Gesto del mandatario se dio en el marco de la promulgación del nuevo salario mínimo. También lo sumó a gira a EEUU.
Un nuevo espacio consultivo inaugurará el Ministerio de Economía este viernes. A fines de abril la cartera liderada por Nicolás Grau puso en marcha una instancia para trabajar de la mano de las Micro, Pequeñas y Medianas (MiPyme), y ahora será el turno de las grandes firmas.
La instancia, a la que se refirió el domingo en Mesa Central de Canal 13, tiene como propósito iniciar un proceso de diálogo que permita abrir oportunidades y “sostener una relación de colaboración con este relevante sector de la economía”, explicaron desde la cartera. La inflación e inversiones, aspectos de interés tanto para el equipo económico del gobierno como para el sector privado, serán temas del primer encuentro.
El funcionamiento específico de la mesa se conversará en esta primera reunión, pero el plan de Economía es que el trabajo se dé de manera similar a lo que ocurre con el Consejo Consultivo MiPyme, que está trabajando en acciones de corto, mediano y largo plazo de cara a la reactivación económica, junto con dar soluciones a preocupaciones estructurales del sector.
El ministro Grau liderará la reunión de la que también está contemplada que participe la subsecretaria del ramo, Javiera Petersen. Por el lado de los invitados, en total son 15 los gremios y entidades convocadas a la sesión inaugural de la mesa de diálogo, y ya confirmaron su asistencia los presidentes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas de Chile (Asimet), de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y de la Asociación de Exportadores de Frutas (Asoex).
Se sumarán los titulares de las seis ramas de la CPC: Sofofa, Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Asociación de Bancos (ABIF), Sociedad Nacional de Agricultura, la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara Chilena de la Construcción. Y también se extendió la invitación al presidente del Consejo Minero y de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), además de Macarena Navarrete en representación de Icare y Amcham, a Josefa Monge por Empresas B, y a Manuela Sánchez de parte de BCI, CAP y Mall Plaza.
La señal del Presidente
La cita se concretará en medio de la señal de acercamiento con el gran empresariado que envió ayer el Presidente Gabriel Boric en medio de la ceremonia de promulgación de la ley que eleva el sueldo mínimo a $ 400 mil en agosto, al invitar al líder de la CPC, Juan Sutil -presente en la ocasión-, a que asista a la cuenta pública del 1 de junio en el Congreso.
Es el momento, dijo el mandatario, en que se expresen las opiniones y con diálogo se enfrenten los desafíos del país.
Lo propio hizo con los gremios PYME, que también estaban en La Moneda.
Pero no fue el único gesto hacia Sutil, pues una vez terminada la actividad conversó un par de minutos con Sutil, a quien invitó a su gira a los Estados Unidos para asistir a la Cumbre de las Américas.
Junto con agradecer el gesto, Sutil señaló que queda por resolver si va a Estados Unidos o acompaña a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, a la OIT en Ginebra.
El Presidente Boric viajará a Los Ángeles, donde se desarrollará la Cumbre de Las Américas, que también contempla un foro de CEO de empresas de la región.
Fuente: Diario Financiero, mayo 24 de 2022
A través de un dictamen, el servicio reconoce la existencia de la citada instancia, pero sostiene que no existe un procedimiento establecido en el Código del Trabajo en torno a sus negociaciones y procedimientos.
Una historia que no para y sigue sumando diversas temporadas y capítulos, como una serie de televisión. En eso parece haberse transformado la discusión en torno a los grupos negociadores, es decir, aquella instancia que surge en empresas sin sindicatos para relacionarse con el empleador.
En julio de 2018 el exdirector del Trabajo, Mauricio Peñaloza, emitió un dictamen en el que reconoció esa figura como sujetos que pueden negociar colectivamente -símil de un sindicato-, pese a que se trataba de una materia que quedó sin regulación en la reforma laboral de la expresidenta Michelle Bachelet luego de que esta pasara por el Tribunal Constitucional en 2016.
En ese momento, el TC eliminó la titularidad sindical del proyecto, lo que significó el reconocimiento de la existencia de los grupos a la par de los sindicatos. Sin embargo, la entidad no definió la forma de negociación, plazos o requisitos.
Para llenar dicho vacío, Peñaloza en su dictamen consignó como instrumentos colectivos válidos los acuerdos suscritos por ellos, señalando que el servicio tenía el deber de registrarlos. Un pronunciamiento que generó polémica y molestia al interior del mundo laboral, el cual llevó el tema a la justicia, escalando -pero sin suerte- incluso hasta la Corte Suprema.
Una negociación “atípica”
Si bien la discusión ya parecía cerrada, el nuevo director del Trabajo, el abogado Pablo Zenteno, volvió a analizar el tema a raíz de la consulta de una empresa y para sorpresa de los actores laborales, dejó sin efecto lo señalado por Peñaloza y retomó la doctrina inicial planteada por el exdirector del Trabajo en la segunda administración de Bachelet, Christian Melis.
