La cifra significó un descenso de 2,5 puntos porcentuales en doce meses, dado que el alza de la fuerza de trabajo fue menor a la presentada por los ocupados, según el Instituto Nacional de Estadísticas.
La tasa de desocupación en Chile se ubicó en 7,7% durante el trimeste móvil comprendido entre febrero y abril de 2022, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).
La cifra significó un descenso de 2,5 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, dado que el alza de la fuerza de trabajo (6,1%) fue menor a la presentada por las personas ocupadas (9,0%).
Por otro lado, las personas desocupadas disminuyeron 19,8%, incididas por quienes se encontraban cesantes (-21,1%) y por aquellas que buscan trabajo por primera vez (-7,3%).
La tasa de desocupación en las mujeres se situó en 8,5%, decreciendo 2,4 pp. en doce meses, en tanto que las tasas de participación y ocupación se situaron en 49,6% y 45,4%, avanzando 3,9 pp. y 4.6 pp., en cada caso.
En los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,2%, con un descenso de 2,6 pp., mientras que las tasas de participación y ocupación se ubicaron en 70,2% y 65,2%, creciendo 1,7 pp. y 3,4 pp., respectivamente.
Alza de personas ocupadas
El alza de las personas ocupadas fue incidida tanto por las mujeres (12,5%) como por los hombres (6,6%). Las personas ocupadas ausentes, que representaron el 9,0% del total de la población ocupada, decrecieron 20,8%.
Por sectores, el aumento de la población ocupada fue incidido por comercio (11,2%), alojamiento y servicio de comidas (31,5%) y actividades de salud (16,1%), en tanto que por categoría ocupacional influyeron las personas asalariadas formales (8,0%), las trabajadoras por cuenta propia (9,6%) y las personas asalariadas informales (15,0%).
Con esto, la directora del INE, Sandra Quijada, dijo que explicó que «se constata un aumento acumulado de 894.706 puestos de trabajo para hombres, y de 814.545 para mujeres, implicando un alza total de 1.709.251 personas ocupadas a nivel nacional, lo que corresponde a un 92,2% personas que recuperaron su empleo desde el peor momento de la pandemia».
«Según sexo, esta recuperación es mayor para los hombres con 94,4%, y en mujeres 89,9%, donde queda todavía casi un 10% de ocupaciones que recuperar para el mercado laboral femeninp», acotó.
«Es atendible que el dinamismo vaya bajando, porque ya lo que queda por recuperar respecto del peor momento de la pandemia es menor. Entonces, no necesariamente el mercado está absorbiendo tan rápido la oferta de trabajo, pero eso tampoco está afectando la tasa de desocupación, porque nos hemos mantenido en niveles más o menos similares durante los cuatro últimos trimestres móviles»
Sandra Quijada, directora del INE
Al respecto, Quijada comentó que «es atendible que el dinamismo vaya bajando, porque ya lo que queda por recuperar respecto del peor momento de la pandemia es menor. Entonces, no necesariamente el mercado está absorbiendo tan rápido la oferta de trabajo, pero eso tampoco está afectando la tasa de desocupación, porque nos hemos mantenido en niveles más o menos similares durante los cuatro últimos trimestres móviles».
«Lo que está pasando, es que la gente está yendo al mercado del trabajo, está aumentando la ocupación, pero el mercado del trabajo está absorbiendo en los mismos niveles de los trimestres anteriores. Entonces, no se está notando una aceleración importante, sino que lo que vemos es que todos los trimestres móviles, los últimos particularmente, las mujeres tienen un nivel de creación de ocupación respecto del trimestre móvil anterior mayor», dijo.
La tasa de ocupación informal alcanzó 27,2%, creciendo 1,0 pp. en doce meses. Las personas ocupadas informales aumentaron 13,0%, incididas tanto por las mujeres (18,2%) como por los hombres (9,3%) y por las personas trabajadoras por cuenta propia (11,9%) y asalariadas privadas (14,7%).
Estacionalidad y volumen de trabajo
La tasa de desocupación ajustada estacionalmente elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural, de acuerdo al ente estadístico.
En este sentido, el indicador estimado fue 7,6%, sin variación con respecto al trimestre móvil anterior, como consecuencia del aumento de la fuerza de trabajo (0,8%), que resultó del incremento de las personas desocupadas (0,5%) y de las ocupadas (0,8%).
En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, ascendió 13,9%. De igual modo, el promedio de horas trabajadas creció 4,5%, llegando a 37,2 horas.
La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial (que mide el número de personas desocupadas más personas iniciadoras disponibles e inactivos potencialmente activos) alcanzó 15,2%, con una reducción de 6,0 pp. en el período. En los hombres se situó en 13,0% y en las mujeres, en 18,0%. La brecha de género fue 5,0 pp.
Región Metropolitana
Por su parte, en la Región Metropolitana la tasa de desocupación del trimestre en análisis alcanzó 8,5% disminuyendo 3,5 pp. en doce meses, dado que el alza de la fuerza de trabajo (5,0%) fue menor a la registrada por las personas ocupadas (9,2%).
Las personas desocupadas se contrajeron 25,6%, incididas principalmente por quienes se encontraban cesantes.
