Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas
Santiago:
Av. Andrés Bello 2777 Of. 401
Las Condes – Chile
Mesa Central +56 2 2421 6501
Concepción:
Av. O’Higgins 330 Oficina 55
Piso 5 – Concepción
Mesa Central +56 41 292 1630
Suscripción a Boletín Asimet
La dirección del Trabajo publicó ayer dos dictámenes sobre la rebaja de 44 a 42 horas.
Faltan nueve días para que entre en vigencia una nueva etapa de la ley de 40 horas, la rebaja de la jornada laboral de 44 a 42 horas.
Bajo ese contexto, la Dirección del Trabajo (DT) publicó, ayer, dos dictámenes que abordan aspectos sensibles para empresas y trabajadores.
En concreto, la forma de aplicar la rebaja de jornada cuando no existe acuerdo entre las partes, y los criterios para determinar qué cargos pueden quedar excluidos del límite de jornada bajo el artículo 22 del Código del Trabajo.
Los pronunciamientos generaron inmediatas reacciones entre expertos laborales, quienes en su mayoría valoraron que la DT haya precisado criterios operativos de cara al hito del próximo 26 de abril, en tanto, desde el mundo sindical, la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile (CUT) criticó duramente la decisión.
Reglas en caso de falta de acuerdo
El dictamen sobre reducción de jornada ratifica que la vía principal para implementar el ajuste sigue siendo el acuerdo entre las partes. Sin embargo, cuando no exista entendimiento, establece reglas supletorias.
En jornadas distribuidas en cinco días, la rebaja deberá aplicarse reduciendo una hora al término de la jornada en dos días distintos. En jornadas de seis días, deberá concretarse con 50 minutos en dos días y una fracción adicional en un tercer día.
Al respecto, Cristina Fernández, Managing Director Tax, Employment & Compensation de KPMG Chile, señaló a Emol que el punto central del pronunciamiento es que «la reducción de 44 a 42 horas debe materializarse como una reducción efectiva del tiempo de trabajo».
Añadió que la ley privilegia el acuerdo entre las partes y que la DT reconoce esa lógica. «Son las partes del contrato de trabajo, empleador, trabajador y organizaciones sindicales en su caso, quienes deberán acordar cómo se aplicará la reducción de jornada», sostuvo.
Asimismo, indicó que el dictamen permite acreditar la aplicación de la rebaja mediante antecedentes razonables cuando no exista acuerdo formal. «Entrega a las partes la facultad de determinar la forma en que se aplicará la reducción, según la realidad operacional de cada empresa», afirmó.
En la misma línea, Bárbara Cherres, Senior Associate de Moraga y Cía., destacó que el texto «rectifica su interpretación anterior del año 2024 e intenta otorgar mayor certeza jurídica de cara al hito del 26 de abril».
Valoró además que se establezcan unidades claras de distribución horaria, lo que —a su juicio— facilita la implementación y fiscalización.
Con todo, advirtió que persisten espacios abiertos. «Su principal debilidad persiste en la noción del ‘medio idóneo’ para acreditar el intento de acuerdo con trabajadores, al no establecer parámetros mínimos», planteó.
Artículo 22 y exclusión de jornada
El segundo dictamen aborda el artículo 22, norma que permite excluir a ciertos trabajadores del límite de jornada cuando, por la naturaleza de sus funciones, no existe fiscalización superior inmediata.
La DT sostuvo que el análisis debe hacerse caso a caso y que la sola existencia de herramientas tecnológicas, sistemas de marcación, reportes o plataformas de seguimiento no basta, por sí sola, para acreditar supervisión directa.
Fernández señaló que el criterio «interpreta a la norma según su texto y espíritu», al excluir de la limitación de jornada según la naturaleza de las funciones desempeñadas por el trabajador.
A su juicio, la interpretación previa había ampliado excesivamente la limitación de jornada, por lo que «el dictamen reincorporaría el criterio de flexibilidad implícito en esta norma, aplicable según la naturaleza de las funciones desempeñadas por el trabajador», agregó.
En tanto, Andrea Inostroza, directora de Deloitte Legal, coincidió en que el nuevo criterio «se ajusta a los principios de la ley y va en la dirección correcta».