Los grupos negociadores, dice el texto, al tratarse de entidades que no están proscritas en la actual legislación, solo pueden desarrollar un procedimiento de negociación de “carácter atípico” debido a la inexistencia de normas legales que regulen dicho aspecto.
“La única vía plausible para la materialización de la negociación colectiva es el desarrollo de un procedimiento de naturaleza atípica en que las propias partes se otorgan las reglas pertinentes, circunstancia que tendrá una serie de implicancias y efectos necesarios de advertir”, señala el dictamen.
Para Zenteno, la ausencia de un procedimiento legal implica que la DT no está habilitada para determinar la forma en que se ejerce la voluntad colectiva en este caso, siendo una materia exclusiva del legislador.
“La inexistencia de lo anterior impide su nacimiento y, por tanto, la calificación de instrumento colectivo regido por el libro IV del Código del Trabajo a los acuerdos celebrados por un grupo negociador”, indica el dictamen. Esto significaría que tampoco se pueden registrar como instrumentos bajo las reglas del Código del Trabajo.
Desde la perspectiva del actual líder del servicio, la DT es “incompetente” para determinar cómo deberán llevarse a efecto estas negociaciones ante la ausencia de un marco legal que interpretar.
Si bien para la Dirección del Trabajo el derecho a negociar colectivamente radica en todos y cada uno de los trabajadores, el legislador solo ha tipificado dos procedimientos de negociación, los cuales se encuentran destinados en su ejercicio exclusivamente a uno o más sindicatos.
Para el exdirector del Trabajo, Christian Melis, en este nuevo pronunciamiento se vuelve a una doctrina “que nunca debió cambiar”. A su juicio, se volvió a la definición adecuada al tema, pues se trata de una materia sobre la que la DT no puede pronunciarse, ya que su regulación le compete a los legisladores.
De acuerdo a datos del servicio, en 2020 se registraron 2.443 instrumentos colectivos, los que involucraron a 324.922 personas.
De dicha cifra, solo 134 instrumentos fueron acuerdos de grupos negociadores, los que involucraron a 7.803 trabajadores.
Servicio activa mesa tripartita para
incentivar cumplimiento de Ley laboral
Una reunión que culminó con el acuerdo para avanzar en la definición de estrategias para la consecución plena del trabajo decente en el país sostuvieron ayer el director del Trabajo, Pablo Zenteno, y el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil.
Tras la cita, la autoridad explicó que invitó a la CPC y a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a conformar una mesa de monitoreo de incumplimiento laboral y fiscalizaciones, para avanzar en el cumplimiento de la legislación laboral.
La idea, precisó el director, es presentarle a los actores un diagnóstico del servicio, en el cual se identificó a los sectores con más falencias en materia laboral, y sobre esa base avanzar en la búsqueda de soluciones.
“La idea es que sin renunciar a nuestras herramientas y con el acompañamiento técnico de la OIT, identifiquemos en un breve plazo por qué se están produciendo los incumplimientos, ordenar y ver la búsqueda de soluciones entre las contrapartes y que pueda encontrarse una solución masiva, de carácter amplio a las problemáticas que ahí se producen”, dijo Zenteno, agregando que si no es posible encontrar soluciones, “nosotros tendremos que seguir haciendo uso de manera más intensiva de nuestras herramientas de fiscalización y sanción”.
Sutil, por su lado, valoró la conversación y la conformación de la instancia de trabajo. “Esto es el inicio de un camino que tiene el compromiso tripartito de avanzar”, sostuvo.
Fuente: Diario Financiero, mayo 20 de 2022
Entre enero y marzo el PIB subió 7,2%. Este año crecería entre 0,75% y 2,5%, y para 2023 el grueso de los analistas contempla un rango de una caída de 0,5% a un alza de 2%.
La desaceleración de la economía chilena quedo aún más en evidencia en el primer trimestre. Las Cuentas Nacionales publicadas ayer por el Banco Central mostraron que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 7,2% frente a enero-marzo de 2021 y acusó una baja de 0,8% frente al último cuarto de dicho año.
La presidenta del ente emisor, Rosanna Costa, señaló que las cifras “confirman una tendencia de desaceleración que se venía observando”, laque está “más o menos en línea” con lo previsto.
Eso sí, la economista detalló que, al analizar el dato por el lado de la demanda, “es probable que por ahí se observe algún ajuste más lento del que teníamos en la proyección”.
Aires recesivos
De todas formas, el avance del 7,2% del PIB sorprendió a analistas, quienes anticipaban una variación de 7,9% para la partida de año.
Esto, para el economista senior de Credicorp Capital, Samuel Carrasco, refleja que el ajuste de la economía será “algo más intenso” a lo sugerido inicialmente.
