A través de una declaración suscrita desde el PPD hasta el PC se establecen cuatro puntos que permitirían «salvar vidas, otorgar protección para las familias y cuidar la economía».
Tras haber sostenido este lunes una reunión con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, de cara a una nuevo paquete económico para enfrentar los efectos del COVID-19, los timoneles de la oposición suscribieron hoy una declaración pública con una serie de medidas que estiman indispensables para enfrentar la crisis, entre las que incluso mencionan salvar de la quiebra empresas estratégicas o de importancia para el país.
En esta nueva propuesta opositora, los partidos restringen las necesidades más imperiosas a cuatro puntos que de implementarse permitirían «salvar vidas, otorgar protección para las familias de Chile y cuidar la economía», señalan.
En sentido, proponen resguardar los ingresos de las familias a través de una Renta Básica de Emergencia, Seguro Familiar u otro instrumento, para todos quienes se queden sin ingresos, hasta el final de la emergencia; la postergación de pagos y prohibición de corte de los servicios básicos mientras dure la emergencia sanitaria y de cuotas de créditos hipotecarios, estudiantiles u otras, sin intereses, contraídas con Bancos e instituciones financieras, casas comerciales; y, proteger a las PYME, empleos y economía, «evitando una recesión más profunda y duradera», a través de un proyecto de ley de apoyo estatal a las empresas en período de crisis, que debería ser ingresado al Congreso con urgencia.
Por último, los representantes de los partidos de oposición, plantean cuidar los empleos, prohibiendo el despido de trabajadores «y de ser necesario, salvando empresas estratégicas o de importancia para el país de la quiebra, evitando efectos negativos en el resto de la población mediante inyección de recursos a cambio de adquisición por parte del Estado de participación en el mayor valor de dichas empresas rescatadas».
En una de las declaraciones de más amplio respaldo de la opositor, los firmantes de la declaración son Carlos Maldonado, presidente Partido Radical; Álvaro Elizalde, presidente Partido Socialista; Heraldo Muñoz, presidente Partido por la Democracia; Catalina Pérez, presidenta Revolución Democrática; Gael Yeomans, presidenta Convergencia Social; Javiera Toro, presidenta Partido Comunes; Luis Felipe Ramos, presidente Partido Liberal; Guillermo Tellier, presidente Partido Comunista; Jaime Mulet, presidente Partido Federación Regionalista Verde Social; Camilo Lagos, presidente Partido Progresista; y Fuad Chahín, presidente Partido Demócrata Cristiano.
Fuente: Diario Financiero, abril 07 de 2020
Sergio Lehmann
Cuando todo sugería que la economía mundial mostraría un buen dinamismo, de la mano del acuerdo comercial entre EEUU y China, llegó con una fuerza inusitada el coronavirus que ha paralizado parte importante de la actividad económica global. Enfrentamos un complejo escenario que conllevará un costo económico elevado, con alto impacto en el mercado laboral y en las empresas, especialmente en pequeñas y medianas, que por su naturaleza son más vulnerables.
La recesión mundial ya es un hecho y, como respuesta, buena parte de los países han implementado masivos estímulos. Del lado monetario, las tasas de interés han alcanzado nuevos mínimos históricos, al tiempo que se ha buscado fortalecer el canal crediticio. Los planes del lado fiscal involucran cifras siderales, de entre 5% a 20% del PIB dependiendo de la economía, buscando proteger a los sectores más expuestos. Así, han comenzado a escribirse nuevos capítulos en los textos de economía.
Por lo pronto, en materia sanitaria la estrategia apunta a acorralar al Covid-19 de forma de reducir los contagios y superar la emergencia. Mirando hacia adelante, surgen lecciones que debemos asumir con responsabilidad, al tiempo que comienzan a instalarse cambios culturales profundos en nuestra sociedad. Como bien decía Einstein, en una de sus tantas célebres reflexiones: «En las crisis nace la inventiva, la creatividad». Sin crisis, no hay desafíos. Debemos trabajar duro, especialmente una vez que retomemos la normalidad, de forma de recuperar con rapidez la actividad económica.
