Tras participar en la ceremonia de traspaso de mando en el Congreso Nacional, el presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, Fernando García, sostuvo que el inicio de este nuevo ciclo político “marca un momento clave para que como gremio podamos impulsar nuestra agenda sectorial orientada al crecimiento económico, la inversión productiva, la competitividad y el fortalecimiento de la base industrial del país”.
El presidente de ASIMET, Fernando García, calificó el inicio de la nueva administración como una “oportunidad para recuperar el dinamismo industrial”. Luego de asistir a la ceremonia de cambio de mando, señaló que la etapa que comienza debe permitir avanzar en condiciones más favorables para la inversión, el desarrollo productivo y la competitividad de la economía chilena. Agregó que este desafío cobra especial relevancia en un contexto en que el crecimiento económico ha mostrado bajo dinamismo en los últimos años y la inversión se mantiene debilitada, junto con la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad que permitan el normal desarrollo de la actividad económica y productiva.
García valoró que varias de las prioridades planteadas por el nuevo Gobierno, como el impulso a la inversión, la reducción de trabas regulatorias, el fortalecimiento de la competitividad y cambios al sistema tributario orientados a estimular la inversión, apuntan en la dirección correcta para reactivar la economía chilena. En esa línea, destacó también el compromiso de avanzar en un proceso de consolidación fiscal que contribuya a fortalecer la estabilidad macroeconómica.
“Chile necesita retomar una senda de crecimiento más robusta y generar condiciones estables para que la inversión productiva vuelva a expandirse. Para ello es indispensable mejorar la competitividad y fortalecer sectores estratégicos para el desarrollo del país”, señaló García.
El dirigente gremial agregó que el fortalecimiento de la industria resulta clave para avanzar hacia una economía más diversificada y con mayor capacidad de generación de empleo productivo.
“La industria metalúrgica y metalmecánica es parte esencial del entramado productivo nacional. Para fortalecer su desarrollo es fundamental mejorar las condiciones de competitividad del sector, promoviendo mayor inversión, reduciendo trabas regulatorias, avanzando hacia un sistema tributario que incentive la actividad productiva y asegurando condiciones de competencia equitativa frente a importaciones. Solo así la industria podrá expandir su capacidad productiva, invertir en tecnología y generar más empleo formal en el país”, indicó.
Asimismo, advirtió que uno de los principales desafíos del nuevo ciclo político será construir acuerdos que permitan avanzar en iniciativas orientadas a fortalecer el crecimiento y la competitividad del país.
“Chile requiere estabilidad institucional y capacidad de diálogo. Alcanzar acuerdos amplios será fundamental para sacar adelante reformas y proyectos que impulsen la inversión, modernicen la estructura productiva y mejoren las condiciones de competitividad para el desarrollo económico”, sostuvo.
Finalmente, García reiteró la disposición del gremio a contribuir al diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo industrial.
“En ASIMET estamos disponibles para colaborar activamente con el nuevo Gobierno en la elaboración de una agenda que permita impulsar el crecimiento económico, fortalecer la industria y ampliar la generación de empleo formal en el país”, concluyó.
ASIMET, marzo 11 de 2026
La iniciativa, que sumó apoyo a inversiones privadas por más de US$ 27 mil millones, dará paso a «Estrategia 2050, el programa de desarrollo que impulsa el gobernador Sergio Giacaman.
La Región del Biobío se prepara para un punto de inflexión en su hoja de ruta económica. El Plan de Fortalecimiento Industrial, diseñado originalmente para contener y reactivar el ecosistema productivo local tras el cierre de la Compañía Siderúrgica Huachipato, comienza a cerrar su ciclo de ejecución. Este repliegue estratégico debiera dar paso a la implementación de la Estrategia Biobío 2050, el plan de largo plazo impulsado por el gobernador regional, Sergio Giacaman, que busca redefinir la vocación industrial de la zona.
A más de un año de su puesta marcha y de acuerdo con el documento de balance del Plan, la iniciativa logró una implementación de sus principales lineamientos enfocada en la contención de la emergencia laboral y la aceleración de inversiones privadas y públicas para la reactivación a mediano plazo.
El Plan de Fortalecimiento Industrial tuvo una génesis pionera a nivel nacional. El modelo es el resultado de propuestas que surgieron desde las organizaciones de trabajadores, gremios empresariales, representantes del gobierno local y regional, además de la academia, quienes en sesionaron en el Foto Estratégico Regional como instancia de acuerdos y coordinaciones.
