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Noticias: Justicia laboral; El nuevo "karma" que agita a empresarios y gobierno... ad portas de la presidencial

Gobierno, privados y parlamentarios trabajan aceleradamente para consensuar una iniciativa sobre el llamado nuevo procedimiento laboral, y evitar de esta forma la guerrilla que desató la reforma laboral I, promovida en 1999 en las postrimerías del gobierno de Eduardo Frei.

La historia parece repetirse. Nuevos cambios a la legislación laboral están en curso y, quiérase o no, coinciden con el ingreso a la recta final de la elección presidencial de diciembre. Y, una vez más, los empresarios y su ejército de asesores laborales y legales, miran atemorizados. Pero esta vez con un elemento diferenciador...

Ambos, gobierno y privados, más los parlamentarios involucrados en su tramitación, trabajan aceleradamente para consensuar una iniciativa sobre el llamado nuevo procedimiento laboral, y evitar de esta forma la guerrilla que desató la reforma laboral I, promovida en 1999 en las postrimerías del gobierno de Eduardo Frei.

Así ocurrió la semana pasada en Valparaíso, con contactos entre el ministro del Trabajo, Yerko Ljubetic, y el presidente de la comisión ad hoc, el UDI Carlos Bombal. Y volvieron a repetirse, con mayor frecuencia e intensidad, esta semana en Santiago, con reservadas reuniones en el Ministerio del ramo con representantes de la comisión Laboral de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

De lado y lado saben que trabajan a contrarreloj. La iniciativa, aprobada ya por la Cámara y en general por el Senado, cumple su segundo trámite en la Comisión del Trabajo de la Cámara Alta. Con alrededor de ¡250! indicaciones ingresadas a trámite, su discusión se retomará el próximo 4 de octubre.

El proyecto forma parte de un paquete mayor: Reforma Procesal Laboral. De ella, a su vez, se desprendieron otros 3 proyectos complementarios, de los cuales 2 ya son ley: Uno establece normas para agilizar la cobranza previsional, y otro aumenta el número de Juzgados del Trabajo y crea jueces especiales para la cobranza laboral y previsional.

"Queda el tercer y último proyecto, que estamos discutiendo ahora, de procedimiento laboral. Ese es el que falta y el que ha generado más controversia", comentan en el sector privado.

En el gobierno están conscientes de aquello y de antemano rechazan cualquier intencionalidad política en la actual tramitación de la iniciativa, ad portas de la presidencial 2005. "El proyecto ha tenido una larga tramitación en el Parlamento, pero no por responsabilidad del Ejecutivo sino por la actitud que en su minuto tuvo la oposición. Estamos haciendo nuestros mayores esfuerzos para concluir cuanto antes su trámite", señala el ministro Ljubetic.

Peros... y contra-peros

El proyecto busca, en lo esencial, sustituir el actual procedimiento laboral, principalmente escrito, por uno de carácter oral. Una de las disposiciones establece la obligación de que la audiencia de contestación, conciliación, prueba y fallo, deba desarrollarse en su totalidad ante el juez de la causa, so pena de nulidad.

En el empresariado admiten que los juicios laborales en Chile son excesivamente largos, pero de inmediato disparan. Sostienen que sus efectos se neutralizan por la escasa cantidad de jueces.

Una de las leyes —ya en vigencia— creó 9 jueces especiales de cobranza laboral y previsional, y duplicó el número de jueces laborales de 20 a 40. El problema en este punto, explican, es mayúsculo, porque la modificación intenta recoger la experiencia española, donde existen 320 de estos tribunales para 40 millones de españoles, "y en Chile sólo habrá 40 para 16 millones. Por lo menos debería ser el triple".

Otro dato decidor: La Reforma Procesal Laboral representa sólo un 3,8% de todo lo que se gastó para implementar la Reforma Procesal Penal.