A nivel global, la magnitud del impacto sanitario y económico que estamos sufriendo muestra que no estábamos preparados para lo que vino. Al inicio se actuó con displicencia, lo que ha conducido a situaciones muy duras en algunos países. En palabras de Yuval Noah Harari: «Hemos sido testigos de un rotundo fracaso colectivo de liderazgo mundial». El nacionalismo que ha emergido con fuerza en algunos países ha socavado la cooperación internacional como estrategia para enfrentar una crisis de esta naturaleza. Puede ser que aprendamos la lección y se refuerce la globalización como el camino para avanzar hacia el desarrollo, contrariamente a lo que algunas voces han comenzado a pregonar, y se fortalezca la seguridad sanitaria.
La cuarentena que se ha ido aplicando selectivamente en nuestro país, así como las restricciones impuestas al comercio, van a cambiar de forma definitiva la manera en que trabajamos y nos relacionamos. Se advertían ya avances en el uso de aplicaciones digitales, al tiempo que se fortalecían los canales de distribución, a veces tímidamente, mientras el teletrabajo aparecía como algo excepcional. Pues a contar de ahora, esa evolución se acelerará dramáticamente. Como nunca, las empresas deben prepararse velozmente a un cambio cultural inminente. Algunas se han adelantado, producto de la adaptación que sobre la marcha han debido hacer dado el escenario que dibuja la crisis.
Hemos enfrentado este tremendo shock en medio de la crisis social, y por tanto en una posición económica debilitada. Esto nos debería llevar a la reflexión, dando cuenta de los elementos más esenciales de una sociedad. Debemos valorar con mayor fuerza la institucionalidad, la cooperación, el respeto por el prójimo, de forma de fortalecer los pilares que nos permitan responder efectivamente a situaciones complejas y no comprometer nuestro camino al desarrollo. Vemos, entonces, que se han abierto oportunidades en este escenario desafiante; no dudemos en hacerlas propias.
Fuente: Diario Financiero, abril 06 de 2020
Un 91% de los encuestados estima algún nivel de impacto. Análisis constata que las compañías fomentan el teletrabajo y el 52% de los directores indica que su primera prioridad ha sido la seguridad y bienestar de los colaboradores.
No hay empresa en el mundo que, dentro de sus mapas de riesgo, contemplara algo como lo que está sucediendo hoy, reconoce Alfredo Enrione, director del Centro de Gobierno Corporativo y Sociedad del ESE Business School, de la Universidad de los Andes.
El organismo realizó un estudio para conocer qué están haciendo las empresas nacionales ante la crisis sanitaria y sus expectativas, el que contó con la participación de 60 directores a través de videoconferencia y dos líderes del Boston Consulting Group, una encuesta online y conversaciones con directivos, altos ejecutivos y consultores.
Entre las principales conclusiones del análisis, está que las firmas están pasando por tensiones importantes en el cortísimo plazo, las que –explica Enrione- están relacionadas con “cómo continuar con sus operaciones para salvar la empresa y seguir sirviendo a sus clientes, y, por otro lado, cuidar a su gente y su salud”.
En el primer punto, agrega que “el foco está en sostener la continuidad operacional mediante el uso de tecnologías y nuevos sistemas, reforzando la capacidad de suministros, por ejemplo”, mientras que para lo segundo se han ido implementando protocolos para evitar contagios, asistencia médica y home office.
De hecho, según el estudio, el 39% de los participantes reconoció que, en sus empresas, entre el 51% y 100% de sus colaboradores están en modo teletrabajo, mientras un 39% reconoció que entre el 25% y 50% está operando en esa modalidad.
“La tecnología ha sido clave en términos de poder mantener una comunicación. Probablemente va a ser la tecnología la que nos va a ayudar a tomar decisiones sobre cómo podemos volver a ir retomando la actividad, cómo proteger a nuestra gente, definir a qué personas es conveniente protegerlas en sus casas y qué empleados podrán ir volviendo a los lugares de trabajo poco a poco”, anticipa Enrione.
