El gremio minero valoró la baja de la tasa de desempleo del sector en los últimos doce meses.
Una caída desde 8,1% a 6,9% registró la tasa de desempleo en las regiones mineras en los últimos doce meses, mientras que a nivel nacional disminuyó desde 7,3% a 7,2% en el mismo periodo.
Según informó la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), en Tarapacá la desocupación entre mayo-julio alcanzó un 6,3%, frente al 8% registrado en igual periodo del año pasado.
Mientras que en Antofagasta, el indicador cayó desde 8,6% a 6,7%. En tanto, en Atacama se redujo desde 8,8% a 8,6% y en Coquimbo bajó desde 7,4% hace un año atrás a 6,6% en la actualidad.
«Después de un prolongado periodo de altas tasas de desempleo, las regiones mineras están mostrando una significativa recuperación del empleo sectorial, lo cual, por cierto, es una muy buena noticia. Cabe destacar que en la Región de Antofagasta, capital minera por excelencia, el desempleo ha caído en 1,9 puntos en los últimos doce meses. Estamos confiados en que este positivo comportamiento del empleo sectorial continúe», expresó el gerente de Estudios de Sonami, Álvaro Merino.
Mientras el empleo en el país crece 1,5% en el último año, en las regiones mineras crece 7,8%. En los últimos doce meses se crearon 124.000 nuevos empleos en Chile, de los cuales 75.000 se generaron en las regiones mineras, «esto es equivalente al 60% de la totalidad de los nuevos puestos de trabajo creados en el último año».
Junto a lo anterior, Merino dijo que es oportuno destacar que la ocupación en la minería aumentó 3,3%, en los últimos doce meses, en tanto que en otras actividades emblemáticas de la economía nacional como la industria cayó 6,3%, en las actividades financieras disminuyó 4,2%, en la agricultura se redujo 1,3% y en el comercio aumentó 4,7%.
Fuente: Emol economía, septiembre 09 de 2019
Los cambios a la jornada laboral son, desde luego, algo que se puede discutir. Sin embargo, ella se ha abordado en el Congreso con una ligereza que no se hace cargo del real impacto en el empleo y en la economía que, inevitablemente, va asociado a una medida de este tipo.
El solo hecho de que la propuesta legislativa original de 40 horas consista de un único artículo, sin estudios técnicos que la respalden y sin siquiera mencionar aspectos básicos como la productividad o los salarios, da cuenta de una iniciativa que no ha sido adecuadamente analizada; que su trámite en la comisión de Trabajo usara un mecanismo especial para ignorar la urgencia de otros proyectos sobre la materia, que se diera a pesar de la reserva de constitucionalidad del oficialismo, y que no se escucharan las opiniones de gremios y trabajadores antes de su aprobación, resulta preocupante para la calidad del debate democrático.
Parece razonable, por ende, que diversos actores pongan ahora el acento en realizar los estudios que faltan y en sopesar una amplia y variada gama de opiniones. Es indispensable que una discusión de esta naturaleza se desarrolle sobre la base de argumentos y datos, no a partir de la simplificación de problemas complejos y del voluntarismo político. Aunque no participa en este debate, el Banco Central no pudo dejar de considerarlo al entregar esta semana su IPoM de septiembre, señalando la importancia de sopesar sus potenciales implicancias para la economía, y recordando que la vez anterior que se redujo la jornada laboral —en 2005, de 48 a 45 horas—, el escenario era muy distinto, con un PIB potencial de 5% versus el actual de 3%, más aun considerando hoy costos laborales adicionales como la sala cuna universal y la reforma de pensiones.
El llamado al realismo del instituto emisor es tan oportuno como elocuente: “En la discusión de reformas, programas e iniciativas en distintos ámbitos, es importante reconocer que estas no se darán en un contexto de prosperidad ilimitada, sino en un período con muchos riesgos”.