Explicó que la existencia de estructuras jerárquicas no implica necesariamente supervisión directa. «Aun cuando exista una estructura de reporte jerárquico, ello no implica que se esté bajo supervisión directa», indicó.
También sostuvo que la tecnología no modifica por sí sola la naturaleza de la relación laboral. «Si el fin principal del desarrollo tecnológico no es control, entonces no cambia la naturaleza de la relación laboral», afirmó.
CUT critica ambos dictámenes
Desde la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile (CUT), en tanto, rechazaron los pronunciamientos de la DT.
En una declaración pública, la multisindical sostuvo que la medida es «profundamente grave: es ilegal y le quita certezas a las trabajadoras y trabajadores». Según la organización, «se pretende eliminar, por vía administrativa, los elementos que establece el Código del Trabajo en su artículo 42 a) para presumir que un trabajador tiene derecho a una jornada de trabajo».
«El efecto que provoca es claro: reducir el universo de trabajadores que puedan acceder a las 42 horas en la actualidad», agregó.
Asimismo, afirmó que la reinterpretación «busca burlar la ley, para que existan más personas trabajando sin límite de jornada».
La CUT también cuestionó a la DT y acusó que el organismo «debilita el rol administrativo protector que le corresponde al autolimitar sus facultades en materia de interpretación».
Fuente: Emol economía, abril 17 de 2026
El gremio señaló que el término de la operación productiva, que implica la pérdida de cerca de 400 empleos, marca el fin de la fabricación en Chile de históricas marcas de electrodomésticos nacionales como Fensa y Mademsa, reflejando el reemplazo progresivo de la producción local por productos importados desde economías con menores costos y activas políticas de apoyo industrial.
La Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, expresó su profunda preocupación tras el anuncio de Electrolux de cerrar su planta productiva en Chile, decisión que implicará la pérdida de cerca de 400 empleos y el fin de una operación manufacturera histórica vinculada a la fabricación de electrodomésticos en el país de reconocidas marcas como Fensa y Mademsa.
Desde el gremio advirtieron que este cierre refleja una tendencia creciente: producir en Chile se vuelve cada vez más complejo en un entorno internacional altamente competitivo, donde las importaciones provienen de economías que cuentan con subsidios industriales, menores costos energéticos, mayores escalas productivas y políticas activas de fortalecimiento manufacturero.
Según señaló el presidente de ASIMET, Fernando García, este hecho constituye una señal de alerta sobre el rumbo productivo del país. “Cuando la cancha no es pareja frente a la competencia internacional, la industria deja de producir localmente y pasa a importar. Y quienes finalmente pagan el costo no son las empresas, que muchas veces logran reconvertirse, sino los colaboradores, que pierden empleos formales, técnicos y de calidad”, afirmó.
El dirigente gremial enfatizó que el cierre de capacidades manufactureras no sólo implica la pérdida de puestos de trabajo directos, sino también el debilitamiento de proveedores nacionales, de conocimiento productivo, innovación y encadenamientos industriales construidos durante décadas.
“Hoy resulta cada vez más difícil hacer industria en Chile cuando la competencia internacional opera bajo reglas distintas. Mientras otros países protegen y fortalecen su base manufacturera, nuestras empresas enfrentan mayores costos de contratación, energéticos y logísticos, entre otros, que terminan erosionando la producción local”, agregó.
García advirtió, además, que el caso de Electrolux no constituye un hecho aislado y que diversas empresas del sector manufacturero enfrentan presiones similares, evaluando reducir o terminar producción local para reemplazarla por importaciones en un escenario de creciente competencia externa en condiciones desiguales.
“Chile está transitando silenciosamente desde una economía que produce hacia una economía que importa. Si no corregimos estas asimetrías frente al comercio internacional, seguiremos perdiendo industria, empleo de calidad y capacidades tecnológicas estratégicas”, sostuvo.
El presidente de ASIMET recordó que, mientras las principales economías del mundo avanzan en procesos de reindustrialización para fortalecer su autonomía productiva, resiliencia económica y seguridad estratégica, Chile continúa debilitando su base manufacturera.