El experto planteó que la caída trimestral ratifica que, en el escenario más probable, en el segundo cuarto la economía entrará en recesión técnica. Por ahora, sigue proyectando un alza del PIB de 1,5% este año y 0,5% el que viene, pero recalcó la probabilidad cada vez mayor de un baja del crecimiento en 2023, debido a bajas de la inversión y consumo privado.
Y el menor dinamismo es transversal a juicio de la economista jefa de Tanner Investments, Claudia Sotz, con un consumo que cede.
En la misma línea, Sergio Godoy, economista jefe de STF Capital, indicó que las cifras están mostrando un ajuste en el exceso de gasto observado el año pasado, explicado por las políticas macro expansivas -fiscal y monetaria- y los retiros de los fondos de pensiones.
Y aunque la analista de Euroamerica, Martina Ogaz, espera ese ajuste, aún ve el consumo y comercio con un dinamismo importante. La economista ratificó su rango de 1,5% a 2,5% para el Producto este año, y para 2023 contempla entre una merma de 0,5% a un alza de igual magnitud.
¿Y la inversión?
El primer trimestre la expansión de la formación bruta de capital fijo (FBCF) fue de 8,8%, pero el consenso es que el año terminará en números rojos.
Ogaz lo asocia a la mayor incertidumbre, tasa de política monetaria y un escenario externo que se ha complejizado.
Sotz resalta que la FBCF se verá aún más impactada por el escenario internacional de mayores costos y disrupción de cadenas de suministros, entre otros factores. La economista prevé que este año cierre con una contracción de 3,5%, la que se moderaría a una merma de 0,1% en 2023.
Godoy profundizó la magnitud de la caída esperada para este año: ahora estima que será de 3,1%, frente al 2,2% previo
Correa es más optimista para este año, y anticipa que la FBCF cerrará 2022 con un crecimiento modesto, de 0,5%. Pero, el año que viene, anticipa una caída de 2,5%.
Fuente: Diario Financiero, mayo 19 de 2022
Según el informe SABE se observa un 55,1% de los interesados y un 52,7% de las postulaciones que había en marzo de 2020, es decir, antes de la pandemia.
Las empresas no están encontrando trabajadores. Así se desprende del último informe del Sistema de Análisis de Bolsas de Empleo (SABE) -actualizado al 31 de marzo-, el cual mostró que en dicho mes hubo un total de 370.944 postulates activos, los que realizaron 803.727 postulaciones, lo que significa una reducción de 7,5% y 7,2% respecto al mes anterior.
De acuerdo con el documento, que se elabora al alero del Observatorio Laboral del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y con el apoyo de investigadores de la Universidad de Chile y la UDP-, las empresas están realizando menores requerimientos de experiencia y mejoras en sus ofertas salariales para atraer nuevos talentos, pero la estrategia parece insuficiente.
En el detalle, se observa un 55,1% de los postulantes y un 52,7% de las postulaciones que había en marzo de 2020, es decir, antes de la pandemia.
Respecto a la oferta, el informe indicó que en marzo se publicaron 101.681 avisos únicos en los cinco portales de trabajo analizados, correspondientes a 262.909 vacantes. Al comparar con el mismo mes del año pasado, se observa un aumento de 43,6% y 63,4%, respectivamente.
“Hay un gran incremento con respecto al inicio de la pandemia: la cantidad de avisos es 2,8 veces lo que era en el primer mes de pandemia en Chile (36.771 en marzo de 2020) y la de vacantes es de 2,2 veces de lo que era en ese entonces (118.883)”, dice el reporte.
Para el director de SABE, Benjamín Villena, la escasez de postulantes es reflejo de que las prioridades de los trabajadores cambiaron producto de la crisis sanitaria.
“Efectivamente, el periodo de tiempo que la gente estuvo en cuarentena, sin poder salir de sus casas, cambió la estructura y el tipo de actividades que las personas realizan o están dispuestas a realizar”, dice.
De hecho, asegura que hay un porcentaje importante de trabajadores que buscan más flexibilidad y trabajo a distancia, además de mejores salarios, y que hoy las empresas no ofrecen ese tipo de condiciones.
“La situación económica del país no permite a las empresas llegar a ofrecer esas condiciones, y tenemos este desencuentro entre lo que las empresas pueden ofrecer y lo que las personas requieren en este momento. Creo que eso explica la falta de postulantes que tenemos hoy”, sostiene.
Para el director nacional del Sence, Ricardo Ruiz De Viñaspre, la baja demanda hace necesario mantener políticas públicas como el IFE Laboral Apoya y Subsidio Protege Apoya, “porque eso ayuda a la participación laboral sobre todo en las mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y hombres mayores de 55 años”.
Fuente: Diario Financiero, mayo 19 de 2022
Las cifras con ajuste estacional dieron cuenta de una desaceleración de 0,8% del PIB en el primer trimestre, informó el Banco Central.