Fuente: Diario Financiero, septiembre 06 de 2019
ASIMET e Imacec de 3,2% en julio:
Para el presidente del gremio, Dante Arrigoni, la gravitante incidencia que tuvo ese sector en el resultado positivo de julio es un argumento de peso para insistir en la “necesidad de constituir una mesa tripartita con la participación de las empresas, los trabajadores y el Estado que apunte a crear las condiciones para una nueva economía más competitiva”, señaló.
Aunque con las dificultades conocidas la economía chilena se expandió en julio en un 3,2%, siendo determinante el aporte de la industria manufacturera para este mejor nivel desde noviembre de 2018, no hace más que confirmar que para retomar una senda sólida de desarrollo la herramienta más efectiva es la reindustrialización del país.
Así lo señaló el presidente de Asimet, Dante Arrigoni, quien sostuvo que el gremio “valora este indicador para el séptimo mes del año, y frente a este resultado reiteramos la necesidad de constituir una mesa tripartita con la participación de las empresas, los trabajadores y el Estado que apunte a crear las condiciones para una nueva economía más competitiva”, declaró.
“De acuerdo a la información publicada por el Banco Central, el IMACEC minero creció 1,1%, pero el no minero lo hizo en un 3,4%, debido a la incidencia de la industria manufacturera, lo cual es una confirmación que Chile debe reencausar su economía”, apuntó.
Sector metalúrgico-metalmecánico
En lo que respecta a la industria metalúrgica metalmecánica, Arrigoni informó que en julio tuvo un incremento del 11,7%, con lo que acumula un crecimiento de 5,9%.
“A pesar de las dificultades que enfrenta nuestro sector y las condiciones desiguales de competencia, la industria metalúrgica metalmecánica contribuyó en forma importante en este mejor IMACEC y las autoridades económicas deben advertir que la reindustrialización es el camino más eficaz para alcanzar el desarrollo y generar empleos de calidad”, concluyó.
ASIMET, septiembre 05 de 2019
Una gran victoria obtuvo Estudio Navarro luego que el Juzgado Civil de Temuco acreditara que la muerte de un trabajador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y que se originó dentro de sus dependencias, se produjo como consecuencia de una enfermedad congénita, producto de la obesidad mórbida que lo aquejaba y no por negligencia de la empresa en materia de seguridad laboral, como lo manifestaban sus familiares.
Un importante triunfo judicial se adjudicó Estudio Navarro luego de que el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago rechazara la demanda de un ex empleado de BancoEstado, quien, al renunciar después de 40 años de servicio, reclamaba que la indemnización por años de servicio que le correspondía, no estaba sujeta al tope de 90 UF previsto en el Código del Trabajo. El tribunal, acogió lo planteado por el Banco al considerar que el contrato colectivo al cual se encontraba sujeto el trabajador al momento de su terminación de contrato, estipulaba claramente que en caso de renuncia, la indemnización por años de servicios correspondiente si se sujetaba al límite en comento, primando la voluntad colectiva por sobre la ley.
El 97% de los requerimientos aprobados se debió a razones de oncología, mientras que el 56% de los rechazos fue por patologías de cardiología.
Un 24% (3.660) del total de nuevos pensionados se jubilaron con pensiones de invalidez y sobrevivencia, según datos al 31 de julio publicados por la Superintendencia de Pensiones (SP).
En base a las solicitudes tramitadas entre enero y junio de este año, del total de los requerimientos del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), correspondientes a pensiones de invalidez, el 52% fueron rechazadas, mientras que el 48% fueron aceptadas por las Comisiones Médicas destinadas al efecto.
Dentro de las solicitudes aprobadas, el 31% fueron aceptadas por invalidez total y el 17% por invalidez parcial.
Los datos del regulador excluyen revaluaciones de invalidez parcial y el dictamen se clasifica según la patología. En tanto, los dictámenes sin diagnóstico corresponden a rechazos administrativos y por impedimentos no configurados.
Enfermedades declaradas
Respecto de aquellos requerimientos que se rechazaron por parte de las Comisiones Médicas, fueron las patologías cardíacas donde hubo mayor nivel de denegación.