Fuente: Emol economía, mayo 30 de 2022
De acuerdo a datos de Mercer Chile, en alianza con la Red de Recursos Humanos, el 83% de las firmas ya realizó algún tipo de incremento salarial en lo que va del año.
El alza de la inflación, en el último tiempo, se ha instalado como el gran tema tanto en los hogares como en el ambiente laboral. De hecho, su impacto en los bolsillos de las y los chilenos -que se traduce en un menor poder adquisitivo- se ha posicionado como uno de los más relevantes en el marco de las negociaciones colectivas vistas este año.
Y las interrogantes sobre la materia se repiten al interior de las compañías a nivel gerencial, como entre los mismos trabajadores: ¿Subirán más los precios en el país? ¿Hasta cuándo se extenderá dicha alza y la preocupación? son parte de las dudas.
Los presupuestos iniciales de las firmas contemplaban un avance salarial promedio de 4,18%, que posteriormente fue ajustado, señala el sondeo.
Un sondeo de Mercer Chile, en el que participaron 135 empresas con presencia nacional, un 83% de corroboró que ya realizó algún tipo de incremento salarial en lo que va del presente ejercicio, siendo las firmas participantes de la industria de high tech las que en su totalidad han realizado este reajuste.
Conforme a esta medición, que contó con la colaboración de la Red de Recursos Humanos, los incrementos salariales en las firmas se dan, principalmente, por tres factores: uno, el mérito de los trabajadores; dos, condiciones del mercado; y, finalmente, ajustes en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Decidor en este contexto de presiones en el valor de los productos, el 69% de las empresas afirmó que aplicará el incremento por razones de inflación durante estos meses.
En abril este indicador alcanzó una variació anual de 10,5%, un nivel no visto en el país en décadas.
“Dado el contexto económico que se está atravesando para las organizaciones es muy importante dar este incremento salarial entendiendo que los trabajadores lo necesitan cada vez más”, dice Agustina Bellido, líder de carrera en Mercer Chile.
Sin embargo, en varios casos serán suspendidos los aumentos determinados por la variable de mérito -ligada a la evaluación de desempeño del empleado-, particularmente en la industria de servicios (no financieros), automotriz, transporte y logística e ingeniería y construcción.
¿Y cuánto será el aumento?
Con respecto a la magnitud de los incrementos por IPC, el sondeo arrojó que los incrementos salariales totales presupuestados para 2022 con este factor serán del 6,44% en promedio.
Sin embargo, ese número no era el inicial, ya que los presupuestos iniciales de las firmas contemplaban un avance salarial promedio de 4,18%, que posteriormente fue ajustado.
En cuanto a la periodicidad de las prácticas de incremento salarial por inflación, un 24% de las empresas llevó a cabo el ajuste salarial en el mes de enero, y la segunda ola de incrementos se realizará en el mes de julio, con un 13% de las preferencias. Respecto a los incrementos por mérito, un 34% se llevó a cabo en el mes de abril.
Al considerar las otras variables para realizar reajustes de sueldo además del IPC -es decir mérito y ajuste de mercado-, los datos muestran que para este año los meses donde más se realizan ajustes de salarios serán principalmente en los meses de enero, abril, marzo, julio y diciembre.
Además, se calcula que las empresas, en promedio, darán dos incrementos salariales al año.
Las perspectivas
La encuesta también preguntó sobre las proyecciones para el 2023, del total de las empresas participantes, un 79% indicó que sí darán incrementos salariales, tanto por inflación y/o por mérito.
Sin embargo, en promedio el porcentaje de aumento salarial total para el próximo año es de 6,53%, es decir menos de lo que se presupuesta de inflación para este año.
“Podemos ver que el próximo año habrá un aumento de sueldo para los trabajadores, sin embargo, el porcentaje de la incrementación sería más baja que la del 2022, principalmente porque las empresas no tienen claridad de cómo seguirán los ajustes económicos, dado las alzas e inflación del mundo y el país”, finaliza la ejecutiva de Mercer.
Fuente: Diario Financiero, mayo 26 de 2022
A través de un dictamen, el servicio reconoce la existencia de la citada instancia, pero sostiene que no existe un procedimiento establecido en el Código del Trabajo en torno a sus negociaciones y procedimientos.
Una historia que no para y sigue sumando diversas temporadas y capítulos, como una serie de televisión. En eso parece haberse transformado la discusión en torno a los grupos negociadores, es decir, aquella instancia que surge en empresas sin sindicatos para relacionarse con el empleador.
En julio de 2018 el exdirector del Trabajo, Mauricio Peñaloza, emitió un dictamen en el que reconoció esa figura como sujetos que pueden negociar colectivamente -símil de un sindicato-, pese a que se trataba de una materia que quedó sin regulación en la reforma laboral de la expresidenta Michelle Bachelet luego de que esta pasara por el Tribunal Constitucional en 2016.
En ese momento, el TC eliminó la titularidad sindical del proyecto, lo que significó el reconocimiento de la existencia de los grupos a la par de los sindicatos. Sin embargo, la entidad no definió la forma de negociación, plazos o requisitos.