La crisis –agrega- “está acelerando a una velocidad inimaginable todo el proceso de transformación digital que las empresas habían planificado, pero que estaban llevando de forma más gradual”.
No es un shock de corto plazo
Sin embargo, la visión de lo que significará esta crisis en el futuro de la organización no es positiva. Un 91% de los consultados estiman que tendrá un efecto negativo o muy negativo en el valor de la empresa en la que participan.
Además, retomar el normal funcionamiento no será cosa de semanas. El 64% estima que tomará entre tres y seis meses; el 20% entre seis y 12 meses, mientras 13% opina que el proceso se extenderá por más tiempo.
“La duración de la crisis evidentemente tiene, y tendrá, un impacto en el valor de las empresas. Hasta el minuto, se observa que la crisis está siendo larga y, por esto, va a tener un efecto duradero. De hecho, muchas empresas -particularmente medianas y pequeñas- es probable que desaparezcan. Esto no es un shock de corto plazo, sino que es algo que nos va a impactar por un buen tiempo”, indica.
Enrione agrega que las empresas se están centrando –después de los temas de seguridad, salud y continuidad operacional- en proteger la liquidez y la caja.
“Esta es una tremenda prioridad, porque es una manera de ganar oxígeno y poder sobrevivir bajo el agua, en momentos donde no hay ingresos o están muy mermados. La caja es el oxígeno que mantiene a las compañías sobreviviendo”, recalca el experto, quien detalla que 13% de los directores señalan que su principal prioridad de las últimas semanas ha sido preocuparse de la liquidez y de la cadena de pago.
La comunicación con los representantes de empresas dio cuenta de que ha existido una preparación de la caja para escenarios de restricción de liquidez y potenciales problemas de la cadena de pago, por ejemplo, realizando pruebas de estrés financiero con distintos supuestos.
Fuente: Diario Financiero, abril 06 de 2020
¿Sabía qué?
- Las exportaciones chilenas de servicios no tradicionales totalizaron US$1.279 millones en 2019, lo que equivale a un alza anual de 6,6%, alcanzando así el máximo histórico de las exportaciones de este sector.
- Desde 2003 a 2019, los envíos se han septuplicado creciendo a una tasa promedio anual de 12,4%.
- Las empresas exportadoras de servicios pasaron de 202 en 2003 a 690 en el último año, mientras que la cantidad de destinos se expandió de 64 en el año 2003 a 137 en 2019.
- Las exportaciones de servicios no tradicionales equivalen al 3,5% de los envíos no cobre del país y cerca del 13% de la fuerza laboral exportadora (aproximadamente 161 mil personas).
- El mercado de destino más relevante para las exportaciones chilenas de servicios es la Alianza del Pacífico con el 34% de participación, le siguen Estados Unidos (28%) y la Unión Europea (13%).
- En 2019, la Región Metropolitana, acumuló el 80% de las exportaciones nacionales de servicios, porcentaje equivalente a más de US$ 1.021 millones. Le sigue Valparaíso con el 10% (US$ 70 millones) y Biobío con el 6% (US$ 21 millones).
- Los servicios que marcaron récord histórico durante el 2019 fueron Tics, Servicios Financieros (US$134 MM), Investigación y Desarrollo (US$ 58 MM) y Servicios de Publicidad (US$ 11 MM).
Fuente: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, abril 06 de 2020
Esta medida reduce el costo de consumir electricidad en ciertos horarios y permite a las empresas reacomodar mejor sus turnos de operación a las restricciones generadas para
A las facilidades de pago que están ofreciendo las empresas para que el 40% más vulnerable de la población pueda cancelar las cuentas de la luz, el Gobierno sumó una nueva medida para enfrentar los impactos económicos y sociales que está provocando la expansión del coronavirus en Chile, luego de que diversos actores presionaran para discutir en torno a las denominadas «horas punta».
