La planta de Recimat está ubicada en Calama, región de Antofagasta.

En el documento, la FNE estimó que en el país se generaron 34.907 toneladas de BFU en 2015, de las cuales, según cifras aportadas por Recimat, se reciclan 2.300 toneladas métricas mensuales, unas 27.600 toneladas métricas anuales, las que tomando la estimación de la FNE equivaldrían al 79% del mercado total local. Del resto, una parte importante sale del país de manera ilegal.

Desde la ANIR esgrimen que una de las razones de estos envíos fuera de la ley es el bajo precio que pagaría Recimat por el kilo de batería usada. No obstante, el gerente comercial de esta empresa, Antonio Carracedo, explica que el precio se fija en función del valor del plomo en la Bolsa de Metales de Londres y del precio del dólar, por lo tanto, actualmente la empresa paga $ 276 por kilo de BFU.

“El precio al que compramos las baterías es un valor que logra de alguna manera tratar de pagar la inversión y el costo de operación de Recimat, que es muy alto, porque todos los sistemas para tratar de tener emisiones bajas son muy caros. Hoy, además la energía y la mano de obra, sobre todo en el norte, es cara”, señala Fanta, socio de la firma.

El también exsubsecretario de Medio Ambiente, Jorge Canals, señala que si bien la Fiscalía descartó que la empresa haya tenido un abuso de poder de compra, “es el único comprador, entonces, los precios a los que adquiere las BFU en comparación a otros países similares son menores, por ejemplo, en los países de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) se paga entre $ 450 y $ 600 el kilo. Los precios no son comparables, tal vez por la estructura de mercado y las inversiones que han hecho”, afirma.

De acuerdo al Servicio Nacional de Aduanas, en 2019 el país importó 7.985.758 unidades baterías. De ellas, 1.800.000 corresponden a baterías de vehículos y 55.000 a industriales, que son las que recicla este mercado.

La exportación, la piedra de tope

El mercado de residuos peligrosos está regulado por el Convenio de Basilea que Chile suscribió en 1990 y promulgado por decreto en 1992. De acuerdo al documento de la Fiscalía de 2016, uno de los objetivos del Convenio “es promover que los desechos peligrosos y otros desechos deban eliminarse en el Estado en que se hayan generado”. El artículo 4.9 obliga a tomar las medidas apropiadas para que se permita el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos en tres casos: si no existe capacidad técnica ni instalaciones en el país, si los desechos se requieren como materia prima en otro lugar y si “el movimiento transfronterizo se efectúa de conformidad con otros criterios que fijen las partes contratantes, en la medida que no contradigan los objetivos de dicho convenio”.

Carracedo afirma que “la idea es que la ropa sucia se lave en casa, que exista una industria de reciclaje en cada país y que cada país se haga responsable de sus residuos”, explica.

Canals comenta que este Convenio no prohíbe la exportación de residuos peligrosos, lo que pide es que se cumpla el principio de proximidad, es decir, “que los residuos se traten lo más cercano a la fuente posible, siempre y cuando sea con un manejo racional y costo-efectivo. El Convenio habilita que los países que lo suscriben establezcan medidas más restrictivas, por ejemplo, la prohibición, pero con un manejo racional y costo efectivo, lo que no se da hoy, porque hay un porcentaje importante que se está tratando de forma ilegal y hay tráfico ilegal de plomo”.

El abogado precisa que si bien Recimat no tiene la culpa de ser la única empresa operando, dada la situación y los precios de compra, “no se está manejando el total de los residuos peligrosos a medida que se producen y esto ha sido agravado por la regulación vigente del Ministerio de Salud de 2010 que prohíbe la exportación de baterías fuera de uso, en tanto exista capacidad instalada, en base a un informe de hace una década atrás, en circunstancias que la generación de BFU va aumentado todos los años”, afirma.

Fanta señala que Recimat defiende la prohibición de exportar baterías. “Sobre eso fundamos nuestro negocio y sobre eso lo fundan también los que quieren ingresar al negocio en Chile. Los exportadores de baterías defienden su negocio haciendo parecer que defienden el medio ambiente, (…) pero la lógica de la maximización de precio de las baterías es contraria a los fines del Convenio de Basilea”, dice.