Para llenar dicho vacío, Peñaloza en su dictamen consignó como instrumentos colectivos válidos los acuerdos suscritos por ellos, señalando que el servicio tenía el deber de registrarlos. Un pronunciamiento que generó polémica y molestia al interior del mundo laboral, el cual llevó el tema a la justicia, escalando -pero sin suerte- incluso hasta la Corte Suprema.
Una negociación “atípica”
Si bien la discusión ya parecía cerrada, el nuevo director del Trabajo, el abogado Pablo Zenteno, volvió a analizar el tema a raíz de la consulta de una empresa y para sorpresa de los actores laborales, dejó sin efecto lo señalado por Peñaloza y retomó la doctrina inicial planteada por el exdirector del Trabajo en la segunda administración de Bachelet, Christian Melis.
Los grupos negociadores, dice el texto, al tratarse de entidades que no están proscritas en la actual legislación, solo pueden desarrollar un procedimiento de negociación de “carácter atípico” debido a la inexistencia de normas legales que regulen dicho aspecto.
“La única vía plausible para la materialización de la negociación colectiva es el desarrollo de un procedimiento de naturaleza atípica en que las propias partes se otorgan las reglas pertinentes, circunstancia que tendrá una serie de implicancias y efectos necesarios de advertir”, señala el dictamen.
Para Zenteno, la ausencia de un procedimiento legal implica que la DT no está habilitada para determinar la forma en que se ejerce la voluntad colectiva en este caso, siendo una materia exclusiva del legislador.
“La inexistencia de lo anterior impide su nacimiento y, por tanto, la calificación de instrumento colectivo regido por el libro IV del Código del Trabajo a los acuerdos celebrados por un grupo negociador”, indica el dictamen. Esto significaría que tampoco se pueden registrar como instrumentos bajo las reglas del Código del Trabajo.
Desde la perspectiva del actual líder del servicio, la DT es “incompetente” para determinar cómo deberán llevarse a efecto estas negociaciones ante la ausencia de un marco legal que interpretar.
Si bien para la Dirección del Trabajo el derecho a negociar colectivamente radica en todos y cada uno de los trabajadores, el legislador solo ha tipificado dos procedimientos de negociación, los cuales se encuentran destinados en su ejercicio exclusivamente a uno o más sindicatos.
Para el exdirector del Trabajo, Christian Melis, en este nuevo pronunciamiento se vuelve a una doctrina “que nunca debió cambiar”. A su juicio, se volvió a la definición adecuada al tema, pues se trata de una materia sobre la que la DT no puede pronunciarse, ya que su regulación le compete a los legisladores.
De acuerdo a datos del servicio, en 2020 se registraron 2.443 instrumentos colectivos, los que involucraron a 324.922 personas.
De dicha cifra, solo 134 instrumentos fueron acuerdos de grupos negociadores, los que involucraron a 7.803 trabajadores.
Servicio activa mesa tripartita para
incentivar cumplimiento de Ley laboral
Una reunión que culminó con el acuerdo para avanzar en la definición de estrategias para la consecución plena del trabajo decente en el país sostuvieron ayer el director del Trabajo, Pablo Zenteno, y el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil.
Tras la cita, la autoridad explicó que invitó a la CPC y a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a conformar una mesa de monitoreo de incumplimiento laboral y fiscalizaciones, para avanzar en el cumplimiento de la legislación laboral.
La idea, precisó el director, es presentarle a los actores un diagnóstico del servicio, en el cual se identificó a los sectores con más falencias en materia laboral, y sobre esa base avanzar en la búsqueda de soluciones.
“La idea es que sin renunciar a nuestras herramientas y con el acompañamiento técnico de la OIT, identifiquemos en un breve plazo por qué se están produciendo los incumplimientos, ordenar y ver la búsqueda de soluciones entre las contrapartes y que pueda encontrarse una solución masiva, de carácter amplio a las problemáticas que ahí se producen”, dijo Zenteno, agregando que si no es posible encontrar soluciones, “nosotros tendremos que seguir haciendo uso de manera más intensiva de nuestras herramientas de fiscalización y sanción”.
Sutil, por su lado, valoró la conversación y la conformación de la instancia de trabajo. “Esto es el inicio de un camino que tiene el compromiso tripartito de avanzar”, sostuvo.
Fuente: Diario Financiero, mayo 20 de 2022
Según el informe SABE se observa un 55,1% de los interesados y un 52,7% de las postulaciones que había en marzo de 2020, es decir, antes de la pandemia.
Las empresas no están encontrando trabajadores. Así se desprende del último informe del Sistema de Análisis de Bolsas de Empleo (SABE) -actualizado al 31 de marzo-, el cual mostró que en dicho mes hubo un total de 370.944 postulates activos, los que realizaron 803.727 postulaciones, lo que significa una reducción de 7,5% y 7,2% respecto al mes anterior.
De acuerdo con el documento, que se elabora al alero del Observatorio Laboral del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y con el apoyo de investigadores de la Universidad de Chile y la UDP-, las empresas están realizando menores requerimientos de experiencia y mejoras en sus ofertas salariales para atraer nuevos talentos, pero la estrategia parece insuficiente.
En el detalle, se observa un 55,1% de los postulantes y un 52,7% de las postulaciones que había en marzo de 2020, es decir, antes de la pandemia.