Ljubetic replica que la extensión de la cobertura no está dada sólo por duplicar el número de tribunales especializados, sino que en virtud del resto de las medidas de la Reforma Procesal Penal, de la nueva justicia familiar y la desjudicialización de algunos trámites, como el de posesión efectiva, otros juzgados de letras estarán en condiciones de absorber una eventual mayor demanda de juicios laborales.

Y no sólo eso, acota, ya que la distribución de los nuevos tribunales fue "rigurosamente técnica", considerando los promedios estadísticos de ingreso de causas. Además, cada 3 años los ministerios del Trabajo y Justicia evaluarán la situación de carga de los tribunales.

Adicionalmente, el proyecto contempla un nuevo procedimiento especial de tutela de los derechos fundamentales del trabajador, que puede concluir incluso con la obligación de reintegrar al trabajador despedido. En obras palabras, "caeríamos en la nulidad del despido", critican en el sector privado.

Eduardo Riesco, fiscal de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), lo explica: "El derecho legal para despedir a un trabajador por necesidades de la empresa queda en entredicho o pasa a ser un acto inconstitucional y reclamable. El trabajador queda así amparado por una virtual inamovilidad".

Para la autoridad este punto es intransable, porque, en opinión de Ljubetic, la legislación tiene que hacerse cargo de fenómenos emergentes. Cada vez, agrega, es más frecuente que determinados derechos laborales no tienen formas especiales de ser protegidos, como la violación del principio de privacidad, intimidad, libertad de opinión o discriminación, "que tienen que tener un modo adecuado y efectivo de tratarse".

Otro pero empresarial: La iniciativa legal reemplaza el recurso de apelación contra la sentencia definitiva por uno de nulidad, que procede sólo en casos muy limitados. "Resulta preocupante no contemplar la opción real de recurrir a una instancia superior, como es tradicional en el sistema judicial chileno", dijo el propio presidente de la CPC, Hernán Somerville.

Aquí el titular del Trabajo es también categórico. El problema que tenemos hoy, detalla, "es extremadamente grave por la duración de los juicios en segunda instancia, que es utilizada por muchos empleadores para dilatar por otros 2 o 3 años estos juicios y provocar una presión sobre el trabajador que lo impulse a retirar o transar su demanda".

"Lo que estamos proponiendo —explica Ljubetic— no es eliminar la segunda instancia sino que sea a través de recursos apropiados a través de un procedimiento oral. Es decir, por discrepancias en cosas de derecho, jurídicas; no fácticas. Por eso hemos planteado el recurso de nulidad".

¿En vías de acercamiento?

La pista, por lo visto, podría venir dura, pero el pololeo parece ir bien encaminado, sensación que respiraron ambas partes tras los flirteos de esta semana.

El propio ministro Ljubetic lo confirma: "Hay buenas perspectivas de avance. Convinimos dedicar estas 2 semanas previas a que se retomen las sesiones a generar las conversaciones político-técnicas que nos permitan despachar con rapidez el proyecto".

Coinciden en el empresariado: "Hay algunas que se están analizando discutiendo. Es perfectamente posible, en el plazo que nos queda, encontrar una salida".

¿En qué concretamente? "Que en vez de ser una audiencia única, exista una doble audiencia. El gobierno presentó una indicación en ese sentido", explica un dirigente empresarial, acotando que la audiencia única era negativa porque limitaba significativamente el derecho al debido proceso.

Para el empresariado también hubo avances en la instauración de una audiencia previa, es decir, "antes de esta única audiencia en que se iba a resolver este procedimiento, se establece un trámite previo. Eso la indicación lo acoge, y lo acoge bien", comenta la misma fuente.

Y donde al parecer deberán desplegar un esfuerzo mayúsculo es en lo referido al punto de la tutela de los derechos fundamentales del trabajador, ya que las conversaciones podrían derivar en el establecimiento de una suerte de catálogo de derechos constitucionales específicos de los trabajadores, para evitar por ejemplo su despido por discriminación. "Es uno de los temas a través de los cuales podríamos despejar estas aprensiones", señala el titular del Trabajo.

Fuente: La Segunda

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