La desaceleración se confirma: El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile creció un 7,2% en el primer trimestre comparado con el mismo período del año pasado, con un impulso de 13% de la demanda, informó el miércoles el Banco Central, en una variación que fue menor a las estimaciones de analistas.
“En tanto, cifras con ajuste estacional dieron cuenta de una desaceleración de 0,8% del PIB en el primer trimestre. El efecto calendario resultó igual a 0,1 puntos porcentuales, explicado por un día hábil adicional respecto a igual trimestre del año 2021”, indicó el Banco Central en su informe Cuentas Nacionales.
La variación del PIB en el primer trimestre se ubicó debajo de lo esperado por el mercado, que anticipaba una expansión de 7,9% para los primeros tres meses de 2022 de acuerdo con una encuesta de Bloomberg y como resultado del cierre preliminar del Imacec. Según el análisis, esto se explicó, principalmente, “por la actualización de los indicadores de coyuntura y al proceso de conciliación de los cuadros de oferta y utilización de las cuentas nacionales trimestrales”.
El instituto emisor detalló que gran parte de las actividades registraron cifras positivas en el primer cuarto de 2022, y las mayores incidencias al alza llegaron desde los servicios -sobre todo personales, transporte y empresariales- y el comercio. Esto, en contraste con los sectores que retrocedieron: minería, actividad agropecuario-silvícola y pesca. El documento también precisó que, en términos desestacionalizados, la desaceleración frente al PIB del último trimestre del año pasado se explica por lo ocurrido con la actividad minera y el comercio.
¿Y el gasto?
Las Cuentas Nacionales revelaron que, desde la perspectiva del gasto, el PIB creció en respuesta a la mayor demanda interna -que subió un 13%-, algo que se compensó, en parte, por una caída en las exportaciones netas.
El gasto interno fue impulsado por el consumo de los hogares, que se expandió un 13,9% en el primer trimestre del año, una cifra menor a lo observado en los últimos tres trimestres, como consecuencia del impulso de lo que se destinó a servicios -destacando los de salud, restaurantes y hoteles y transporte- y bienes no durables -vestuario y combustible-. El consumo de bienes durables aumentó liderado por las compras de automóviles y, en menor medida, de muebles.
El consumo de gobierno se expandió un 9,1% en el período enero-marzo, en línea con una mayor prestación de servicios de educación. Con todo, el consumo total del período llegó a 13,3%.
Por el lado de la inversión, la expansión de la formación bruta de capital fijo (FBCF) fue de 8,8%, incidida por sus dos componentes: inversión en maquinaria y equipo y construcción y otras obras. El resultado de la FBCF en maquinaria y equipo mostró una mayor inversión en maquinaria de uso industrial y vehículos de carga, como camiones y camionetas. El segundo ítem fue consecuencia de un aumento en la edificación habitacional y, en menor medida, de una reactivación de proyectos de inversión ligados a la minería.
Para el comercio exterior, los resultados fueron “disímiles”, alertó el informe, ya que las exportaciones de bienes y servicios se redujeron un 1,4% y las importaciones aumentaron un 17,5%.
En el caso de los envíos, la merma se atribuyó a las menores ventas al extranjero de cobre y fruta, lo que contrastó con los embarques de productos químicos y celulosa aumentaron, que no lograron compensar del todo la baja registrada el primer trimestre.
Si bien las importaciones siguieron en números azules, dieron cuenta de una desaceleración desde los tres trimestres anteriores. El período estuvo marcado por las mayores internaciones de maquinaria y equipos, como automóviles, maquinaria de uso industrial y camiones. También contribuyeron las compras de combustibles y vestuario y calzado.
En el primer cuarto del año, el ahorro bruto total ascendió a 27,4% del PIB en términos nominales, compuesto de un ahorro nacional de 20,5% del PIB y de un ahorro externo del 7% del PIB, correspondiente al déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos.
Zoom sectorial
Entre enero y marzo, la actividad agropecuario-silvícola cayó un 4,7%, por una menor producción de cultivos anuales y hortalizas. Para la pesca, la contracción de 11,2% se explicó por menores capturas de peces y, en menor medida, a una caída en la producción de la acuicultura. La minería también se redujo en el primer trimestre, un 4%, incidida sobre todo por la menor extracción de cobre.
En contraste, la actividad industrial continuó creciendo, pero con menor dinamismo que en los períodos anteriores, ya que anotó un alza de 1% como consecuencia de la elaboración de productos metálicos, maquinaria y equipos celulosa, papel e imprentas; y bebidas y tabaco.
La actividad de suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos (EGA) se expandió un 8,2%, destacando la incidencia de la generación eléctrica. Y la construcción creció un 3,2%, en línea con una mayor edificación habitacional.
