Un significativo avance logró ayer el proyecto que establece el derecho a sala cuna universal para los hijos menores de dos años de madres trabajadoras propuesto por el gobierno. Y es que tras más de un año de tramitación en el Congreso, la comisión de Trabajo del Senado aprobó las indicaciones que establecen la administración del fondo, una de las mayores piedras de tope de la propuesta.
El eje central de la iniciativa propone eliminar la restricción establecida en el artículo 203 del Código del Trabajo, la cual limita el derecho a sala cuna a mujeres que se desempeñen en firmas con 20 o más trabajadoras. Además, plantea un aporte mensual de 5,14 UTM -más matrícula- para financiar el acceso a sala cuna, el cual será financiado a través de una cotización mensual de 0,1% con cargo al empleador por cada trabajador -la cual formará un fondo solidario-, además de aportes fiscales.
En relación a este fondo, entre el gobierno y la oposición se generó todo un debate con respecto a quién lo administrará, y si bien en un inicio se barajó que fuera una sociedad administradora, los senadores y el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, acordaron que sea el Instituto de Previsión Social (IPS) quien lo haga.
Pese a que esa alternativa se zanjó hace semanas, el debate no dejó conforme a los senadores, ya que la propuesta inicial del Ejecutivo consideraba que el IPS administraría el fondo, pero que para ello tendría que licitar los servicios que implican realizar dicha tarea, lo que fue duramente criticado por los senadores de oposición.
Sin embargo ayer, y tras un arduo debate, el ministro Monckeberg y los senadores de oposición, acordaron modificar dicha propuesta, estableciendo que el IPS “podrá” licitar, permitiendo así que el servicio tenga la opción de no realizar licitación alguna a terceros, ya que en la indicación original la norma decía “deberá”.
Otra indicación que ayer logró ser aprobada tiene relación al ámbito financiero. Y es que se visó una norma que establece que en caso de que no se realice la contratación de una entidad privada para administrar y el IPS no pueda hacerlo, será la Tesorería General de la República quien lo administre.
De acuerdo a la votación, ayer quedaron cuatro artículos relacionados al ente administrador para ser votados, los que tienen relación a normas de transparencia, entre otras.
Se espera que en la sesión de hoy la comisión despache la totalidad del articulado, lo que aceleraría el debate ya que sólo quedarían las normas menos complejas de la propuesta.
De despacharse el proyecto, la comisión de Trabajo del Senado se encontraría lista para comenzar el debate del proyecto de adaptabilidad laboral.
Fuente: Diario Financiero, septiembre 25 de 2019