Finalmente, García reiteró la necesidad de adoptar definiciones estratégicas para resguardar el desarrollo industrial del país.
“Chile necesita avanzar con urgencia hacia una política industrial moderna que equilibre las condiciones de competencia internacional y vuelva viable producir localmente. De lo contrario, seguiremos viendo cómo empresas dejan de fabricar en el país para importar lo que antes se hacía en Chile, profundizando un proceso de desindustrialización que afecta directamente el empleo de calidad y el desarrollo económico de largo plazo”, concluyó.
Fernando García Luraschi
Presidente de ASIMET
ASIMET, abril 01 de 2026
El gremio señaló que la decisión contribuye a fortalecer la certeza jurídica y a mantener condiciones que favorezcan la inversión, el empleo formal y el desarrollo productivo.
La Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, valoró la decisión del Gobierno de retirar de la tramitación el proyecto de ley que buscaba establecer un sistema de negociación a nivel sectorial, iniciativa que había generado preocupación en diversos sectores productivos.
Asimismo, desde el gremio señalaron que el objetivo de avanzar en mejores condiciones laborales y fortalecer el diálogo entre trabajadores y empresas es compartido, aunque destacaron que los mecanismos para lograrlo deben considerar la realidad diversa del tejido productivo y resguardar adecuadamente el empleo y la actividad económica.
El presidente del gremio, Fernando García, señaló que esta decisión constituye una señal positiva para la certeza jurídica y el adecuado funcionamiento del mercado laboral.
“Valoramos que se haya retirado un proyecto que generaba preocupación en amplios sectores productivos, ya que introducía rigideces que podían afectar la capacidad de adaptación de las empresas, especialmente a las Pymes, y en un contexto económico aún desafiante”, afirmó.
Desde el gremio han planteado de manera consistente la importancia de resguardar marcos laborales que permitan compatibilizar la protección de los colaboradores con la sostenibilidad de las empresas y la generación de empleo.
“Las relaciones laborales deben permitir acuerdos que se ajusten a la realidad de cada empresa, considerando sus distintos niveles de productividad, tamaño y condiciones. Esa flexibilidad es clave para fortalecer el empleo formal y el desarrollo de la actividad productiva”, indicó García.
ASIMET enfatizó además que, en el actual escenario económico, resulta fundamental avanzar en políticas que incentiven la inversión, fortalezcan la productividad y generen condiciones adecuadas para el desarrollo de la industria nacional.
“Hoy más que nunca, Chile necesita recuperar el crecimiento y el dinamismo. Para eso, es clave contar con reglas que impulsen la inversión y el desarrollo productivo, cuidando al mismo tiempo la viabilidad de las empresas y el empleo. Para nosotros es especialmente importante resguardar el trabajo de las personas y avanzar en la generación de empleos de calidad, porque detrás de cada puesto de trabajo hay familias y proyectos de vida”, agregó el presidente del gremio.
Finalmente, la Asociación reiteró su disposición a contribuir al debate de políticas públicas desde una mirada técnica, que promueva el crecimiento y el desarrollo productivo del país.
“Como gremio, seguiremos promoviendo un entorno regulatorio que otorgue certezas, incentive la inversión y permita a la industria desarrollarse con mayor competitividad en un escenario cada vez más exigente, ya que ese es el camino para generar empleos de calidad para los chilenos”, concluyó García.
ASIMET, marzo 18 de 2026
La decisión se comunicó en un oficio enviado a la Cámara de Diputados.
El Gobierno decidió retirar de tramitación en el Congreso el proyecto de ley que buscaba incorporar la negociación colectiva multinivel —conocida como negociación ramal—, iniciativa que había sido presentada durante la administración del expresidente Gabriel Boric.
La decisión se comunicó en un oficio enviado a la Cámara de Diputadas ayer, en el que el Presidente José Antonio Kast, haciendo uso de sus facultades constitucionales, informó el retiro del mensaje que había ingresado al Congreso el 9 de enero de 2026.
La iniciativa constituía una de las principales reformas laborales impulsadas por el gobierno anterior y era considerada una demanda histórica del movimiento sindical chileno.