Respecto a la oferta, el informe indicó que en marzo se publicaron 101.681 avisos únicos en los cinco portales de trabajo analizados, correspondientes a 262.909 vacantes. Al comparar con el mismo mes del año pasado, se observa un aumento de 43,6% y 63,4%, respectivamente.
“Hay un gran incremento con respecto al inicio de la pandemia: la cantidad de avisos es 2,8 veces lo que era en el primer mes de pandemia en Chile (36.771 en marzo de 2020) y la de vacantes es de 2,2 veces de lo que era en ese entonces (118.883)”, dice el reporte.
Para el director de SABE, Benjamín Villena, la escasez de postulantes es reflejo de que las prioridades de los trabajadores cambiaron producto de la crisis sanitaria.
“Efectivamente, el periodo de tiempo que la gente estuvo en cuarentena, sin poder salir de sus casas, cambió la estructura y el tipo de actividades que las personas realizan o están dispuestas a realizar”, dice.
De hecho, asegura que hay un porcentaje importante de trabajadores que buscan más flexibilidad y trabajo a distancia, además de mejores salarios, y que hoy las empresas no ofrecen ese tipo de condiciones.
“La situación económica del país no permite a las empresas llegar a ofrecer esas condiciones, y tenemos este desencuentro entre lo que las empresas pueden ofrecer y lo que las personas requieren en este momento. Creo que eso explica la falta de postulantes que tenemos hoy”, sostiene.
Para el director nacional del Sence, Ricardo Ruiz De Viñaspre, la baja demanda hace necesario mantener políticas públicas como el IFE Laboral Apoya y Subsidio Protege Apoya, “porque eso ayuda a la participación laboral sobre todo en las mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y hombres mayores de 55 años”.
Fuente: Diario Financiero, mayo 19 de 2022
En junio se deberán renovar más de 3 millones de estos seguros obligatorios. La mantención de la alerta sanitaria en el país es un factor clave en la suscripción de las pólizas.
En junio se termina el primer año de cobertura de los seguros obligatorios Covid-19 que fueron contratados por las empresas en pandemia a sus trabajadores. La situación ha generado una serie de dudas y consultas al interior de las gerencias de recursos humanos respecto de la renovación de esta póliza, considerando la mejor situación sanitaria que enfrenta el país actualmente.
La póliza es conocida como el SOAP de los seguros de salud y fue una de las medidas que activó el gobierno anterior para enfrentar la pandemia, implementada a través de la Ley Nº 21.342.
Según datos del sitio web comparaonline.cl, el costo de las pólizas varía entre los $ 7.439 y los $ 12.279. Para este proceso de renovación, en el mercado esperan que los precios caigan.
Según fuentes del mercado asegurador, las consultas de las empresas sobre la renovación de esta póliza se multiplican a medida que se acerca su término.
“Observamos un interés en los empleadores por entregar protección y bienestar a sus colaboradores a través de esta solución. Por su parte, los colaboradores también se muestran interesados en el beneficio que conlleva este seguro, pues significa poder resguardarse frente a una eventualidad en la que podrían incurrir en grandes gastos médicos, incluso en caso de fallecimiento”, comenta el gerente de vida y salud de Seguros Sura, Fernando Herrera.
Sin embargo, entre los empleadores no existe claridad respecto de los pasos a seguir respecto del proceso de renovación, ya que la contratación del seguro está ligada a la alerta sanitaria que se encuentra vigente y que fue renovada por el Ministerio de Salud el 28 de marzo, hasta el próximo 30 de septiembre.
“Las empresas están preguntando qué pasa con el seguro, cuánto va a costar. No todas tienen conocimiento y claridad de la extensión de la alerta sanitaria y, por lo tanto, casi accidentalmente se han ido informado, cuando colocan una nueva póliza del seguro al contratar a un trabajador”, dice un alto ejecutivo del sector.
Actualmente, existen casi 6.400.000 pólizas de este tipo contratadas, pero en junio, serán cerca de 3.177.000 las que deberán ser renovadas, es decir, un 50% del total.
La ley estableció que el seguro obligatorio Covid-19 lo deben suscribir los empleadores para todos los trabajadores contratados en el sector privado, sujetos al Código del Trabajo, y que estén llevando a cabo labores presenciales, de manera total o en formato híbrido.
El producto cubre gastos hospitalarios derivados del coronavirus y, además, trae aparejado un seguro de vida en caso de fallecimiento asociado al Covid-19 por un capital de UF 180 ($ 5.829.791).
Y pese a que la alerta sanitaria termina el 30 de septiembre los seguros mantendrán su cobertura por un año. Cuando acabe la alerta, solo se terminará la obligatoriedad de los empleadores de suscribir el contrato.
¿Precios a la baja?
Hasta ahora, 16 compañías de seguros comercializan el seguro obligatorio Covid-19, entre las que se encuentran 10 firmas de vida y seis generales.
Según datos del sitio web comparaonline.cl, el costo de las pólizas varía entre los $ 7.439 y los $ 12.279. Para este proceso de renovación, en el mercado esperan que los precios caigan.
“Lo que se puede decir es que las compañías esperan un precio menor que el año pasado, por razones obvias. Hoy, el escenario es muy distinto, porque pese a que se ha registrado un alza de casos en las últimas semanas, la situación sigue siendo sustancialmente mejor que al año pasado a esta misma fecha, entonces, la probabilidad de riesgo para las aseguradoras es menor”, comenta un ejecutivo del sector.