De acuerdo a las cifras del regulador, del total de solicitudes por patologías de cardiología, el 56% fueron rechazadas.
En este grupo le siguieron las solicitudes por patologías que afectan a los órganos de los sentidos, las que fueron rechazadas en el 54% de los casos, y las del sistema osteoarticular con una tasa de rechazo de 51%.
En la vereda contraria, las enfermedades con mayor nivel de aceptación fueron las oncológicas (cáncer), que fueron aceptadas en el 97% de los casos.
En el caso de invalidez parcial, las que más se aprobaron fueron las relacionadas con razones psiquiátricas, con el 42% de aceptación.
El funcionamiento
El dictamen de invalidez de la Comisión Médica se expresa a través de un porcentaje de la pérdida permanente de capacidad laboral que afecta a una persona para cualquier tipo de trabajo.
Cuando una solicitud es rechazada puede ser por razones administrativas, por ejemplo no comparecer ante la Comisión Médica.
También puede ser rechazada por razones médicas, ya sea porque la persona tiene tratamientos pendientes o porque el menoscabo laboral es menor o igual a un porcentaje de 50%.
El SIS es financiado por los empleadores durante la vida laboral activa de los trabajadores y corresponde a un porcentaje de las remuneraciones. Es adjudicado mediante licitación efectuada por las AFP y están cubiertos los afiliados que estén cotizando hasta doce meses después de la última cotización.
Fuente: Diario Financiero, septiembre 04 de 2019
Una férrea defensa de una reducción de jornada laboral con flexiblidad ha hecho el gobierno en las últimas semanas, marcando distancia con la propuesta de las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola. Para ello, el Ejecutivo ha recurrido a la experiencia de los países de la OCDE, tal como se grafica a continuación, y realzado los puntos principales de su proyecto de adaptabilidad laboral que incorpora una jornada mensual alternativa de 180 horas, la que implica un promedio de 41,5 horas a la semana con tope máximo de 12 horas al día (ordinaria + extraordinaria). Si las partes no optan por esto, regiría la jornada semanal de 45 horas ordinarias. Además, hay margen para incluir el concepto de “bolsas de horas extraordinarias”.
Fuente: Diario Financiero, septiembre 04 de 2019
La próxima semana comenzarán los movimientos en el oficialismo para impugnar la iniciativa.
Por varios días el oficialismo había amenazado con que llevaría al Tribunal Constitucional (TC) el proyecto que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas, liderado por las diputadas del Partido Comunista, Camila Vallejo y Karol Cariola. Incluso desde antes de que la iniciativa fuera aprobada por la comisión de Trabajo de la Cámara.
Ayer, posterior a que la propuesta fuera despachada a la Sala de la Corporación -y no a la comisión de Hacienda, como había solicitado el oficialismo-, Chile Vamos reafirmó lo que habían anunciado anteriormente: la próxima semana recurrirán al tribunal para probar la inconstitucionalidad de la moción parlamentaria.
El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, confirmó que recurrirán a “todas las instancias que sean necesarias”, y le atribuyó la responsabilidad a la oposición, al manifestar que “no quieren respetar las normas básicas de la Constitución, las que obligan a actuar con responsabilidad”.
El secretario de Estado ratificó que “vamos a recurrir al TC para que sean ellos los que determinen con claridad que ningún Presidente de la República, ningún parlamentario -del partido que sea y en el proyecto que sea- puede arrogarse atribuciones que la Constitución no le da”.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la comisión que trata esta materia, Francisco Eguiguren, secundó al titular de Trabajo y le puso fecha a la acción.
El legislador adelantó que la próxima semana los parlamentarios de Chile Vamos concurrirán al TC “para presentar el requerimiento y finalmente desenmascarar a esta izquierda y que el tribunal se pronuncie acerca de la constitucionalidad de este proyecto y así terminar una teleserie que a los únicos que perjudica es a los trabajadores”.