Las ventas minoristas lideraron el alza de la actividad comercial, que exhibió un alza de 7,4%, el que -eso sí- fue menor al observado en trimestres anteriores. El transporte saltó un 21,5% en el primer trimestre, explicado sobre todo por la baja base de comparación, mientras que la actividad comunicaciones y servicios de información aumentó un 11,3% anual.
Por último, los servicios empresariales crecieron un 13% mientras que los personales lo hicieron en 19,5%, y la educación pública y salud privada lideraron los servicios personales.
Fuente: Diario Financiero Online, mayo 18 de 2022
Informamos que el 16 de mayo de 2022, entró en vigencia el Acuerdo de Integración Comercial entre Ecuador y Chile, que también será conocido como el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N° 75.
Este acuerdo, que cuenta con un total de 24 capítulos, fue suscrito producto por el interés de ambos países en modernizar y profundizar la relación bilateral. Incluye disciplinas de última generación, propias de la agenda del siglo XXI y la era digital; que establecen estándares adicionales en facilitación de comercio, aspectos regulatorios, servicios, comercio electrónico, entre otras.
Además, incorporó nuevas materias con un enfoque inclusivo, tales como: género; micro, pequeñas y medianas empresas; medio ambiente; asuntos laborales; cadenas regionales y globales de valor; y encadenamientos productivos, llevando de esta manera la relación bilateral al nivel más profundo de la integración. Igualmente, ambos países avanzaron en la liberalización comercial
Compartimos con el nuevo Instrumento Comerciar, preparado con ProEcuador con varias gráficas, el enlace es:
ACUERDO DE INTEGRACIÓN REGIONAL ECUADOR – CHILE – Google Drive
Cabe destacar que la concreción de este acuerdo comerciar reafirma la voluntad de ambos países de trabajar aún más en el crecimiento comerciar bilateral y promover su diversificación de manera sostenible y sustentable.
Mayo 17 de 2022
Los sistemas de gestión a cargo de recolectar y valorizar residuos aún deben concretar acuerdos con municipalidades. A la fecha, pocas empresas están adheridas a uno de estos sistemas y actores alertan de “desinformación”.
Las metas de la Ley REP para envases y embalajes entran en vigencia en septiembre de 2023.
La entrada en vigencia de las metas de recolección y valorización de envases y embalajes -segundo producto prioritario- de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) está fijada para septiembre de 2023. La carrera es contra el tiempo, afirman desde el sector, y señalan que existen una serie de retos que sortear, sobre todo, a nivel de los sistemas de gestión colectivos domiciliarios y no domiciliarios.
La Ley REP establece la creación de estos sistemas de gestión colectivos, los que estarán a cargo del reciclaje de envases y embalajes, para que las empresas importadoras y productores, logren cumplir las metas de recolección y valorización.
A la fecha, tres “Gran Sistema de Gestión Colectivo” -Gransic, que integran a 20 o más empresas- han iniciado sus trámites de autorización para operar en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Representantes de los Gransic señalan que hay “incertidumbre” respecto de los plazos totales de su tramitación, a lo que se suman algunos retos, como el trabajo conjunto -hoy muy incipiente- que deberán realizar con las municipalidades del país, y con las personas para que comprendan cómo funciona la ley.
Además, Todos Reciclamos, uno de los tres Gransic, alerta que menos de un 5% de un total de 14.000 empresas se han adherido a un sistema de gestión, hasta ahora.
Los tiempos del TDLC
Para que un sistema colectivo reciba la autorización para funcionar, pasa por cuatro etapas clave: su conformación, la tramitación para operar en el TDLC, la revisión del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) de su plan de gestión -el cual deberá ser presentado en septiembre de este año- y la inscripción legal de la empresa de gestión de residuos.
El primero en iniciar los trámites fue ReSimple, sistema de gestión de residuos domiciliarios y no domiciliarios, al alero de AB Chile -gremio de alimentos y bebidas- que ingresó al Tribunal en abril de 2021.
Isidro Pereda, gerente de proyecto de ReSimple, cuenta que tuvieron su audiencia final con el TDLC en marzo de este año, etapa que podría “demorar seis meses en tener un veredicto, y que depende netamente del tiempo que se tome en la revisión de todos nuestros antecedentes”.
Frente a una posibilidad de prórroga, indica que están expectantes a lo que vaya ocurriendo en el proceso. “El decreto de metas de envases y embalajes se publicó en marzo y en abril entramos con toda la documentación al TDLC, porque de lo contrario no llegábamos con los plazos. Sabíamos que este proceso puede tomar hasta 15 meses”, dice.
En el caso de TodosReciclamos, de la francesa New Hope Ecotech, la situación ha sido similar. Rodrigo Sagaceta, líder estratégico de la firma y coordinador del Gransic de residuos domiciliarios, señala que el sistema de gestión comenzó su tramitación en enero de este año.
