación laboral, sino la falta de crecimiento, inversión y confianza. Introducir negociación ramal en este escenario es profundizar la incertidumbre”, señaló el presidente del gremio, Fernando García.
Agregó que imponer condiciones homogéneas por sector desconoce la realidad productiva del país: “La industria metalúrgica y metalmecánica está compuesta mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, con estructuras de costos y niveles de productividad muy distintos. Obligar acuerdos a nivel de rama pone en riesgo a las empresas más vulnerables y, con ello, miles de empleos formales en el país”.
El dirigente gremial sostuvo, además, que avanzar en esta dirección envía una señal negativa a quienes evalúan invertir en Chile:
“Cuando el país necesita atraer capital y recuperar dinamismo productivo, este tipo de reformas genera más dudas que certezas. Si seguimos encareciendo y rigidizando la operación de las empresas, el resultado será menos empleo de calidad para los chilenos y más informalidad”, recalcó.
En este contexto, García hizo un llamado a los parlamentarios a dimensionar el impacto económico de la iniciativa, y advirtió que insistir en este camino podría profundizar la pérdida de competitividad industrial frente a otros países de la región.
“Chile no puede darse el lujo de debilitar a su industria. Si el objetivo es mejorar salarios y condiciones laborales, el camino es más productividad y más inversión, no más rigidez estructural”, concluyó el presidente de ASIMET.
ASIMET, marzo 04 de 2026