La experiencia de las compañías
La implementación del seguro Covid-19 fue un desafío para el negocio asegurador, ya que la ley se tramitó en pocos días, obligando a las compañías a actuar con rapidez.
“Las compañías necesitaron un proceso de back office bastante robusto, para que la colocación y la gestión de esta póliza operara en forma exitosa. El año pasado eso no ocurrió en un principio, hubo muchas dificultades, porque la política que originó el seguro fue muy rápida. Las compañías tuvieron que hacer esfuerzos para poder montar sus sistemas en un muy corto plazo”, señala el gerente de vida y salud de la corredora de seguros Gallagher Chile, Raúl Ossandón.
El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), Jorge Claude, apunta que las firmas ya cuentan con un mayor nivel de experiencia en el seguro para llevar adelante un proceso expedito de renovación.
“Las compañías de seguros tienen todo un año de experiencia con el producto y ya desarrollaron los sistemas. Además, tienen una experiencia de siniestros que les permitirá afinar bastante más la puntería respecto de cuál será la oferta a los empleadores”, dice.
Fuente: Diario Financiero, mayo 11 de 2022
Presidente Boric autorizó que el REL entre plenamente en vigencia en junio de 2023. La idea es dar tiempo a mejoras a la plataforma.
El Registro Electrónico Laboral (REL) se ha transformado en un dolor de cabeza para las empresas. Intermitencia del sistema, imposibilidad para subir información de manera masiva y caída de la plataforma, son algunos de los problemas que han observado en estos meses algunas firmas y sus áreas de recursos humanos, quienes -producto de la Ley de modernización de la Dirección del Trabajo- han debido publicar en la plataforma web del servicio (Portal Mi DT) una serie de antecedentes laborales.
Contratos, pactos especiales, registro de asistencia, contratos colectivos, comités paritarios, son algunos de los documentos e informaciones que los empleadores deben registrar en la plataforma de acuerdo a lo consignado en un cronograma.
Según un informe que analizó los problemas de la plataforma, entre 2019 y 2020 no se planificaron las acciones para preparar y mejorar la infraestructura y el sistema digital de forma de atender el aumento en la carga de transacciones que se pronosticaba.
Pero, debido a los inconvenientes que el sistema ha mostrado, a los empleadores se les ha hecho difícil cumplir con los plazos iniciales para registrar la información.
Las complejidades
La dificultad de la tarea de subir datos se vio graficada en un informe de diagnóstico que recientemente elaboró el servicio -ahora bajo la administración el nuevo director, Pablo Zenteno- y que fue enviado al Ministerio del Trabajo.
En dicho escrito, se explica que la causa principal de la gran mayoría de los problemas técnicos que provocan las intermitencias en los servicios digitales del servicio, es principalmente el dimensionamiento insuficiente, “ya que no se planificaron entre el 2019 y el 2020 las acciones necesarias tendientes a preparar y mejorar, tanto la infraestructura ni tampoco el sistema digital, para poder dar cuenta del aumento en la carga de transacciones que se pronosticaba una vez que el Portal MiDT entrara en completa operación”.
A modo de ejemplo, en un inicio cada registro en el Libro de Remuneraciones tomaba seis minutos en procesarse. Tiempo de carga que si bien se mejoró con posterioridad, siguió siendo insuficiente debido a otros problemas de la plataforma.
Por estas razones, Zenteno decidió solicitarle al Ministerio del Trabajo y al mandatario, Gabriel Boric, prorrogar los plazos.
“Esto no significa que estemos postergando la modernización de la Dirección del Trabajo, estamos muy de acuerdo con avanzar hacia la modernización, pero nos dimos cuenta que no están las condiciones para ello en la infraestructura tecnológica”, explica Zenteno.
De acuerdo a lo autorizado por el mandatario, el registro de las informaciones en cuestión -a excepción de los contratos de trabajo cuyo plazo no puede modificarse ya que quedó consignado directamente en la Ley de modernización-, entrará a regir en un plazo de 20 meses desde que se publicó el decreto con el reglamento que determinó los documentos que los empleadores deberán mantener obligatoriamente en el portal de la DT.
En resumen, el REL entrará plenamente en vigencia en junio de 2023.
“Hoy no tenemos la capacidad para atender a los usuarios. Entonces, lo que esperamos es ganar este tiempo, preparar la plataforma, mejorarla, solucionar los problemas identificados”, explicó Zenteno.
Fuente: Diario Financiero, mayo 3 de 2022
El organismo permitirá obtener un certificado de indisponibilidad técnica a los empleadores que han tenido dificultades para cumplir con la exigencia.
Este sábado el plazo para que los empleadores registren los contratos de trabajo suscritos antes del 1 de octubre de 2021 en el Registro Electrónico Laboral (REL) en la plataforma electrónica de la Dirección del Trabajo. Sin embargo, pese a que ese es el plazo que estableció la Ley de Modernización de dicho servicio, muchos empleadores no han podido dar cumplimiento a la exigencia.