Hoy están a la espera de la fecha de audiencia pública para continuar avanzando en lo jurídico, sobre la cual Sagaceta dice que “hay que respetar los tiempos del Tribunal. Hay distintos procedimientos internos, el aporte de antecedentes ya terminó y no podemos acelerarlo. Consideramos que estamos bien con los tiempos”.
En la misma etapa está ProREP, Gransic de residuos no domiciliarios constituido en febrero pasado por la alemana RIGK.
Pedro Álamos, gerente de ProREP, cuenta que han visto retrasos. “Estamos bastante ajustados, pero creemos que vamos a llegar. Dependemos del TDLC. Al final el trabajo no depende 100% de nosotros, lo que nos da un poco de incertidumbre”, explica.
Al respecto, el MMA no tiene en sus planes realizar una prórroga de plazos. “Una prórroga requeriría modificar los decretos supremos, y lo que queremos como Ministerio es que la ley se aplique lo antes posible”, señala el jefe de la Oficina de Economía Circular, Tomás Saieg.
Municipalidades y comunidad
Una arista importante de la Ley REP será la aplicación de la legislación en la práctica. En el caso de los residuos domiciliarios de envases y embalajes, esto se relaciona con el trabajo que los Gransic desarrollen con las municipalidades.
Sagaceta cuenta que “nos vamos a acoplar al trabajo que los municipios ya vienen desarrollando, porque hoy no podemos llegar y entrometernos. Hay convenios que se van a establecer con ellos, y estos van a poder decidir cuáles sistemas de gestión ingresan a su territorio. Entre diciembre y enero de 2023 pretendemos tener definidos a los municipios con los que trabajaremos”.
Otro reto que prevén para el próximo año es el trabajo con las comunidades.
Desde ReSimple, Pereda dice que “la participación de la persona es crítica. Los pilotos que hemos hecho en distintas comunas han arrojado que las tasas de participación de reciclaje llegan hasta el 50%-60%, y las tasas de rechazo bordean el 10% e incluso han llegado al 30%”.
“Para llegar a las metas, necesitamos que sobre el 75% de la gente recicle y que las tasas de rechazo estén por debajo del 15%”, sostiene Pereda.
Para Sagaceta, lo que se vendrá será “una etapa mucho más activa” en cuanto al reciclaje. “Antes estábamos hablando solo de empresas, 2022 va a terminar este tema, y va a empezar todo lo que es el vínculo con los municipios, cómo llegamos al ciudadano, cómo a través del municipio vamos a informar, por lo que será clave un trabajo educacional de por medio”, argumenta.
Retraso en empresas
De acuerdo a los tres Gransic, la incorporación de las empresas a los sistemas de gestión ha estado marcada por la “desinformación y lentitud” en el proceso.
Frente a esta situación, los Gransic han tomado la iniciativa de apoyar a las firmas a través de capacitaciones, asesorías gratuitas y difusión de información para que comprendan los plazos y sepan quiénes son los afectados por la Ley REP.
En el caso de ReSimple, “hemos estado ayudando a las empresas para que sepan qué es lo que deben tener levantado para entrar a un sistema de gestión, que es una tarea que puede tomar entre dos a tres meses. Hay muchas que aún no saben que están afectas a la ley o que no entienden bien de qué trata”.
Sagaceta menciona que “las empresas tienen que entender que ahora van a tener que cuantificar e identificar las materialidades. Lógicamente va a haber un porcentaje importante que va a quedar fuera del proceso por desinformación. A ellos se les denomina free riders, y van a ser multados”.
En el caso de los residuos no domiciliarios, ProREP también detecta dificultades. “Nosotros tenemos solo 36 empresas, pero son miles las que debiesen hacerlo. Hay una desinformación muy grande y en el fondo creemos que muchas se van a sumar al final. Además, creen que esta ley se va a aplazar o que habrá como una especie de marcha blanca, lo que no es así”, afirma Álamos.
Fuente: Diario Financiero, mayo 17 de 2022
ASIMET a Corfo: Urge activar política industrial que prometió el Gobierno para dinamizar la economía
En reunión con el vicepresidente ejecutivo del organismo, José Miguel Benavente, el gremio solicitó acelerar la puesta en marcha del Banco de Desarrollo, para que el Estado participe directamente en asociaciones público-privadas o vía crédito para estimular inversiones innovadoras que generen más y mejores empleos y fortalezcan el tejido productivo.
Generar más y mejores empleos, e impulsar nuevas y más diversas actividades que vayan fortaleciendo el tejido productivo, las capacidades de desarrollo y la identidad de cada territorio son algunos de los objetivos de la estrategia que elaboró ASIMET para dinamizar la economía a través del sector industrial, y que hoy presentó a la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo.
Durante la reunión sostenida con el vicepresidente ejecutivo del organismo, José Miguel Benavente, el gremio le planteó la urgencia de fomentar asociaciones público-privadas en innovaciones tecnológicas para estimular la inversión y alinear objetivos.