Tras el análisis técnico de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, anunció la noche de este viernes que se determinó postergar la entrada en vigencia de las tarifas de horas punta hasta junio y mantenerla hasta fines de septiembre, como es habitual.
Las horas punta son aquellas en las que el sistema eléctrico presenta sus mayores niveles de consumo. Actualmente, estas corresponden al período comprendido entre las 18.00 y 22.00 horas, entre abril y septiembre. Esta medición comenzaba a regir el 1 de abril, por lo que estudiar cambios en esta materia, exigía una pronta respuesta por parte de la autoridad.
El control de demanda en horas de punta entrega una señal de precio en períodos de mayor exigencia del sistema, para que los clientes racionalicen su consumo eléctrico. También, la importante caída que ha tenido la demanda eléctrica en las últimas semanas –alrededor de 10%- genera la holgura necesaria para liberar esta medición de forma excepcional.
«Esta medida excepcional tiene dos beneficios: por una parte, será un alivio económico para muchas pymes, industrias y comercios que podrán seguir operando de acuerdo a las tarifas estándar, sin el recargo de las horas punta. Esto redunda en un fuerte impulso a la economía en tiempos de crisis como los que estamos viviendo», explicó Jobet en un comunicado.
La autoridad agregó que, además, a nivel de clientes residenciales, esta medida es un alivio en la cuenta de la luz, al eliminar el recargo de invierno durante abril y mayo. «Hay que considerar que las personas están pasando más tiempo en sus casas, por lo que es esperable que consuman más energía», indicó.
Según explicó, «existen industrias que no pueden parar frente a la crisis porque cumplen roles esenciales para el abastecimiento y la tranquilidad de todo el país». Por esto, con esta medida excepcional «estamos contribuyendo a mantener la cadena de abastecimiento para las familias chilenas».
«Contactadas tras esta decisión, a efectos de coordinar con ellas su correcta puesta en marcha, las empresas del sector eléctrico manifestaron su disposición a contribuir al éxito de esta medida excepcional y extraordinaria, entendiendo el complejo momento que vive el país», detalló el secretario de Estado.
Fuente: Diario Financiero, abril 04 de 2020
En un contexto en el que cada mes con restricciones le puede restar un 1% al PIB, dijo que el nivel de tasa de 0,5% se mantendrá por más de un año.
El presidente del Banco Central, Mario Marcel, reiteró ayer su expectativa de que la economía local comenzará a dejar en el tercer trimestre de este año los nocivos efectos de la expansión del coronavirus, y que dicha recuperación se extenderá hasta los siguientes.
En el marco de una teleconferencia con socios y ejecutivos de Icare, el economista profundizó en el contenido del Informe de Política Monetaria (IPoM) que presentó el miércoles ante la comisión de Hacienda del Senado, el cual asume que el Producto Interno Bruto (PIB) acusará una caída de 1,5% a 2,5% este ejercicio para luego crecer entre 3,75% y 4,75% en 2021 y de 3% a 4% en 2022.
Dentro de los elementos a considerar para el repunte destacó que“este es un shock que frena muy rápido la actividad, que afecta a las cadenas logísticas, a las empresas, pero que no destruye necesariamente capital y empleo”. Esto último, advirtió, es lo que se debe evitar, por lo que es fundamental “cómo nos manejamos durante estos meses”.
Así, reiteró que el mayor daño a la economía se registrará en el segundo trimestre del año, conforme se mantengan las actuales medidas más restrictivas de aislamiento social. Sus cálculos apuntan a que por cada mes que persista este escenario de cuarentena -que incluye la obligatoriedad de confinamiento en algunas comunas del país-, se pierde alrededor de 1% del PIB del año, lo que significará caídas en la actividad mensual de 12% o 14%. De hecho, mencionó que en la segunda mitad de marzo la contracción de la actividad fue mayor a la que se registró en la segunda quincena de octubre, posterior al estallido social.