Aunque el oficialismo acuda al tribunal, la discusión en la Sala de la Cámara mantendrá el curso que le corresponde a la tramitación hasta que dicho organismo se pronuncie y entregue una resolución. Es decir, la presentación del requerimiento no suspende ni detiene lo que ocurre en el Congreso.
Además, durante el día de ayer el oficialismo fue consistente al expresar que agotarán todas las herramientas que tengan disponibles.
Piñera interviene
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, aseguró que no descarta hacer uso del veto presidencial para impugnar una norma que considera irroga gasto fiscal y por lo tanto, es una iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Si bien declaró que espera que los parlamentarios respeten la Constitución “que ellos juraron cumplir”, también sentenció que “si no lo hicieran, naturalmente que como Presidente no me voy a quedar cruzado de brazos y voy a recurrir a todos los instrumentos a mi alcance para que se cumpla la Constitución”.
En el caso de que la moción de las 40 horas pase la barrera del Congreso y del Tribunal Constitucional, el veto presidencial correspondería a la última alternativa que le quedaría al oficialismo para detener la implementación del proyecto impulsado por el Partido Comunista, pues es una atribución exclusiva del Presidente terminado el trámite legislativo.
Fuente: Diario Financiero, septiembre 04 de 2019
Tanto la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), y la Cámara Nacional de Comercio (CNC), lamentaron el avance de la iniciativa que reduce la jornada laboral.
Luego de una tensa jornada de debate, la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó el eje central del proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas, hecho que fue rechazado por los gremios empresariales.
En esa línea, tanto la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), y la Cámara Nacional de Comercio (CNC), lamentaron el avance de la iniciativa e hicieron un llamado a analizar la problemática laboral que afecta al país.
«La aprobación de hoy (ayer) es darle la espalda a la realidad del mundo del trabajo, en favor de lo ideológico. Desde nuestro Foro Trabajadores-Empleadores pedimos ser escuchados, pero en la votación se taparon los oídos con tapones muy herméticos», señaló a través de un comunicado el líder de la CPC, Alfonso Swett.
Asimismo, desde la SNA manifestaron que la aprobación del «corazón» de la iniciativa es «lamentable», pues «tendrá un efecto directo en los salarios de los trabajadores agrícola (…) Solo a modo de ejemplo, las actuales 7,5 horas diarias de la agricultura, pasarían a 6,2 horas, lo que al año serían 260 horas menos, según cifras entregadas por el ministerio del Trabajo».
Con lo anterior, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, hizo un llamado «a que en la discusión que viene en la Sala de la Cámara prime la sensatez. Nos urge que los diputados consideren las consecuencias de poner a los trabajadores agrícolas en una situación de disminución de sus ingresos, ya que la gran mayoría trabaja en el sistema de tratos. A esto se sumaría un costo adicional en movilización y alimentación».
«Además, las Pymes deberán ajustar sus producciones, reemplazar obra de mano, y esto de paso provocaría un aumento de informalidad. Desde la SNA lamentamos que nuestros propios trabajadores se vean envueltos en una aventura laboral», añadió.
En tanto, en esa misma línea, la Cámara Nacional de Comercio instó a los actores políticos a dialogar sobre la forma correcta de abordar la problemática laboral que afecta al país.
«El sector comercio está siendo especialmente afectado, sobre todo por el tema de la tecnología, que se ha transformado en una amenaza para nuestra actividad, el desempleo, la informalidad y la baja en las ventas, por lo que es urgente hacer un análisis sistémico de todo lo que significa la problemática laboral en nuestro país y que la abordemos en plenitud», sostuvo Manuel Melero, presidente de la CNC.
En ese sentido, agregó que no solamente hay que mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sino que «también debemos hacernos cargo de los demás alcances y consecuencias del ámbito laboral en nuestro país y abordar el tema de la polifuncionalidad, la informalidad y el desempleo junto con la urgente necesidad de impulsar la capacitación».
Fuente: Emol economía, septiembre 03 de 2019