Niveles de cumplimiento
Uno de los objetivos era la contención del desempleo que originaría el cierre de la siderúrgica. Se estimaba que, tras ese evento, la desocupación local podría alcanzar cifras superiores al 12% y si bien no ha llegado a ese límite, hoy la tasa registrada por el Instituto Nacional de Estadísticas, arroja un 9,7% para el trimestre móvil noviembre 2025 – enero 2026. Ese dato pone a la región en una posición de fragilidad de su tejido económico y apunta a una necesidad apremiante de recuperar el capital laboral de la zona.
En términos financieros, el balance muestra que, desde su puesta en marcha en septiembre de 2024, se alcanzó un cumplimiento de 50% de las metas en las 32 medidas incluidas en el documento original. El 28% se encuentra en ejecución y un 13% con carácter de ejecución permanente.
A nivel de cumplimiento valorizado, el programa del Fondo de Garantías Estatales (Fogaes) logró movilizar UF 1,9 millones en financiamiento a través de 317 operaciones crediticias para empresas de la región, lo que equivale a UF 962 mil en garantías otorgadas. En paralelo, los subsidios de retención y contratación laboral inyectaron más de $ 1.500 millones para apoyar a 48 empresas contratistas, mitigando el impacto en la cadena de valor siderúrgica.
Sin embargo, lo que destaca es el acompañamiento que el Plan tuvo para una cartera 67 proyectos de inversión privada en la Región del Biobío, que se tradujeron en la inversión de US$ 27.498 millones. En esta línea, se logró la resolución de 74% de los nudos críticos de tramitación sectorial, lo que equivale a 104 gestiones destrabadas exitosamente ante distintos servicios públicos.
Desafíos pendientes
Sin embargo, el traspaso de la posta a Estrategia Biobío 2050 no estará exento de ripios. El cierre del Plan de Fortalecimiento Industrial deja en evidencia una serie de tareas de largo aliento que la nueva administración regional deberá absorber.
Según el informe, los principales desafíos que quedaron por cumplir o consolidar apuntan a la concreción de un hublogístico portuario internacional y multimodal, sustentado en el corredor bioceánico Biobío-Neuquén. A esto se suma la futura licitación internacional del yacimiento «Boquerón Chañar», proyectada hacia 2027, que podría ser clave para impulsar la producción de acero verde en el país y el fomento de una nueva industria de carbón activado en la Provincia de Arauco, iniciativa que se mantiene como un desafío productivo en desarrollo.
Continuidad técnica
Un factor clave en este periodo de empalme institucional es el capital humano y técnico que lideró el proceso anterior. Respecto a su continuidad y el traspaso de antecedentes, Carolina Parada, secretaria ejecutiva del Plan de Fortalecimiento Industrial, confirmó que ya se han iniciado las gestiones para que la transición de un modelo a otro sea ordenada.
Ya tuve una primera reunión con el subsecretario (de Economía) Karl Franz y espero seguir aportando con toda la información de este proceso tanto al delegado (Juio Anativia) como al ministro (Daniel Mas)», señaló Parada, dejando la puerta abierta a mantener un rol activo en la articulación entre el gobierno central y las nuevas directrices del Gobierno Regional.
Fuente: Diario Financiero, marzo 10 de 2026
Gremios critican la interpretación “rígida” del regulador respecto a la forma en que se tiene que reducir la jornada laboral.
La reducción de la jornada laboral en Chile volverá a dar un paso el próximo 26 de abril, en el marco de la ley de las «40 horas».
En esa fechas las empresas deberán ajustar nuevamente el horario de sus trabajadores para rebajar el límite semanal desde las actuales 44 horas a 42 . El calendario fijado por la ley contempla que el proceso concluirá en 2028 , cuando entre plenamente en vigencia la jornada de 40 horas .
De cara a esta nueva etapa, la Dirección del Trabajo (DT) emitió a fines de febrero un dictamen destinado a aclarar cómo debe aplicarse en la práctica la rebaja. El pronunciamiento surgió a partir de una consulta formulada por dirigentes de la rama del comercio de la CUT.
El criterio general definido por la DT es que la adecuación de la jornada debe realizarse de común acuerdo entre empleadores y trabajadores . Ese entendimiento, además, deberá quedar por escrito y respetar los marcos que establece la normativa vigente.