Sin embargo, desde distintos gremios empresariales se habían levantado fuertes críticas contra el proyecto, advirtiendo que su implementación podría profundizar los problemas de empleo, aumentar la informalidad laboral y afectar el crecimiento económico, especialmente en un contexto de bajo dinamismo del mercado laboral.
De hecho, el proyecto había avanzado recientemente en su tramitación legislativa. El pasado 3 de marzo fue aprobado en general en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados con los votos de sectores que hoy se encuentran en la oposición.
Con esta decisión, el gobierno de José Antonio Kast pone término a la tramitación de la iniciativa y cierra la puerta, al menos durante su administración.
Fuente: Emol economía, marzo 17 de 2026
Gremios critican la interpretación “rígida” del regulador respecto a la forma en que se tiene que reducir la jornada laboral.
La reducción de la jornada laboral en Chile volverá a dar un paso el próximo 26 de abril, en el marco de la ley de las «40 horas».
En esa fechas las empresas deberán ajustar nuevamente el horario de sus trabajadores para rebajar el límite semanal desde las actuales 44 horas a 42 . El calendario fijado por la ley contempla que el proceso concluirá en 2028 , cuando entre plenamente en vigencia la jornada de 40 horas .
De cara a esta nueva etapa, la Dirección del Trabajo (DT) emitió a fines de febrero un dictamen destinado a aclarar cómo debe aplicarse en la práctica la rebaja. El pronunciamiento surgió a partir de una consulta formulada por dirigentes de la rama del comercio de la CUT.
El criterio general definido por la DT es que la adecuación de la jornada debe realizarse de común acuerdo entre empleadores y trabajadores . Ese entendimiento, además, deberá quedar por escrito y respetar los marcos que establece la normativa vigente.
El dictamen también aborda los escenarios en los que no existe acuerdo entre las partes. En esos casos, si la jornada original de 45 horas estaba distribuida en cinco días , el empleador tendrá que rebajar una hora en tres días de la semana para ajustarse al nuevo límite de 42 horas.
Si, en cambio, la jornada de 45 horas estaba repartida en seis días , la empresa deberá reducir 50 minutos en tres jornadas y descontar los 30 minutos restantes en un cuarto día de esa misma semana.
La DT precisó que esta interpretación debe entenderse como una “regla única” , sin importar la forma en que se haya pactado originalmente la jornada. Ese mismo criterio deberá utilizarse en las siguientes etapas de la reducción horaria, hasta llegar al tope definitivo de 40 horas semanales .
Preocupación de empresarios
El pronunciamiento generó preocupación en el sector empresarial. «La inquietud planteada se refiere principalmente a la forma específica de aplicación que fija el dictamen en ausencia de acuerdo, ya que establece una estructura operativa uniforme que puede generar desafíos prácticos para empresas que ya habían implementado adecuaciones organizacionales desde la entrada en vigencia de la ley, particularmente en sectores que operan con sistemas de turnos o jornadas continuas”, advirtió a El Mercurio la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial.
La dirigente gremial alertó que el dictamen genera una incertidumbre jurídica crítica, en un contexto de 8,3% de desempleo y alta informalidad (26,8%).
Similar es la crítica que deslizó a Emol el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio. «El nuevo dictamen de la DT introduce una interpretación rígida sobre la forma en que debe aplicarse la rebaja cuando no existe acuerdo entre las partes, estableciendo fórmulas específicas de distribución de la reducción de horas», dijo, agregando que esto «abre una interrogante relevante para muchas empresas que ya operan con jornadas de 44 horas o menos producto de acuerdos previos o de la aplicación gradual de la ley«.
«Surge la duda de si esos esquemas, que hoy funcionan y cumplen con la normativa, podrían quedar en entredicho frente a esta nueva interpretación administrativa», acotó Pakomio.
También cuestionó que «cuando la autoridad administrativa fija reglas demasiado rígidas o va más allá de lo que establece la ley, se genera incertidumbre jurídica y se dificulta la planificación de las empresas, especialmente en sectores con operación dinámica como el comercio, los servicios y el turismo».