¿La razón? Las intermitencias en el funcionamiento de la plataforma han impedido que los empleadores puedan registrar los contratos.
“La Ley dice que los empleadores deben registrar hasta el 30 de abril todos los contratos de trabajo que haya suscrito antes del 1 de octubre de 2021, hemos tenido muchas dificultades en nuestras plataformas, no se adoptaron las medidas suficientes para tener todo el respaldo y el soporte tecnológico que nos permita registrar toda esa información”, cuenta el director del Trabajo, Pablo Zenteno.
Por este motivo, la Dirección del Trabajo abrió la posibilidad de obtener un certificado acreditador de esa dificultad a fin de que el empleador no sea objeto de las sanciones y multas previstas legalmente.
Según explicó Zenteno, lo que decidió el servicio fue implementar una solución “que dé un alivio” a los empleadores.
Así, a través de un certificado de indisponibilidad técnica -que se tiene que pedir en la página de la DT-, se constata que debido al fallo de la plataforma no se pudo cumplir con el plazo exigido por la Ley. “Esto va a permitir que los empleadores y empleadoras no sean multados, ni sancionados, porque sabemos que la plataforma tiene que funcionar para que puedan registrar esta información”.
Los empleadores podrán acceder a esta herramienta hasta el lunes 2 de mayo.
Consultado respecto a por qué no se amplió el plazo para dar cumplimiento a esta obligatoriedad, Zenteno explicó que ese es el plazo que quedó consignado en la Ley, y para modificarlo se debe impulsar un cambio legal. “Estamos tomando todas las medidas para dar solución a estos problemas”, agregó el director.
Para conseguir el certificado, el empleador debe ingresar a www.direcciondeltrabajo.cl, y allí ingresar a la plataforma MiDT y solicitarlo. El certificado se entregará independiente del número de contratos que no haya podido registrar. Luego, en un plazo máximo de tres días hábiles este certificado será enviado a la casilla de correo electrónico registrada por el empleador ante la Dirección del Trabajo.
Fuente: Diario Financiero, abril 29 de 2022
La ministra Jara señaló que los resultados del Informe Anual de Estadísticas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo estuvieron influidos por la baja tasa de comparación de 2020, año marcado por las restricciones a la movilidad.
El Gobierno dio a conocer este jueves el Informe Anual de Estadísticas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al año 2021, el cual reporta las cifras del ejercicio pasado sobre accidentabilidad en el trabajo, o en el trayecto, de fatalidades y de enfermadades de origen laboral.
Entre las principales conclusiones del estudio destaca que la tasa de accidentabilidad registrada el año pasado alcanzó a 2,6 accidente de trabajo por cada 100 trabajadores. Si bien el resultado representa un aumento de 0,4 punto respecto al período anterior, dicha alza se explica por la baja tasa de comparación de 2020, año en el cual las restricciones de movilidad y cuarentenas, producto de la pandemia, afectaron fuertemente el mercado del trabajo y la presencialidad laboral.
Sobre esto, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara señaló «es necesario destacar, más allá del alza puntual de 2021, la baja sostenida que ha presentado este indicador como tendencia durante los últimos diez años. Es algo positivo que nos permite señalar que hay una mejora en las condiciones y espacios laborales».
Por otro lado, los accidentes de trabajo aumentaron de 113.202 a 135.715 y afectaron, principalmente, a hombres, en el 72% de los casos, mientras que los accidentes de trabajo de las mujeres representaron el 28%.
Respecto de los accidentes en el trayecto, y dada la mayor movilidad experimentada por los trabajadores en 2021, se observó un incremento del 15%, llegando a 45.601 casos, casi 6 mil más que el año anterior. La diferencia por sexo en el caso de accidentes de trayecto es menor, siendo un 56% en hombres y un 44% en mujeres.
En cuanto a los accidentes laborales de trabajo y trayecto con resultado de muerte, se ve un aumento de 35 casos respecto al año 2020, alcanzando las 339 personas fallecidas en 2021.
En materia de enfermedades profesionales, el número de denuncias creció en 18,4% comparado con 2020, llegando a 241.968, en las que se incluyen los casos de covid-19 confirmados; covid-19 contacto estrecho y, en menor medida, covid-19 sospechosos.
No obstante, al excluir los casos asociados a coronavirus, igualmente se observa un alza de un 14,3% en las denuncias en el resto de los diagnósticos respecto al año anterior y de 18,9% respecto de 2019, año sin efectos ocasionados por la pandemia.
«Es necesario destacar, más allá del alza puntual de 2021, la baja sostenida que ha presentado este indicador como tendencia durante los últimos diez años. Es algo positivo que nos permite señalar que hay una mejora en las condiciones y espacios laborales»
Jeannette Jara, ministra del Trabajo
Respecto a la calificación de origen, del total de las denuncias el 67% fueron calificadas como de origen laboral, porcentaje mayor al 56% del año 2020 continuando la influencia de la cobertura del Seguro de los casos de covid-19 contactos estrechos, de covid-19 confirmados y covid-sospechosos, que en el 88%, 70% y 25% de las denuncias, respectivamente, fueron calificadas como de origen laboral.