El dictamen también aborda los escenarios en los que no existe acuerdo entre las partes. En esos casos, si la jornada original de 45 horas estaba distribuida en cinco días , el empleador tendrá que rebajar una hora en tres días de la semana para ajustarse al nuevo límite de 42 horas.
Si, en cambio, la jornada de 45 horas estaba repartida en seis días , la empresa deberá reducir 50 minutos en tres jornadas y descontar los 30 minutos restantes en un cuarto día de esa misma semana.
La DT precisó que esta interpretación debe entenderse como una “regla única” , sin importar la forma en que se haya pactado originalmente la jornada. Ese mismo criterio deberá utilizarse en las siguientes etapas de la reducción horaria, hasta llegar al tope definitivo de 40 horas semanales .
Preocupación de empresarios
El pronunciamiento generó preocupación en el sector empresarial. «La inquietud planteada se refiere principalmente a la forma específica de aplicación que fija el dictamen en ausencia de acuerdo, ya que establece una estructura operativa uniforme que puede generar desafíos prácticos para empresas que ya habían implementado adecuaciones organizacionales desde la entrada en vigencia de la ley, particularmente en sectores que operan con sistemas de turnos o jornadas continuas”, advirtió a El Mercurio la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial.
La dirigente gremial alertó que el dictamen genera una incertidumbre jurídica crítica, en un contexto de 8,3% de desempleo y alta informalidad (26,8%).
Similar es la crítica que deslizó a Emol el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio. «El nuevo dictamen de la DT introduce una interpretación rígida sobre la forma en que debe aplicarse la rebaja cuando no existe acuerdo entre las partes, estableciendo fórmulas específicas de distribución de la reducción de horas», dijo, agregando que esto «abre una interrogante relevante para muchas empresas que ya operan con jornadas de 44 horas o menos producto de acuerdos previos o de la aplicación gradual de la ley«.
«Surge la duda de si esos esquemas, que hoy funcionan y cumplen con la normativa, podrían quedar en entredicho frente a esta nueva interpretación administrativa», acotó Pakomio.
También cuestionó que «cuando la autoridad administrativa fija reglas demasiado rígidas o va más allá de lo que establece la ley, se genera incertidumbre jurídica y se dificulta la planificación de las empresas, especialmente en sectores con operación dinámica como el comercio, los servicios y el turismo».
«La implementación de la ley de 40 horas requiere flexibilidad y certezas, de manera que empleadores y trabajadores puedan acordar la mejor forma de organizar sus jornadas sin imponer esquemas que no siempre se ajustan a la realidad operativa de las empresas», cerró el líder de la CNC.
Fuente: Emol economía, marzo 09 de 2026
- El espacio se construyó en la Escuela Tomás Vargas y Arcaya de Maipú, gracias a una colaboración público-privada entre el Gobierno de Chile y la siderúrgica Aceros AZA.
Un entorno verde, con un diseño circular que crea un espacio cerrado y seguro pensado para la contención emocional de niños y adolescentes. Así es la nueva sala psicosocial inaugurada en la Escuela Tomás Vargas y Arcaya de Maipú durante la jornada de este miércoles, la que fue construida con acero verde proveniente de la fundición de armas realizada a comienzos del año pasado en Aceros AZA.
En ese entonces se destruyeron 24.402 armas, equivalentes a más de 30 toneladas, provenientes de incautaciones, entregas voluntarias y material dado de baja por las Fuerzas Armadas. Todo eso fue procesado por AZA, la principal productora de acero del país y una de las cinco siderúrgicas más verdes del mundo, para ser transformado en materiales usados en la construcción de la sala.
El diseño del proyecto fue desarrollado en una primera etapa por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso, que a través de un proceso de análisis y trabajo colaborativo con estudiantes propuso el concepto arquitectónico del espacio: una sala circular, con una marcada verticalidad que permite otorgar mayor amplitud y luminosidad a una planta de dimensiones acotadas. A partir de esa propuesta conceptual, Continua Arquitectos asumió el desarrollo técnico del proyecto, ajustándolo a los requerimientos constructivos y normativos vigentes, y liderando posteriormente la ejecución integral de la obra.
El subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, destacó esta instancia como una de alegría y optimismo, gracias a una política de Estado que se materializa en ayuda directa a la comunidad. “Es una buena noticia que haya menos armas en las calles. En este gobierno hemos destruido más de 89 mil, y el material de esas armas lo estamos reutilizando (…) Para construir esta sala se utilizaron 3,5 toneladas de armas, las que hoy se traducen en contención y en apoyo a niños, niñas y adolescentes”, comentó tras la actividad.
Para esta obra fue necesaria una activa colaboración público privada, en la que AZA tuvo un rol fundamental. “Tenemos la convicción de que el mundo privado debe también cumplir un rol social en el país. Nosotros lo hacemos siendo articulando un ecosistema de reciclaje de chatarra ferrosa que recorre todo el país, pero también con acciones como esta, que generan impacto positivo en las comunidades. Hoy tenemos el orgullo de decir que nuestro acero dará un espacio de protección y contención a los niños de esta escuela”, dijo la gerente de Sostenibilidad y Personas de Aceros AZA, Aida Soto.
En total se utilizaron 3,5 toneladas de acero en la estructura principal de la sala. Cerca del 70% del espacio está conformado por este material, principalmente mediante perfiles de ángulo laminados, planas laminadas en caliente y barras de refuerzo. La estructura considera un núcleo central soportante que organiza y estabiliza el conjunto, junto con una fachada abierta resuelta en base a ángulos laminados debidamente arriostrados, diseñada para absorber de manera eficiente las cargas estructurales y responder adecuadamente ante eventos sísmicos.
“Solo agradecer este maravilloso regalo que nos va a ayudar mucho en la contención socioemocional de estudiantes. Agradecemos mucho al gobierno, a AZA y a todos quienes hicieron esta obra”, añadió la directora de la Escuela, Narda Ávalo.
La destrucción de armas es un hito que se hace desde 2004 -en colaboración público-privada entre la Dirección General de Movilización Nacional, el Gobierno y AZA- y desde entonces se han destruido cerca de 200 mil armas. Pero en 2025 se marcó un hito, ya que fue la primera vez que el acero proveniente de este material se destinó a un fin en específico.
Desde el gremio manifestaron su profunda preocupación por el avance del proyecto en el Congreso, advirtiendo que su implementación podría generar graves consecuencias para la inversión, la competitividad y la sostenibilidad del empleo formal, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
Tras la aprobación en general del proyecto de negociación colectiva ramal en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, manifestó su firme rechazo a una iniciativa que, a juicio del gremio, debilita las bases del desarrollo industrial y amenaza la sostenibilidad del empleo formal.
Desde ASIMET señalaron que la negociación ramal no es el mecanismo adecuado para fortalecer el mercado laboral, especialmente en un contexto de bajo crecimiento, pérdida de dinamismo industrial y estancamiento de la inversión.
“Este proyecto parte de un diagnóstico equivocado. El problema de Chile hoy no es la regulación laboral, sino la falta de crecimiento, inversión y confianza. Introducir negociación ramal en este escenario es profundizar la incertidumbre”, señaló el presidente del gremio, Fernando García.
Agregó que imponer condiciones homogéneas por sector desconoce la realidad productiva del país: “La industria metalúrgica y metalmecánica está compuesta mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, con estructuras de costos y niveles de productividad muy distintos. Obligar acuerdos a nivel de rama pone en riesgo a las empresas más vulnerables y, con ello, miles de empleos formales en el país”.
El dirigente gremial sostuvo, además, que avanzar en esta dirección envía una señal negativa a quienes evalúan invertir en Chile:
“Cuando el país necesita atraer capital y recuperar dinamismo productivo, este tipo de reformas genera más dudas que certezas. Si seguimos encareciendo y rigidizando la operación de las empresas, el resultado será menos empleo de calidad para los chilenos y más informalidad”, recalcó.
En este contexto, García hizo un llamado a los parlamentarios a dimensionar el impacto económico de la iniciativa, y advirtió que insistir en este camino podría profundizar la pérdida de competitividad industrial frente a otros países de la región.
“Chile no puede darse el lujo de debilitar a su industria. Si el objetivo es mejorar salarios y condiciones laborales, el camino es más productividad y más inversión, no más rigidez estructural”, concluyó el presidente de ASIMET.
ASIMET, marzo 04 de 2026
Las últimas cifras del mercado laboral muestran una desocupación de 8,3% y una tasa de informalidad de 26,8%. No es un dato más. Es una señal de alarma que como país no podemos seguir ignorando.