«La implementación de la ley de 40 horas requiere flexibilidad y certezas, de manera que empleadores y trabajadores puedan acordar la mejor forma de organizar sus jornadas sin imponer esquemas que no siempre se ajustan a la realidad operativa de las empresas», cerró el líder de la CNC.
Fuente: Emol economía, marzo 09 de 2026
Desde el gremio manifestaron su profunda preocupación por el avance del proyecto en el Congreso, advirtiendo que su implementación podría generar graves consecuencias para la inversión, la competitividad y la sostenibilidad del empleo formal, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
Tras la aprobación en general del proyecto de negociación colectiva ramal en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, manifestó su firme rechazo a una iniciativa que, a juicio del gremio, debilita las bases del desarrollo industrial y amenaza la sostenibilidad del empleo formal.
Desde ASIMET señalaron que la negociación ramal no es el mecanismo adecuado para fortalecer el mercado laboral, especialmente en un contexto de bajo crecimiento, pérdida de dinamismo industrial y estancamiento de la inversión.
“Este proyecto parte de un diagnóstico equivocado. El problema de Chile hoy no es la regulación laboral, sino la falta de crecimiento, inversión y confianza. Introducir negociación ramal en este escenario es profundizar la incertidumbre”, señaló el presidente del gremio, Fernando García.
Agregó que imponer condiciones homogéneas por sector desconoce la realidad productiva del país: “La industria metalúrgica y metalmecánica está compuesta mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, con estructuras de costos y niveles de productividad muy distintos. Obligar acuerdos a nivel de rama pone en riesgo a las empresas más vulnerables y, con ello, miles de empleos formales en el país”.
El dirigente gremial sostuvo, además, que avanzar en esta dirección envía una señal negativa a quienes evalúan invertir en Chile:
“Cuando el país necesita atraer capital y recuperar dinamismo productivo, este tipo de reformas genera más dudas que certezas. Si seguimos encareciendo y rigidizando la operación de las empresas, el resultado será menos empleo de calidad para los chilenos y más informalidad”, recalcó.
En este contexto, García hizo un llamado a los parlamentarios a dimensionar el impacto económico de la iniciativa, y advirtió que insistir en este camino podría profundizar la pérdida de competitividad industrial frente a otros países de la región.
“Chile no puede darse el lujo de debilitar a su industria. Si el objetivo es mejorar salarios y condiciones laborales, el camino es más productividad y más inversión, no más rigidez estructural”, concluyó el presidente de ASIMET.
ASIMET, marzo 04 de 2026
Las últimas cifras del mercado laboral muestran una desocupación de 8,3% y una tasa de informalidad de 26,8%. No es un dato más. Es una señal de alarma que como país no podemos seguir ignorando.
Que la informalidad se mantenga en estos niveles demuestra que el problema dejó de ser transitorio y amenaza con consolidarse como un rasgo estructural de nuestra economía. Aceptarlo sería resignarse a un mercado laboral donde una de cada cuatro personas trabaja sin contrato, sin seguridad social y sin estabilidad.
El problema no es coyuntural. En las últimas décadas, la manufactura ha perdido participación en el PIB, debilitando a uno de los sectores que históricamente ha generado empleo especializado y de calidad. No es casualidad que cuando la industria pierde dinamismo se reduzca la capacidad del país para crear empleo formal. En el caso del sector metalúrgico-metalmecánico, durante 2025 el crecimiento fue de 1,8%, una cifra positiva pero insuficiente para revertir el deterioro acumulado y expandir con fuerza la generación de puestos de trabajo de calidad.
Seguir relativizando estas señales sería una irresponsabilidad. Chile necesita una decisión política clara: recuperar el dinamismo industrial, atraer inversión productiva y asegurar condiciones de competencia equitativa. Sin reglas parejas, la industria compite en desventaja y el país pierde empleo formal.
El próximo Gobierno y el Congreso deberán optar entre administrar esta tendencia o enfrentarla con una agenda decidida de fortalecimiento industrial. Normalizar la informalidad no puede ser el camino.
Fernando García L.
Presidente ASIMET
ASIMET, marzo 02 de 2026
A partir del 26 de abril se concreta la reducción del límite.
Abril significará un hito para uno de los proyectos estrella del Gobierno del Presidente Gabriel Boric: la ley de «40 horas».