Así, del total de enfermedades de origen laboral (excluyendo los casos de coronavirus por contacto estrecho y sospechosos), el 60,1% corresponde a casos de covid-19 confirmados, un 20,6% de casos de salud mental, un 8,3% a enfermedades musculoesqueléticas y un 10,9% asociados a otros diagnósticos. Si se excluyen los casos asociados a la pandemia que fueron confirmados, las enfermedades de salud mental representan un 51,5% del total de enfermedades laborales.
Las enfermedades laborales se distribuyen en un 40% en el caso de las mujeres y un 60% en el caso de los hombres.
Sin considerar los contagios por covid-19, los principales diagnósticos para las mujeres son las enfermedades de salud mental (64%), dermatológicas (15%) y musculoesqueléticas (12%). Para los hombres las principales enfermedades tienen relación a los diagnósticos de salud mental (38%), musculoesqueléticas (31%) y audiológicas (13%).
Fuente: Emol economía, abril 29 de 2022
Si en enero de 2023 el sueldo mínimo sube a $ 410.000, desde ese mes y hasta abril el aporte del gobierno será de $ 32.000 por cada funcionario.
Casi cinco horas estuvieron reunidas las autoridades del Ministerio de Economía -lideradas por el titular de la cartera, Nicolás Grau, y la susbecretaria Javiera Petersen- y los gremios de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyme) hasta que alcanzaron un acuerdo sobre el apoyo que se entregará a las firmas para que puedan pagar un salario mínimo más alto, que subirá un primer peldaño en mayo, y que en agosto llegará a $ 400.000.
Pasadas las 17:00, Petersen comenzó a leer lo convenido, que establece un subsidio base para las MiPyme de $ 22 mil por trabajador que antes de mayo ganaba el mínimo. El mismo aporte se entregará entre mayo y abril de 2023 si en enero el salario mínimo se mantiene en $ 400.000.
Pero, si se ajusta a $ 410 mil en enero de 2023 -lo que pasaría si la inflación supera el 7%-, el subsidio subirá a $ 32 mil, y los detalles serán especificados en un anexo.
La propuesta anterior del Ejecutivo planteaba que las empresas se hicieran cargo del aumento equivalente a la inflación, y que el gobierno subsidiara el “alza real”, o sea sobre el IPC.
El ministro reconoció que el que el subsidio sea estable y no dependa de la inflación de cada mes se acogió en pos de la mayor estabilidad para las MiPyme. Y aclaró que si una empresa contrata trabajadores cuando el beneficio ya esté vigente, va a subir el subsidio proporcionalmente a la cantidad de personas que contrataron.
Detalló que el monto total de la iniciativa también será mayor, pero que su costo fiscal estará especificado en el proyecto de ley que ingresará al Congreso mañana. Tanto el alza del salario mínimo como el subsidio a las MiPyme ingresarán como un mismo proyecto de ley.
Lo que sí se mantiene desde el plan original es que la Tesorería será la encargada de pagar el aporte, y que su entrega se hará de la misma forma que se hizo con el Bono PYME.
Otro punto clave para los gremios fue que en el acuerdo se incluyeran preocupaciones de largo plazo, que se comenzarán a abordar el viernes en el Consejo Consultivo PYME. Ahí se abordarán temas como la reducción de jornada laboral, la modificación de la Ley de Pago a 30 días, la reforma a la Ley de Compras Públicas, y las medidas anunciadas en el plan “Chile Apoya”. El gobierno también se comprometió a estudiar alternativas de refinanciamiento de los Fogape adquiridos en pandemia.
Los que no firmaron
Firmaron el acuerdo la Asech, Conupia, CNDC, la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, Asexma, Convergencia Nacional de Gremios Pyme y Cooperativas de Chile, Unapyme, Aneet Chile, y Mipymes A.G.
La Multigremial Nacional de Emprendedores, Fedetur y Conapyme decidieron restarse de la firma. El primer gremio valoró la instancia de diálogo, pero no estuvieron de acuerdo con la propuesta final, ya que acusan que el gobierno no se está haciendo de cargo de toda la inflación de 2022.
Su presidente, Juan Pablo Swett, agregó que “el subsidio debe prolongarse por mucho más tiempo que un año, porque si no en abril de 2023 las MiPyme tendrán un aumento mucho más fuerte del salario mínimo del que no podrán hacerse cargo”.
Según detallaron dirigentes PYME, uno de los puntos que retrasó la discusión fue que el gobierno planteó que el subsidio fuera decreciendo en el tiempo. Puntualmente, se proponía que en mayo el aporte del gobierno fuera de $ 15.000, pero fuera bajando los dos meses siguientes. En agosto -cuando se llegara a los $ 400.000- el subsidio volvería a subir, ahí a $ 29.000, pero iría disminuyendo hasta abril de 2023.
La idea de que el subsidio fuera decreciendo no fue bien recibida por los dirigentes PYME, y finalmente las partes optaron por un monto fijo a lo largo del tiempo -como impulsaban algunos gremios-, y no por ajustar el subsidio cuando se produzca el aumento general en agosto.
El ministro Grau destacó que “el resultado de este subsidio que estamos haciendo para las MiPyme es no solamente un buen acuerdo por quienes lo componen, sino que el diseño ahora es mejor”. Destacó que “cuando se conversa con quienes están a cargo de emprendimientos, con quienes están ahí, mejora la política pública”, y agregó que “el hecho de tener un Gobierno que escucha y que tiene participación social y que escucha a los gremios no es un asunto cosmético”.