Que la informalidad se mantenga en estos niveles demuestra que el problema dejó de ser transitorio y amenaza con consolidarse como un rasgo estructural de nuestra economía. Aceptarlo sería resignarse a un mercado laboral donde una de cada cuatro personas trabaja sin contrato, sin seguridad social y sin estabilidad.
El problema no es coyuntural. En las últimas décadas, la manufactura ha perdido participación en el PIB, debilitando a uno de los sectores que históricamente ha generado empleo especializado y de calidad. No es casualidad que cuando la industria pierde dinamismo se reduzca la capacidad del país para crear empleo formal. En el caso del sector metalúrgico-metalmecánico, durante 2025 el crecimiento fue de 1,8%, una cifra positiva pero insuficiente para revertir el deterioro acumulado y expandir con fuerza la generación de puestos de trabajo de calidad.
Seguir relativizando estas señales sería una irresponsabilidad. Chile necesita una decisión política clara: recuperar el dinamismo industrial, atraer inversión productiva y asegurar condiciones de competencia equitativa. Sin reglas parejas, la industria compite en desventaja y el país pierde empleo formal.
El próximo Gobierno y el Congreso deberán optar entre administrar esta tendencia o enfrentarla con una agenda decidida de fortalecimiento industrial. Normalizar la informalidad no puede ser el camino.
Fernando García L.
Presidente ASIMET
ASIMET, marzo 02 de 2026
Según el país asiático, la supervisión sobre Chancay vulnera sus derechos de control.
El Puerto de Chancay en Perú -construido por China- está siendo objeto de controversia. Es que la justicia de ese país impidió al Estado regular y fiscalizar al mencionado puerto.
Esto fue criticado por EE.UU.. «Estamos preocupados por los últimos informes que indican que Perú podría verse imposibilitado de supervisar Chancay, uno de sus puertos más importantes, bajo la jurisdicción de propietarios chinos depredadores», dijo la oficina de Latinoamérica del Departamento de Estado.
«Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía», agregó.
Esta advertencia forma parte de la campaña diplomática que la Administración de Donald Trump impulsa para reducir la presencia de empresas chinas en las grandes obras de infraestructura de Latinoamérica, como los puertos del Canal de Panamá.
El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima declaró fundada una demanda de amparo presentada por el puerto de Chancay contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
La compañía china demandó a finales de 2024 a Ositran por la supervisión del puerto, pues considera que este vulnera sus derechos de control, y este viernes el magistrado dio la razón a la naviera y declaró fundada esta demanda de acción amparo.
El puerto, que tiene una capacidad de un millón de contenedores al año, se ubica a 80 kilómetros al norte de Lima y pertenece, en un 60%, a la empresa estatal china Cosco Shiping y, en un 40%, a la minera peruana Volcan Compañía Minera, la cuarta productora de plata y zinc a nivel mundial.
Su objetivo es convertirse en el principal ‘hub’ (centro de conexiones) del comercio marítimo de China con Suramérica.
Fuente: Emol economía, febrero 11 de 2026
El sector metalúrgico–metalmecánico cerró 2025 con un crecimiento acumulado de 1,8%, por debajo del 2,3% estimado para la economía nacional, confirmando una expansión inferior al conjunto de la economía. En diciembre, la producción registró un incremento anualizado de 3,4%; sin embargo, pese a ese resultado positivo, la actividad se mantiene 6,6% por debajo de los niveles alcanzados en 2018, reflejando un deterioro estructural en su aporte productivo, según el balance sectorial 2025 elaborado por ASIMET.
El presidente del gremio, Fernando García, señaló que “las cifras muestran que la industria logra expandirse, pero a un ritmo insuficiente para recuperar su peso en la economía. Cuando la manufactura pierde participación, el país también pierde capacidad de crecimiento sostenible, generación de empleo de calidad y diversificación productiva”.
El informe da cuenta, además, de un desempeño heterogéneo entre subsectores. Parte importante del crecimiento provino de la reparación de productos metálicos, maquinaria y equipos (10,6%) y de la fabricación de productos metálicos estructurales, incluyendo tanques y depósitos (7,7%), impulsada por proyectos asociados a la construcción. En contraste, las industrias básicas de hierro y acero retrocedieron 21%, restando dinamismo al sector.