Recimat y baja emisión de gases

Carracedo afirma que la planta de Calama es una de las más modernas. Al mes, recicla 2.300 toneladas métricas en promedio, con una emisión de gases de 2mg/ m3, inferior a países como México, cuya norma de emisión es de 14mg/m3 o Corea con 20mg/m3.

Fanta añade que hasta ahora han invertido unos US$ 14 millones y que las inversiones de los últimos cuatro años les permitirán generar “menos de un milígramo por metro cúbico de aire, con lo cual estamos al nivel de las mejores plantas de Europa”.

La empresa recupera el 100% del plomo de las baterías, lo que equivale en promedio a unos 7,5 kilos por unidad. Esto se funde y refina y con el 40% se fabrican ánodos de plomo para la minería del cobre chilena y el resto se exporta en formato de lingotes a diferentes países que producen baterías de autos o industriales.

Bimar, el nuevo actor

Tras varios traspiés en los Tribunales Ambientales, Bimar Chile SpA comenzará la construcción de una planta de reciclaje de baterías en el sector de El Peñón en la Región de Coquimbo en diciembre o a más tardar la “segunda quincena de enero”, comenta Waldo Véliz Picarte, presidente de Bimar Chile Spa.

La propiedad de la compañía se distribuye en un 70% de Véliz Picarte, 20% de María Galván Padrón y 10% de la multinacional italiana de reciclaje Engitec Technologies SpA y esperan sumar nuevos inversionistas durante la etapa de construcción.

Véliz comenta que la planta demandará una inversión de US$ 31,6 millones y tendrá una capacidad de tratamiento de 14 mil toneladas de baterías usadas al año. La construcción tardaría 20 meses y se espera que esté 100% operativa en 2022.

El empresario sostiene que la compañía ya tomó la decisión de construir la planta de reciclaje, independiente de si se autoriza o no la exportación de baterías a otros países para valorización. No obstante, afirma que está en contra de la exportación.

“El Convenio de Basilea dice que si hay capacidad suficiente de reciclaje en el país no es necesario exportar las baterías. Nosotros vamos a construir la planta de todas maneras, hay mercado suficiente para dos empresas. Entre nosotros podemos cooperar y realizar un reciclaje bastante óptimo de todas las baterías del país”, afirma Véliz.

El decreto que objetó la Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR) objetó el quinto ingreso del Decreto Supremo N°9 del 27 de marzo del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) que Regula el Movimiento Transfronterizo de Residuos, el que según la Asociación Nacional de Industrias del Reciclaje (ANIR) no zanja la autorización para exportar baterías -de autos e industriales- para valorización en el extranjero.

El abogado Jorge Canals señala que el reglamento que objetó la CGR establece que se puede exportar a los países OCDE, salvo que haya capacidad instalada y “por esto se entiende que la instalación esté llana a recibir los residuos por seis meses, lo que es un plazo desproporcionado y arbitrario y además le carga al exportador el tener que acreditar que no existe capacidad nacional, cuando es el Estado, en virtud de los registros que tiene, el que determine si hay o no capacidad”, explica.

Tras la objeción, el decreto debe tramitarse nuevamente, lo que significa pasar por el Consejo de Ministros, consulta pública, firma del Presidente y nuevamente ingresar a la CGR. Por lo tanto, la prohibición o autorización de exportar está ahora en manos del Ministerio del Medio Ambiente.

Diario Financiero envió un cuestionario al MMA con preguntas sobre el mercado de reciclaje de baterías, competencia y sobre próximos pasos para la elaboración de un nuevo Decreto N°9. Desde el área de comunicaciones respondieron: “Nos encontramos evaluando todas las alternativas y pasos a seguir respecto a esta materia, siempre con el objetivo de definir la mejor normativa medioambiental para el país”.

Fuente: Diario Financiero, octubre 30 de 2020