“Proyectar una recuperación rápida descansa en que la mayoría de las empresas y los trabajadores sean capaces de retomar sus actividades, a medida que se controla la expansión del virus y se van retirando las medidas de control”, señaló.
En este escenario, el presidente del ente emisor reparó en dos aspectos centrales para que se dé: el primero, es mantener encauzado por la vía institucional el conflicto social; y, el segundo, es evitar la quiebra de empresas para que no se origine un deterioro profundo en el empleo.
En este último punto, reconoció que el financiamiento hacia las personas y las empresas es fundamental. “Si al final, cuando se terminen estas medidas restrictivas, tenemos a las empresas en pie y tenemos a los trabajadores listos para volver a su trabajo, aun cuando esto sea de manera gradual, la recuperación de la actividad puede ser relativamente rápida”, destacó.
A su juicio, el problema al que hoy se enfrentan los gobiernos y los bancos centrales en el mundo, es evitar que se origine un efecto dominó desde el shock que reciben las empresas hacia el sector financiero.
Ante esto, mencionó que la alternativa de que se le permita al ente emisor comprar bonos del Fisco en el mercado secundario reforzaría aún más su labor.
En este contexto, señaló que el actual nivel de 0,5% de la TPM está en el mínimo técnico para el sistema financiero local y en “el límite de lo prudente”.
Explicó que a diferencia de otros países el mínimo técnico de TPM no es 0% por las características del sistema financiero chileno que si bien es un mercado profundo en comparación con el de países emergentes, no llega a los niveles de aquellos más desarrollados.
A su vez dijo que el actual nivel de tasa “extraordinariamente baja” se mantendrá probablemente por más de un año, lo que ayudará a estimular la economía.
“Hemos dado una señal de persistencia del impulso expansivo de la economía, que no es para el próximo mes, no es hasta la próxima RPM, no es hasta el final de las medidas de contención sanitaria”, señaló.
Fuente: Diario Financiero, abril 03 de 2020
Estimados socios:
Junto con saludarlos, y esperando que se encuentren bien y tomando las precauciones necesarias para evitar los riesgos de contagio por COVID-19, me comunico con ustedes para informarles que durante esta jornada se le hizo llegar al ministro de Energía, Sr. Juan Carlos Jobet, una petición formal a nombre de ASIMET para expresarle la preocupación que aqueja a nuestras empresas asociadas en relación al inicio de la aplicación de la tarifa eléctrica de hora punta, a contar de hoy 1 de abril de 2020.
En la misiva, se le explicó a la autoridad que el sobrecargo tarifario en horas peak atenta contra una de las medidas más efectivas que se encuentran realizando nuestras empresas para disminuir el contagio, que son los turnos espaciados durante toda la jornada laboral para evitar aglomeraciones de personas en un mismo lugar, para así poder mantener la distancia social de al menos un metro, como lo ha recomendado la autoridad sanitaria.
Por otra parte, se le hizo ver al ministro que las cuarentenas voluntarias y obligatorias decretadas por la autoridad han tenido una grave repercusión en la producción de los bienes y servicios que ofrece nuestra industria, que en gran parte es proveedora de sectores productivos considerados estratégicos en estas horas de emergencia, como el alimentario, el de servicios básicos (agua potable, gas, energía eléctrica) y salud (tanto de gases industriales como medicinales, como el oxígeno demandado por la red hospitalaria), entre otros.
“De aplicarse la tarificación de invierno, que implica alzas considerables en los costos de energía, con nuestras empresas a media marcha -dadas las actuales circunstancias- sería muy difícil mantener activas nuestras líneas de producción, y nuestra capacidad de reacción para abastecer a nuestros clientes frente a eventuales futuras emergencias quedaría muy mermada”, señala la carta.
Atendidas estas razones, y considerando que la salud y el bienestar de las personas deben ser la mayor preocupación del Gobierno, le solicitamos formalmente al ministro el aplazamiento o suspensión de la aplicación de la tarifa eléctrica de hora punta, pues su puesta en marcha, además de generar costos que, en las actuales circunstancias, serían muy complejos de solventar por parte de la industria metalúrgica y metalmecánica, provocaría también efectos no deseados en relación a los riesgos de contagio.