De acuerdo con el balance de ASIMET, este resultado se vincula al incremento de 16,2% en las importaciones de acero, lo que evidencia sustitución de producción nacional por insumos importados y profundiza la dependencia externa en insumos estratégicos.
En materia de comercio exterior, las exportaciones alcanzaron US$ FOB 2.476 millones, con un alza de 8,4% respecto de 2024, dirigidas principalmente a Perú, Estados Unidos, Argentina y Brasil, que en conjunto concentraron el 47,2% de los envíos y con predominio del mercado americano (71,5%). El alambre de cobre representó el 16,7% del total exportado. No obstante, el desempeño fue dispar entre subsectores, destacando la caída de 27,1% en las exportaciones de las industrias básicas de hierro y acero, único rubro con variación negativa.
Paralelamente, las importaciones totalizaron US$ CIF 25.837,9 millones, creciendo 13,5% anual y teniendo como principal origen a China, seguido por Estados Unidos y Brasil, lo que da cuenta de una mayor penetración de bienes importados en el mercado local.
Fernando García advirtió que “en algunos segmentos observamos productos importados a precios que no reflejan condiciones comparables de producción, lo que afecta la viabilidad de la industria local. Hacemos un llamado a las nuevas autoridades económicas que asumirán en marzo a avanzar en reglas que resguarden una competencia equilibrada, porque la manufactura no solo produce bienes: genera empleo formal, estable y de mayor calificación, y sostiene encadenamientos productivos en todo el territorio”.
El dirigente gremial agregó que el sector presenta un rezago en automatización y digitalización industrial, lo que limita su competitividad frente a economías con mayor desarrollo manufacturero. En ese contexto, señaló que para 2026 el desempeño dependerá de la evolución de la construcción, la demanda internacional de cobre y la capacidad de implementar políticas orientadas al fortalecimiento productivo.
“Chile necesita una estrategia explícita de reindustrialización. Fortalecer la manufactura exige no solo inversión y productividad, sino también instrumentos modernos de defensa comercial que permitan enfrentar distorsiones externas y evitar la sustitución sistemática de producción local. Sin una base industrial sólida, el crecimiento seguirá siendo frágil y el país perderá capacidades productivas estratégicas”, concluyó el presidente de ASIMET.
ASIMET, febrero 11 de 2026
Durante enero de 2026, el intercambio comercial de Chile sumó US$ 18.041 millones, anotando un incremento del 3,1% con respecto a igual mes del año 2025 (+US$ 550 millones), acumulando así un historial de 17 meses de alzas sucesivas. De esta manera, el país inició este 2026 con una cifra récord, superando por primera vez la barrera de los US$ 18 mil millones en tan solo el primer mes de un año.
Así lo reveló la última versión del Informe Mensual del Comercio Exterior de Chile elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.
Respecto a las exportaciones de bienes, según el estudio de la Subrei, estas sumaron US$ 10.680 millones, arrancando el año con un crecimiento del 8,5% (+US$ 840 millones), anotando el mayor monto en la historia para el primer mes de un año, con valores récords tanto para los envíos no tradicionales como para los tradicionales.
Análisis por sectores
Según el estudio de la Subrei a nivel de rubros, el desempeño de las exportaciones del país en el primer mes del año fue el siguiente:
Las exportaciones de la minería se elevaron hasta los US$ 5.558 millones, lo que reflejó un alza de 12,1% en comparación con igual período de 2025 (+US$ 601 millones), logrando su propio récord de ventas al exterior.
Según el informe, el dinamismo exhibido por el mayor rubro exportador del país fue sustentado por el cobre, que sumó retornos por US$ 4.546 millones, lo que significó un avance anual de 7,9% (+US$ 332 millones), con alzas en las ventas al exterior tanto de cátodos como de concentrados.
Los otros productos que contribuyeron con fuerza en el incremento de los envíos mineros del mes de enero fueron el oro, el carbonato de litio, el hierro, el concentrado de molibdeno y la plata. Todos exhibiendo alzas superiores a los US$ 35 millones. Ante el positivo comportamiento de casi todos los componentes del sector, la minería justificó por si sola el 52% de los embarques de Chile en el primer mes del año.
En tanto, el sector frutícola arrancó el año con exportaciones por US$ 1.771 millones, lo que representó el 17% de las ventas al exterior del país. Los envíos de enero fueron liderados por las cerezas frescas (US$ 1.231 millones), seguidas a distancia por los arándanos frescos (US$ 228 millones), nectarines frescos (US$ 66 millones), entre otros.