La normativa, que fue aprobada por el Congreso el 11 de abril de 2023, estableció una reducción progresiva de la jornada laboral desde las 45 horas semanales vigentes hasta entonces, hasta llegar a 40.
En estos momentos, son 44 las horas legales semanales. Pero en abril habrá un giro que algunos incluso considera «brusco»: caerán a 42.
Empresas y Pymes ya comienzas a prepararse y desde algunos sectores dicen ver la normativa con «preocupación».
«Preocupación»
Este es el caso de la Multigremial de Emprendedores. Juan Pablo Swett, presidente de la entidad, señala que «en la práctica, implica una reducción muy significativa de horas en un solo tramo, equivalente a cerca del 40% del total que contempla la ley».
Con ello en cuenta, señala que «ya existe un antecedente claro: cuando la jornada bajó de 45 a 44 horas, el impacto en la generación de empleo fue negativo, especialmente en las micro y pequeñas empresas».
Por lo mismo, una reducción adicional de dos horas de una sola vez tendrá un impacto aún mayor, profundizando los problemas de turnos y de continuidad operacional», complementa.
Y agrega: «Sin duda va a tener un impacto relevante. Las mipymes emplean cerca del 45% de los trabajadores del país y su realidad es muy distinta a la de las grandes empresas, que cuentan con mayor respaldo financiero para absorber y adaptarse a estos cambios».
Por último, sostiene que en muchos casos » esto puede traducirse en despidos, una menor contratación o una reducción en la demanda por trabajo. Desde el punto de vista del empleo, el efecto final puede ser aún más delicado: los trabajadores más vulnerables podrían verse forzados a pasar a la informalidad o incluso a buscar dos o más empleos para compensar la pérdida de ingresos».
Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) también lanzan advertencias. Su presidente, Alfredo Echavarría, sostiene que «si no está acompañada de incrementos equivalentes en la productividad, tendrá un impacto generando un costo adicional».
Señala, en esa línea, que «evidentemente presionará e impactará los costos laborales».
La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) es otro de los gremios que están atentos. «Miramos esta etapa con cautela, porque la normativa no incorpora la flexibilidad que requiere un sector sujeto a ciclos productivos y a condiciones climáticas y sanitarias cambiantes y no previsibles», aseguran desde la institución.
En relación a cómo podría afectar al rubro, dicen que se verán perjudicadas «las pequeñas y medianas empresas agrícolas».
«La reducción de jornada implica un mayor costo laboral que muchas veces es difícil de absorber, sobre todo en temporadas complejas y con márgenes estrechos. Nos preocupa que esta modificación avance sin estar necesariamente acompañada de aumentos de productividad, lo que puede afectar la viabilidad de algunos negocios y, en consecuencia, el empleo rural», complementan.
Sectores más afectados
Swett explica que los sectores que aparecen más expuestos son el transporte terrestre y los servicios. Dice que en ambos casos será fundamental la capacidad de negociación de los gremios para evitar que las tensiones se traduzcan en mayores tiempos de traslado o en un encarecimiento adicional de bienes y servicios.
«También hay que poner especial atención al comercio, tanto mayorista como minorista. Es un sector altamente atomizado, compuesto en gran medida por empresas de menor tamaño, y que probablemente será uno de los más afectados por la combinación de reducción de jornada y alza del salario mínimo», indica también.
Por su parte, la SNA indica que las «mayores dificultades se concentran en los trabajadores permanentes, que cumplen funciones clave durante todo el año, como riego, ordeña y otras labores críticas para la continuidad productiva».
«En muchos casos, los márgenes no permiten aumentar dotaciones para cubrir nuevos turnos, lo que genera presiones salariales y operativas difíciles de sostener», aseguran.
«A largo plazo -dicen también- este escenario puede incentivar procesos de mecanización y automatización de tareas, con impactos directos en el empleo agrícola, especialmente en zonas rurales donde existen menos alternativas laborales»
Carolina Varela, directora de Servicio y Calidad de la empresa de recursos humanos Adecco Chile, por su parte, sostiene: «Industrias como el comercio, la logística, la salud, la manufactura, la agricultura y los servicios operativos pueden experimentar presiones tanto en costos como en disponibilidad de talento, especialmente si requieren mantener turnos extendidos o cobertura permanente».