“Chile sostiene un nivel de venture capital que es impropio de sus ingresos per cápita. Para avanzar hacia mayores niveles de innovación se debería repensar el conjunto de herramientas de fomento y financiamiento de empresas de este tipo. Concretamente, le solicitamos a Corfo la más pronta puesta en marcha del Banco de Desarrollo para que el Estado pueda participar directamente en asociaciones público-privadas o vía crédito para estimular inversiones innovadoras y alineadas con los objetivos de una Estrategia Industrial”, sostuvo Arrigoni.
El gremio propuso también a la agencia de Gobierno mejorar los incentivos para que las empresas inviertan en investigación y desarrollo, a través de medidas como la ampliación del tope de crédito tributario, beneficios adicionales a las pymes, mejora en la recolección de información de I+D, tratamiento de crédito de I+D en empresas vendidas con pérdidas, entre otros elementos.
“Todas las propuestas que planteamos en nuestra Estrategia Industrial que estamos presentando a las distintas autoridades están enfocadas y conversan con el objetivo que se planteó este Gobierno de poner en marcha una nueva política industrial para Chile. Como gremio queremos aportar en este proceso y, en ese contexto, solicitamos al Gobierno acelerar la marcha para poder avanzar de manera concreta hacia ese objetivo”, concluyó Arrigoni.
En junio se deberán renovar más de 3 millones de estos seguros obligatorios. La mantención de la alerta sanitaria en el país es un factor clave en la suscripción de las pólizas.
En junio se termina el primer año de cobertura de los seguros obligatorios Covid-19 que fueron contratados por las empresas en pandemia a sus trabajadores. La situación ha generado una serie de dudas y consultas al interior de las gerencias de recursos humanos respecto de la renovación de esta póliza, considerando la mejor situación sanitaria que enfrenta el país actualmente.
La póliza es conocida como el SOAP de los seguros de salud y fue una de las medidas que activó el gobierno anterior para enfrentar la pandemia, implementada a través de la Ley Nº 21.342.
Según datos del sitio web comparaonline.cl, el costo de las pólizas varía entre los $ 7.439 y los $ 12.279. Para este proceso de renovación, en el mercado esperan que los precios caigan.
Según fuentes del mercado asegurador, las consultas de las empresas sobre la renovación de esta póliza se multiplican a medida que se acerca su término.
“Observamos un interés en los empleadores por entregar protección y bienestar a sus colaboradores a través de esta solución. Por su parte, los colaboradores también se muestran interesados en el beneficio que conlleva este seguro, pues significa poder resguardarse frente a una eventualidad en la que podrían incurrir en grandes gastos médicos, incluso en caso de fallecimiento”, comenta el gerente de vida y salud de Seguros Sura, Fernando Herrera.
Sin embargo, entre los empleadores no existe claridad respecto de los pasos a seguir respecto del proceso de renovación, ya que la contratación del seguro está ligada a la alerta sanitaria que se encuentra vigente y que fue renovada por el Ministerio de Salud el 28 de marzo, hasta el próximo 30 de septiembre.
“Las empresas están preguntando qué pasa con el seguro, cuánto va a costar. No todas tienen conocimiento y claridad de la extensión de la alerta sanitaria y, por lo tanto, casi accidentalmente se han ido informado, cuando colocan una nueva póliza del seguro al contratar a un trabajador”, dice un alto ejecutivo del sector.
Actualmente, existen casi 6.400.000 pólizas de este tipo contratadas, pero en junio, serán cerca de 3.177.000 las que deberán ser renovadas, es decir, un 50% del total.
La ley estableció que el seguro obligatorio Covid-19 lo deben suscribir los empleadores para todos los trabajadores contratados en el sector privado, sujetos al Código del Trabajo, y que estén llevando a cabo labores presenciales, de manera total o en formato híbrido.
El producto cubre gastos hospitalarios derivados del coronavirus y, además, trae aparejado un seguro de vida en caso de fallecimiento asociado al Covid-19 por un capital de UF 180 ($ 5.829.791).
Y pese a que la alerta sanitaria termina el 30 de septiembre los seguros mantendrán su cobertura por un año. Cuando acabe la alerta, solo se terminará la obligatoriedad de los empleadores de suscribir el contrato.
¿Precios a la baja?
Hasta ahora, 16 compañías de seguros comercializan el seguro obligatorio Covid-19, entre las que se encuentran 10 firmas de vida y seis generales.
Según datos del sitio web comparaonline.cl, el costo de las pólizas varía entre los $ 7.439 y los $ 12.279. Para este proceso de renovación, en el mercado esperan que los precios caigan.
“Lo que se puede decir es que las compañías esperan un precio menor que el año pasado, por razones obvias. Hoy, el escenario es muy distinto, porque pese a que se ha registrado un alza de casos en las últimas semanas, la situación sigue siendo sustancialmente mejor que al año pasado a esta misma fecha, entonces, la probabilidad de riesgo para las aseguradoras es menor”, comenta un ejecutivo del sector.