Las ventas al exterior de la industria de los alimentos sumaron US$ 1.318 millones en el mes de enero, anotando un alza del 13% (+US$ 152 millones), logrando así su mejor cifra para un inicio de año. Este crecimiento se sustentó en las exportaciones de salmónidos, jurel congelado, puré de tomate, bacalao de profundidad congelado y frutillas congeladas, entre otros productos.
Por su parte, los alimentos orgánicos totalizaron envíos por US$ 72 millones, exhibiendo un alza del 15,9%, sustentada en el auge de las ventas al exterior de los arándanos frescos y las frutas congeladas (frutillas, frambuesas y cerezas).
El estudio añadió que las exportaciones de vinos embotellados sumaron US$ 108 millones, anotando una caída del 9,4%, frente a enero de 2025 (-US$ 11 millones), debido a un descenso en los embarques de blends de tintos. Ello fue contrarrestado en gran parte por el alza en los despachos al exterior de las variedades Cabernet Sauvignon, Merlot, Riesling y otros.
A su vez, la manufactura forestal totalizó en su conjunto embarques por US$ 490 millones, anotando un descenso del 15% frente al primer mes de 2025 (-US$ 86 millones), ante menores embarques de celulosa, madera perfilada y cartulinas.
No obstante, en el sector crecieron los embarques de madera aserrada de pino insigne, maderas contrachapadas, papeles para acanalar, pellets de madera, papel autoadhesivo en rollos, construcciones prefabricadas, tapones de corcho aglomerado, mangos de herramientas, oficinas prefabricadas y puertas.
La manufactura química inició el año con envíos por US$ 862 millones, experimentando un alza del 47% frente a enero de 2025 (+US$ 276 millones), de la mano de los mayores retornos del yodo y la fuerte recuperación de los embarques de sulfato de litio e hidróxido de litio.
También al alza, destacan el nitrato de potasio y los abonos. El informe indicó que las maquinarias y equipos comenzaron el año exportador con retornos por US$ 144 millones, anotando un alza del 29,9% (+US$ 33 millones), ante mayores envíos de maquinarías para el proceso de minerales, partes y piezas para maquinarías de sondeo y perforación, lavadoras, cocinas y vitrinas con refrigeración, entre otros productos manufacturados.
Exportaciones de bienes tradicionales y no tradicionales
En enero las exportaciones de bienes tradicionales representaron el 47,4% del total exportado. Por su parte, los envíos no tradicionales fueron equivalentes al 52,6%.
En tanto, el primer mes del año cierra con exportaciones no tradicionales que alcanzaron los US$ 5.622 millones, anotando un alza de 9,8% (+US$ 503 millones), en relación enero de 2025, mostrando el mejor inicio de año desde que se tiene registro. Más en detalle, el alza en los embarques no tradicionales ha sido liderado por las avellanas, jureles congelados, arándanos frescos, filetes congelados de salmones, ciruelas frescas, nectarines frescos, abonos, nitrato de amonio, alambre de cobre y partes para unidades de perforación o de sondeo, entre otros.
Respecto a las exportaciones de servicios, estas se elevaron hasta los US$ 412 millones, con un alza del 37,4% respecto al primer mes de 2025 (+US$ 112 millones). Entre los servicios más relevantes del período destacaron los de mantenimiento y reparación de aviones y aparatos aéreos, que alcanzaron US$ 141 millones, seguidos por los servicios de asesoría en gestión administrativa de empresas (US$ 42 millones), los servicios financieros asociados a testigos expertos (US$ 16 millones), asesorías en tecnologías de la información (US$ 15 millones) y soporte logístico (US$ 14 millones).
Fuente: Diario Estrategia, febrero 11 de 2026
A partir del 26 de abril se concreta la reducción del límite.
Abril significará un hito para uno de los proyectos estrella del Gobierno del Presidente Gabriel Boric: la ley de «40 horas».
La normativa, que fue aprobada por el Congreso el 11 de abril de 2023, estableció una reducción progresiva de la jornada laboral desde las 45 horas semanales vigentes hasta entonces, hasta llegar a 40.
En estos momentos, son 44 las horas legales semanales. Pero en abril habrá un giro que algunos incluso considera «brusco»: caerán a 42.