“Estamos convencidos de que un proyecto que aumenta el salario mínimo y que está firmado por la CUT y el mismo proyecto tiene un acuerdo con las MiPyme para ayudarlos a cubrir ese aumento, es una señal importante para el país de que somos capaces de ponernos de acuerdo y una señal importante para el Parlamento”, insistió la autoridad.
Fuente: Diario Financiero, abril 28 de 2022
Ya se ha recuperado cerca del 90% de los puestos perdidos debido a la pandemia. De hecho, los trabajos formales en la industria manufacturera retornaron a niveles previo al Covid-19.
La cifra significó un descenso de 2,6 puntos porcentuales (pp.) frente al mismo lapso de 2021, dado que el alza de la fuerza de trabajo (5%) fue menor a la presentada por las personas ocupadas (8%), dijo el INE en un comunicado.
Así, en los primeros tres meses del año, se crearon 59.630 empleos. Se trata del décimo aumento consecutivo después de las caídas que se observaron durante los trimestres móviles febrero – abril 2021 y marzo – mayo 2021, hace casi un año.
Con respecto al punto más bajo observado en 2020 (trimestre mayo – julio), los datos permiten ver que se ha registrado un aumento acumulado de 867.239 hombres y 748.955 mujeres ocupadas, lo que deja un alza total de 1.616.194 personas ocupadas a nivel nacional. En suma, ya se ha recuperado el 87,2% de las plazas laborales que se perdieron como consecuencia de la paralización económica que generó la crisis sanitaria.
“Es el nivel más alto de recuperación”, dijo la directora del INE, Sandra Quijada, agregando que actualmente existe un repunte importante de personas que han entrado a la fuerza de trabajo y algún porcentaje que ha transitado a la inactividad habitual.
Al observar los datos sin ajuste estacional, se constata un aumento acumulado de 903.169 ocupaciones formales y 821.200 informales, lo que deja un alza total de 1.724.369 personas ocupadas.
Como contraparte, las personas desocupadas disminuyeron un 20,9%, incididas por quienes se encontraban cesantes (-23,1%) y por aquellas que buscan trabajo por primera vez (-0,2%).
¿Quiénes impulsaron las cifras?
El alza de las personas ocupadas fue incidida por las mujeres (10,5%) y luego por los hombres (6,2%).
Por sector económico, el aumento de la población ocupada fue incidido por comercio (9,9%), actividades de salud (15,6%) y construcción (11,4%).
Quijada también destacó la recuperación de trabajos formales en los sectores de industria manufacturera, en donde se superó el nivel previo a la pandemia (131,9% de ocupados) y actividades de salud que fue uno de los pocos sectores que en el peor momento de la pandemia registró aumentos en vez de disminuciones.
Bajo la lupa de la categoría ocupacional, en el resultado influyó el crecimiento de las personas asalariadas formales (7,9%) junto con por el segmento de cuenta propia (8,2%) e informales (9,7%).
En este contexto, de hecho, la tasa de ocupación informal alcanzó 27,3%, lo que implicó un incremento de 0,6 pp. en doce meses, con avances sobre 10% tanto en hombres como mujeres.
Participación laboral
En doce meses, las tasas de participación y desocupación se situaron en 59,5% y 54,9%, respectivamente, lo que implicó aumentos de 2,2 pp. y 3,5 pp., en cada caso.
En tanto, la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 4,1%, influida únicamente por las personas inactivas potencialmente activas (-29,7%).
Con relación a los inactivos potencialmente activos, los datos mostraron que éstos mantuvieron su dinámica decreciente en 12 meses. Así, totalizaron 850.820 personas, lo que significó una disminución respecto al trimestre móvil anterior de 4,4% (38.734 personas).
En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, ascendió 11,2%.
De igual modo, el promedio de horas trabajadas creció 3%, llegando a 36,5 horas. Según sexo, el promedio para los hombres fue 38,9 y para las mujeres, 33,1 horas.
Diferencias respecto a la encuesta de la UC
Consultada respecto a los datos que ha mostrado el sondeo realizado por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, Quijada enfatizó que se trata de mediciones distintas que no deben ser comparadas debido a utilizan metodologías diferentes.
Según explicó la directora del INE, ellos como servicio muestran en sus datos “un dinamismo más parsimonioso”, debido a la metodología y los periodos analizados. “Nosotros monitoreamos el dinamismo del mercado laboral durante todo el periodo, no durante un periodo puntual, no con una foto tan acotada como lo hace la encuesta de la UC”.
Así, Quijada enfatizó que, si bien los dos instrumentos aportan a mirar lo que está pasando en el mercado laboral, “la estadística oficial es la del INE, y tiene una película de lo que pasa durante el trimestre más que una foto puntual”.
En la conferencia realizada por la directora, también se refirió al proceso de trabajo en torno al Censo 2023: “Estamos trabajando para que eso suceda durante el próximo año, y este año estamos trabajando la prueba censal”, dijo, agregando que prontamente se entregarán más antecedentes al respecto.
Fuente: Diario Financiero, abril 28 de 2022