Esperamos tener una buena acogida a esta petición por parte del ministro Jobet. Cualquier información que tengamos al respecto se las haremos llegar a la brevedad.
Les mando un abrazo, confiando en que juntos seremos capaces de superar estos momentos difíciles.
Dante Arrigoni C.
Presidente ASIMET
Abril 01 de 2020
ASIMET – 81 años apoyando el desarrollo de la industria nacional
Para construir juntos un Chile Industrial
Ley que faculta el acceso a prestaciones del Seguro de Desempleo
Objetivo: Establecer medidas extraordinarias y de carácter transitorio, para proteger la estabilidad de los ingresos y las fuentes laborales para un grupo importante de trabajadores que no pueden prestar servicios o deben ajustar sus jornadas de trabajo a causa de la enfermedad Covid-19.
Los trabajadores acceden a prestaciones y complementos con cargo a las prestaciones de cesantía cuando exista: 1) suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad; 2) pacto de suspensión del contrato de trabajo; o 3) pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo.
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR ACTO DE AUTORIDAD
Cuando exista un acto de autoridad que establezca medidas sanitarias o de seguridad que impliquen la paralización de las actividades económicas se suspenden temporalmente, de pleno derecho y por el solo ministerio de la ley, los efectos de los contratos individuales de trabajo. Lo anterior, salvo pacto en contrario de las partes que implique continuar prestando servicios, que deberá constar por escrito.
¿Qué obligaciones tiene el empleador?
Los empleadores deben continuar pagando cotizaciones previsionales y de salud, únicamente excluyendo las de la ley de accidentes del trabajo, las que se calcularán sobre el 50 por ciento de la remuneración que sirve de base para el cálculo de la prestación, durante el período que dure la suspensión del contrato. Además, durante este período, no se podrá despedir a los trabajadores salvo la causal de necesidades de la empresa.
*Se permite a los empleadores pagar la cotización de pensiones dentro los doce meses posteriores al término de la vigencia de la norma y que no se les aplique intereses, reajustes y multas.
¿Quiénes pueden acceder?
Los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, afiliados al Seguro de Desempleo que registren:
- 3 cotizaciones continuas en los últimos tres meses inmediatamente anteriores; o
- 6 cotizaciones continuas o discontinuas durante los últimos 12 meses, siempre que a lo menos registren las últimas 2 cotizaciones con el mismo empleador en los 2 meses inmediatamente anteriores.
¿Qué trabajadores quedan excluidos del beneficio?
- Los trabajadores que no se rijan por el Código del Trabajo y aquellos que no estén afiliados al Seguro de Desempleo;
- Los que hayan celebrado con su empleador un pacto que permita asegurar la continuidad de la prestación de los servicios con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley; y
- Los que se encuentren percibiendo subsidio por incapacidad laboral, cualquiera sea la naturaleza de la licencia médica o motivo de salud que le dio origen, durante el tiempo en que perciban dicho subsidio.
¿Cómo se solicita?
El empleador debe solicitar el beneficio ante la AFC por su o sus trabajadores. Esta solicitud deberá hacerse vía on-line. El trabajador que fuere excluido de dicha solicitud, podrá hacerla directamente ante la AFC.
PACTO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
Los empleadores cuya actividad se vea afectada total o parcialmente por la crisis Covid-19, fuera de la vigencia del acto o declaración de la autoridad, pueden acordar -individual o colectivamente con sus trabajadores afiliados al Seguro de Desempleo un pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo.
Este pacto tiene los mismos efectos y se solicitará de la misma forma que la suspensión del contrato por acto de autoridad.
PACTO DE REDUCCIÓN TEMPORAL DE LA JORNADA DE TRABAJO
Los empleadores pueden acordar con el trabajador de manera individual o colectivamente reducir hasta el 50% de la duración de su jornada de trabajo, recibiendo un complemento de la remuneración con cargo al Seguro de Cesantía.