Empresas y Pymes ya comienzas a prepararse y desde algunos sectores dicen ver la normativa con «preocupación».
«Preocupación»
Este es el caso de la Multigremial de Emprendedores. Juan Pablo Swett, presidente de la entidad, señala que «en la práctica, implica una reducción muy significativa de horas en un solo tramo, equivalente a cerca del 40% del total que contempla la ley».
Con ello en cuenta, señala que «ya existe un antecedente claro: cuando la jornada bajó de 45 a 44 horas, el impacto en la generación de empleo fue negativo, especialmente en las micro y pequeñas empresas».
Por lo mismo, una reducción adicional de dos horas de una sola vez tendrá un impacto aún mayor, profundizando los problemas de turnos y de continuidad operacional», complementa.
Y agrega: «Sin duda va a tener un impacto relevante. Las mipymes emplean cerca del 45% de los trabajadores del país y su realidad es muy distinta a la de las grandes empresas, que cuentan con mayor respaldo financiero para absorber y adaptarse a estos cambios».
Por último, sostiene que en muchos casos » esto puede traducirse en despidos, una menor contratación o una reducción en la demanda por trabajo. Desde el punto de vista del empleo, el efecto final puede ser aún más delicado: los trabajadores más vulnerables podrían verse forzados a pasar a la informalidad o incluso a buscar dos o más empleos para compensar la pérdida de ingresos».
Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) también lanzan advertencias. Su presidente, Alfredo Echavarría, sostiene que «si no está acompañada de incrementos equivalentes en la productividad, tendrá un impacto generando un costo adicional».
Señala, en esa línea, que «evidentemente presionará e impactará los costos laborales».
La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) es otro de los gremios que están atentos. «Miramos esta etapa con cautela, porque la normativa no incorpora la flexibilidad que requiere un sector sujeto a ciclos productivos y a condiciones climáticas y sanitarias cambiantes y no previsibles», aseguran desde la institución.
En relación a cómo podría afectar al rubro, dicen que se verán perjudicadas «las pequeñas y medianas empresas agrícolas».
«La reducción de jornada implica un mayor costo laboral que muchas veces es difícil de absorber, sobre todo en temporadas complejas y con márgenes estrechos. Nos preocupa que esta modificación avance sin estar necesariamente acompañada de aumentos de productividad, lo que puede afectar la viabilidad de algunos negocios y, en consecuencia, el empleo rural», complementan.
Sectores más afectados
Swett explica que los sectores que aparecen más expuestos son el transporte terrestre y los servicios. Dice que en ambos casos será fundamental la capacidad de negociación de los gremios para evitar que las tensiones se traduzcan en mayores tiempos de traslado o en un encarecimiento adicional de bienes y servicios.
«También hay que poner especial atención al comercio, tanto mayorista como minorista. Es un sector altamente atomizado, compuesto en gran medida por empresas de menor tamaño, y que probablemente será uno de los más afectados por la combinación de reducción de jornada y alza del salario mínimo», indica también.
Por su parte, la SNA indica que las «mayores dificultades se concentran en los trabajadores permanentes, que cumplen funciones clave durante todo el año, como riego, ordeña y otras labores críticas para la continuidad productiva».
«En muchos casos, los márgenes no permiten aumentar dotaciones para cubrir nuevos turnos, lo que genera presiones salariales y operativas difíciles de sostener», aseguran.
«A largo plazo -dicen también- este escenario puede incentivar procesos de mecanización y automatización de tareas, con impactos directos en el empleo agrícola, especialmente en zonas rurales donde existen menos alternativas laborales»
Carolina Varela, directora de Servicio y Calidad de la empresa de recursos humanos Adecco Chile, por su parte, sostiene: «Industrias como el comercio, la logística, la salud, la manufactura, la agricultura y los servicios operativos pueden experimentar presiones tanto en costos como en disponibilidad de talento, especialmente si requieren mantener turnos extendidos o cobertura permanente».
«En estos casos, la reducción de horas puede traducirse en necesidad de más dotación, ajustes en turnos o renegociaciones internas», asegura asimismo.
Dice, por último, que «también es clave mirar este escenario como una oportunidad para ordenar la estructura de roles, capacitar a las personas en nuevas habilidades y mejorar la planificación de la fuerza laboral».
Fuente: Emol economía, febrero 07 de 2026