«En estos casos, la reducción de horas puede traducirse en necesidad de más dotación, ajustes en turnos o renegociaciones internas», asegura asimismo.
Dice, por último, que «también es clave mirar este escenario como una oportunidad para ordenar la estructura de roles, capacitar a las personas en nuevas habilidades y mejorar la planificación de la fuerza laboral».
Fuente: Emol economía, febrero 07 de 2026
En diciembre de 2025, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron aumentos interanuales de 5,9% y 6,7%, respectivamente. El Índice Real de Remuneraciones (IR Real) acumuló un alza de 2,4% en el año.
Los sectores que más incidieron en el crecimiento fueron comercio, construcción, administración pública e industria manufacturera, destacando especialmente las empresas pequeñas y grandes.
Por tamaño de empresa, las pequeñas anotaron alzas de 6,4% en IR y 7,2% en ICL, las medianas de 6,3% y 7,0%, y las grandes de 5,7% y 6,4%.
En cuanto a las horas trabajadas, las horas ordinarias se redujeron en 0,2%, mientras que las extraordinarias aumentaron en 4,9%, resultando en una variación nula de las horas totales.
La remuneración media por hora ordinaria alcanzó $7.145, con un alza de 6,4%. Para las mujeres fue de $6.953 (+6,7%) y para los hombres $7.322 (+6,1%), lo que refleja una brecha de género de -5,0%.
El costo laboral medio por hora total llegó a $8.235 (+6,8%), siendo $7.977 para mujeres (+7,0%) y $8.471 para hombres (+6,6%), con una brecha de -5,8%.
La reforma previsional (Ley 21.735), desde agosto de 2025 establece una nueva cotización patronal del 1,0% adicional sobre la remuneración imponible (0,1% a capitalización individual y 0,9% al Seguro Social Previsional), lo que incrementará gradualmente los costos laborales en los próximos años.
Resumen información Boletín Índices de Remuneraciones y Costos Laborales, INE, febrero 05 de 2026
La Región del Biobío cerró el trimestre móvil octubre–diciembre de 2025 con una tasa de desocupación de 9,3%, la más alta del país, registrando un aumento de 1,0 punto porcentual en doce meses, según el último Boletín de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Detrás de esta cifra agregada, el comportamiento del desempleo muestra una evolución divergente entre hombres y mujeres, revelando tensiones estructurales en el mercado laboral regional.
En el caso de los hombres, la tasa de desocupación alcanzó 9,5%, con un fuerte incremento interanual de 2,6 puntos porcentuales. Este deterioro se explica por el aumento de la fuerza de trabajo masculina (0,7%) y, principalmente, por la caída de 2,2% en el número de hombres ocupados, afectados por la contracción de sectores como administración pública, que registró una disminución de 19,2% en empleo masculino.
La situación contrasta con la de las mujeres, cuya tasa de desocupación se situó en 8,9%, mostrando una disminución de 1,2 puntos porcentuales en doce meses. Esta mejora responde a un crecimiento de 2,7% en el empleo femenino, superior al aumento de la fuerza de trabajo de las mujeres (1,4%). El dinamismo estuvo impulsado, principalmente, por la industria manufacturera, donde el empleo femenino creció 19,6% en el período analizado.
Brechas laborales persisten
Pese a esta baja en el desempleo femenino, persisten brechas de calidad laboral. La tasa de ocupación informal en mujeres llegó a 29,2%, superando ampliamente la masculina (25,6%) y aumentando 1,5 puntos porcentuales en un año. Además, el tiempo parcial involuntario creció con mayor fuerza entre las mujeres (16,5%), reflejando un acceso más precario al empleo.
En términos generales, la región perdió 806 puestos de trabajo en doce meses, con retrocesos concentrados en enseñanza (-13,2%) y administración pública (-15,2%), sectores que históricamente han tenido una alta participación masculina. A nivel etario, el segmento de 15 a 34 años fue el más afectado, especialmente entre los hombres, mientras que las mujeres mostraron mejores resultados en el tramo de 35 a 54 años.