En este caso, el empleador debe seguir pagando la remuneración y las cotizaciones previsionales proporcionales a la jornada. El trabajador percibirá además un complemento a su remuneración con cargo a su cuenta individual por cesantía y, una vez agotado, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario que será de hasta un 25% de su remuneración, si la reducción de jornada es un 50% (con tope de $225.000 mensuales). Además, mantendrán los beneficios tales como aguinaldos, asignaciones, bonos y otros conceptos excepcionales o esporádicos.
¿Cuáles son las hipótesis que habilitan a un empleador y trabajador a suscribir este pacto?
Tanto el empleador como el trabajador deben cumplir con determinados requisitos, estos son:
Empleador : Debe encontrarse en cualquiera de las siguientes situaciones:
- Tratarse de contribuyentes de IVA cuya disminución promedio de ventas por un periodo de 3 meses consecutivos exceda un 20% respecto del promedio de ventas en el mismo período de 3 meses del ejercicio anterior;
- Que se encuentre en un procedimiento concursal de reorganización
- Que se encuentre en un procedimiento de asesoría económica de insolvencia
- Tratarse de empresas, establecimientos o faenas que no puedan paralizar sus actividades y necesiten reducir la jornada de trabajo de sus trabajadores para poder mantener su continuidad operacional o para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores.
Trabajador: Debe cumplir con un número de cotizaciones mínimas, estas son:
- Si es un trabajador con contrato indefinido: 10 cotizaciones mensuales, continuas o discontinuas, con el mismo empleador.
- Si es un trabajador con contrato a plazo fijo, por obra, faena o servicio: 5 cotizaciones mensuales, continuas o discontinuas.
¿Cuál es la duración máxima de estos pactos?
Es distinta según el tipo de contrato de trabajo del trabajador: (i) 3 meses (continuos) en caso de trabajadores con contrato a plazo fijo, por obra, faena o servicio, y (ii) 5 meses (continuos) para aquellos trabajadores con contrato indefinido.
¿Cómo se suscriben?
Se suscribe, preferentemente, de forma on-line en la página web de la Dirección del Trabajo. El empleador deberá ingresar a la página que habilite la Dirección del Trabajo para este efecto y proponer el pacto a suscribir con el trabajador u organización respectiva. Luego, el trabajador o la organización sindical, deberán suscribir el pacto digitalmente en la misma página de la Dirección del Trabajo. Ahí se generará un documento que hará las veces de un anexo de contrato de trabajo.
¿Quién fiscaliza el cumplimiento de la ley?
La Dirección del Trabajo, en virtud de sus facultades fiscalizadoras, deberá fiscalizar el incumplimiento de las disposiciones de esta ley, aplicando las sanciones que correspondan y derivando los antecedentes a los tribunales de justicia.
PREGUNTAS GENERALES
1.- Más allá de esta iniciativa, ¿puede un trabajador ser despedido apelando el empleador al concepto de fuerza mayor?
La ley contempla una norma general aplicable a todos los contratos de trabajo que establece que, durante seis meses o existiendo Estado de Catástrofe no podrá despedirse a trabajadores invocando como motivo la causal de fuerza mayor o caso fortuito por consecuencias del COVID-19.
2.- ¿Qué pasa si en el futuro quedo cesante?
La ley establece que las cotizaciones contabilizadas para efectos del acceso de los beneficios de la presente ley puedan volver a contabilizarse para efectos de acceder a prestaciones de cesantía. Adicionalmente, el uso del Fondo de Cesantía Solidario por parte de los trabajadores, no se computará para la restricción de uso de dicho fondo que establece la ley del seguro de cesantía, de dos veces en un período de cinco años ni tampoco limitará el máximo de prestaciones que se pueden acceder con cargo a dicho fondo.
3.- ¿Por qué usar primeros los recursos de la Cuenta Individual y luego el Fondo de Cesantía Solidario?