La experiencia de las compañías
La implementación del seguro Covid-19 fue un desafío para el negocio asegurador, ya que la ley se tramitó en pocos días, obligando a las compañías a actuar con rapidez.
“Las compañías necesitaron un proceso de back office bastante robusto, para que la colocación y la gestión de esta póliza operara en forma exitosa. El año pasado eso no ocurrió en un principio, hubo muchas dificultades, porque la política que originó el seguro fue muy rápida. Las compañías tuvieron que hacer esfuerzos para poder montar sus sistemas en un muy corto plazo”, señala el gerente de vida y salud de la corredora de seguros Gallagher Chile, Raúl Ossandón.
El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), Jorge Claude, apunta que las firmas ya cuentan con un mayor nivel de experiencia en el seguro para llevar adelante un proceso expedito de renovación.
“Las compañías de seguros tienen todo un año de experiencia con el producto y ya desarrollaron los sistemas. Además, tienen una experiencia de siniestros que les permitirá afinar bastante más la puntería respecto de cuál será la oferta a los empleadores”, dice.
Fuente: Diario Financiero, mayo 11 de 2022
Según un estudio elaborado por Cipem este indicador ha aumentado en 11,3% en aquel grupo etario, siendo superior en el caso de las mujeres en comparación con los hombres.
El mercado laboral del país se ha visto afectado producto de la pandemia, siendo las personas mayores uno de los grupos más impactados a nivel nacional. Según un informe del programa Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (Cipem) de la Facultad de Gobierno de la UDD y Caja Los Héroes, para el trimestre enero – marzo del año 2022 los trabajadores informales mayores a 55 años aumentaron en 63.283 (11,3%) respecto al mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con el análisis de Cipem, en Chile la informalidad laboral es superior en el caso de las mujeres de 55 años con un 37,8%, en comparación con el 33,9% de hombres del mismo grupo etario. Respecto al tipo de trabajo que desempeñan aquellas personas, se puede observar que 58,9% de estos trabajadores lo hacen en labores por cuenta propia. En segundo lugar, están aquellas personas mayores que son asalariadas, donde el 31,5% está en esa situación.
Con respecto a la tasa de informalidad a nivel regional, Los Ríos se posiciona como la zona con mayor porcentaje de personas mayores de 55 años que trabajan en situación de informalidad, específicamente el 46%. Por otra parte, la Región de Magallanes es la zona con menor informalidad de adultos mayores con 27,7%.
En esa línea, la gerenta Comercial de Los Héroes, Soledad Masalleras, recalca que “la incorporación del talento mayor tiene múltiples ventajas para las empresas, como la experiencia, capacidad de toma de decisiones, habilidades para formar equipos, calidad de atención, entre otras. Por eso, para promover oportunidades de acceso al mercado laboral a quienes se encuentren en búsqueda de empleo, lanzamos junto a Asimet y Sence un proyecto de vinculación laboral orientado a conectar las destrezas e intereses de personas mayores de 55 años, con las necesidades de contratación de las empresas adheridas a esta iniciativa”.
Por otra parte, el número de personas mayores de 55 años trabajando aumentó en 125.288 comparado con el mismo trimestre del año pasado. La tasa de ocupación en el segmento representa el 37,4%, es decir, 4,8 puntos porcentuales menos que el mismo trimestre en el año 2020 y 6,9% menos que el 2019. Mientras que comparado al año 2021 hay un aumento en la ocupación de 1,6%.
La Región de Aysén es la que cuenta con un mayor porcentaje de personas mayores de 55 años ocupadas, con un 56,6%. En tanto, la Región de Los Lagos tiene el menor porcentaje de ocupados con un 30,9% de ocupación.
Según estimaciones del INE, en Chile hay 3.598.554 personas mayores de 55 años, de las cuales 39,4% (1.862.948) participan del mercado laboral y 37,4% (1.768.159) que se encuentran con trabajo. En el año 2019, los ocupados representaban un 44,3% (1.893.332) del total de personas mayores de 55 años, mientras que en 2020 la cifra alcanzaba 42,2% (1.872.995). En el peor momento laboral de la pandemia (trimestre mayo-julio de 2020) el porcentaje de ocupados mayores de 55 años disminuyó a 32,2% (1.445.398). Si bien en el trimestre actual se puede observar una recuperación con respecto al año 2020, aún dichas cifras están bajo los niveles previos a la pandemia.
Qué es CIPEM
El Programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (CIPEM) es una instancia impulsada por la Universidad del Desarrollo y la Caja de Compensación Los Héroes que busca generar conocimiento en ámbitos que permitan contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, apuntando a ser un aporte a la creación de políticas públicas y a la generación de herramientas que impacten positivamente en temas como salud, transporte, empleo, situaciones de dependencia o recreación, entre otros.