Inversión privada y reconstrucción: las claves para 2026
El economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, señaló que en 2026 la región debiera crecer en línea con el promedio nacional, en torno al 2,5%. Esto, porque el efecto del cierre de Huachipato ya está internalizado y porque existe un esfuerzo, tanto a nivel local como nacional, por empujar proyectos, hacerles seguimiento y atraer inversión, que es lo que hoy se necesita, explicó.
La recuperación va a depender principalmente de la inversión privada, ya que el consumo se mantendría bastante estable, sin grandes saltos, y con una tasa de interés del Banco Central que debiera ubicarse cerca del 4% o 4,25%. En ese contexto, sostuvo que no se esperan grandes cambios y que la generación de empleo debiera venir principalmente desde la inversión privada, agregó Smith. Carlos Smith, economista del CIES y director de Gestión Académica del Doctorado en Economía de la Universidad del Desarrollo.
Impacto de la catástrofe
Respecto a los incendios forestales, advirtió que sin duda van a tener impacto, considerando que la superficie afectada es mucho mayor que el año pasado. Si bien en el corto plazo puede generarse mayor demanda en algunos sectores, como la construcción y los materiales, también habrá efectos negativos importantes en el empleo, especialmente en la cadena productiva forestal y en las pymes madereras. En el neto, dijo, la presión sobre el empleo es más bien negativa. Además, recordó que los daños aún se están catastrando y que queda verano por delante.
Destacó que hoy el desempleo femenino es menor que el masculino y que las mujeres están actuando como un factor de resistencia del mercado laboral regional. Mientras la ocupación masculina cae, la femenina aumenta, principalmente en manufactura y comercio, con un componente estacional relevante.
Por ahora no existen proyectos de inversión
Cristian Muñoz, académico de Ingeniería Comercial de la Universidad del Bío-Bío, señala que los cambios de ciclo político o de régimen suelen generar una expectativa positiva, que puede traducirse en un aumento del emprendimiento y, con ello, en una mayor contratación en algunas empresas debido al incremento de la demanda. Sin embargo, este efecto tiende a alcanzar posteriormente un nivel de equilibrio.
En este contexto, no es fácil anticipar que en 2026 se produzca un cambio significativo en la tasa de empleo, especialmente en la región, dado que hasta ahora no existen proyectos de inversión de gran envergadura que requieran altos niveles de mano de obra. El proyecto minero de tierras raras podría eventualmente presentar alguna activación durante el año y avanzar en su desarrollo, lo que permitiría un aumento puntual en la contratación.
A nivel agregado del empleo regional, afirma que no deberían observarse grandes variaciones. Podría registrarse una leve disminución de la informalidad y una recuperación parcial del sector de la enseñanza. En cuanto a la administración pública, no se espera un incremento en la contratación; por el contrario, sería esperable una disminución, tal como se observó en el trimestre octubre-diciembre.
Desde una mirada optimista, el exseremi de Hacienda dice la reconstrucción de las zonas altamente dañadas por los incendios que afectaron a la región podría contribuir a reactivar la actividad en la provincia de Concepción. No obstante, la evaluación sigue siendo cautelosa, ya que si esta emergencia no cuenta con nuevos recursos —los cuales hoy no se visualizan con claridad desde el Estado— difícilmente podrá generar un aumento relevante en la actividad de reconstrucción.
Esto contrasta con lo ocurrido tras la tragedia del año 2010, cuando el terremoto permitió al Estado desplegar una mayor capacidad de inversión y generar un efecto significativo de recuperación económica, escenario que hoy no parece replicable.
Un factor que sí podría resultar positivo es que un cambio de ciclo aumente la confianza y se logre reducir la permisología, permitiendo que proyectos actualmente retrasados comiencen a concretarse. Ello podría generar una mayor demanda de fuerza laboral, posiblemente a partir del segundo trimestre de 2026. Pero por ahora, no se proyectan grandes cambios en el nivel de empleo.
Fuente: https://trade-news.cl/biobio-lidera-el-desempleo-en-chile-tasa-alcanza-93-la-mas-alta-del-pais/, febrero 03 de 2026