En primer lugar, hay que recordar que el empleador es quien contribuye mayormente al Fondo Solidario de Cesantía. En efecto, en el caso de contratos a plazo fijo, el aporte es exclusivo del
empleador y asciende a un 2,8% de la remuneración. En el caso de contratos indefinido, el aporte es de 2,4% del empleador y de 0,6% del trabajador.
En segundo lugar, es importante entender que, si se invierte el orden de imputación, el Fondo de Cesantía Solidario dejaría de ser solidario. En efecto, quienes tienen mayores salarios tienen una cuenta individual de cesantía mayor y, conforme a esta ley, les tomará más tiempo consumir sus recursos individuales antes de tener que recurrir al Fondo Solidario de Cesantía. Por el contrario, los trabajadores con menores salarios tienen cuentas individuales menores y acudirán antes al Fondo Solidario de Cesantía.
En tercer lugar, relacionado con lo anterior, el proyecto aumenta las prestaciones con cargo al fondo de cesantía solidario, incorporando para ello una tabla especial de cálculo de las prestaciones en la que se elevan los tramos inferiores de las mismas. Este aumento de las tablas beneficiará a más de 488 mil trabajadores que tienen ingresos promedio de $280 mil mensual (incluyendo trabajadores a jornada parcial), y que actualmente con las tablas vigentes recibirían una prestación de cesantía de $196.000 pesos mensuales, y que con las nuevas tablas mejoran su prestación a $225.000 pesos mensuales.
4.- ¿Qué pasa si antes de entrada en vigencia la ley las partes dieron por terminada la relación laboral?
La ley establece que, si durante el período comprendido entre la declaración de Estado de Catástrofe y la entrada en vigencia de la ley, las partes hubieren dado termino a la relación laboral, cualquiera fuere la causal, estas podrán resciliar dicha terminación, en cuyo caso podrán acogerse a los beneficios de la ley.
En el segundo mes del año, el registro minero se incrementó en 10,4%, mientras que el no minero lo hizo en 2,0%, según el informe publicado esta mañana por el Banco Central.
El Banco Central informó esta mañana que el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de febrero 2020 creció 2,7% en comparación con el mismo mes del año anterior, ubicándose en línea con algunas proyecciones del mercado, ya que otras más optimistas estimaban un alza de hasta 3%.
Se trata de la mayor expansión de la economía nacional desde septiembre de 2019 cuando creció 3,3%, mes previo al estallido social ocurrido el pasado 18 de octubre en el país.
De acuerdo al informe del emisor, la serie desastacionalizada aumentó 0,6% respecto del mes precedentes y 2,5% en doce meses. Cabe destacar que el mes registró un día más que febrero de 2019 como consecuencia del año bisiesto.
En tanto, el Imacec minero se incrementó en 10,4%, mientras que el no minero lo hizo en 2,0%. Este último, explicado por el desempeño de la industria manufacturera y la construcción.
En términos desestacionalizados, y con respecto al mes anterior (enero), el Imacec minero y el no minero crecieron 2,2% y 0,4%, respectivamente.
Este se trata del último Imacec previo al impacto sanitario y económico que trajo consigo la llegada del coronavirus en marzo al país. De hecho, producto de aquello, ayer el Banco Central decidió bajar la Tasa de Política Monetaria (TPM) a su mínimo técnico, fijándola en 0,5%.
«El brusco cambio en el escenario macroeconómico que está provocando el covid-19, incluida la propagación de la pandemia a Chile, lleva a estimar que la economía comenzó un proceso de contracción severa en la segunda mitad de marzo que se extenderá durante el segundo trimestre«, sostuvo el rector.
Fuente: Emol economía, abril 01 de 2020
Parlamentarios de la UDI, RN, PR, Frente Amplio y PS, solicitaron al ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, «tomar medidas para resolver la situación del campo chileno».
Un grupo transversal de diputados solicitó este lunes al ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, postergar el inicio del horario punta invernal para el sistema eléctrico, con el fin de mitigar los efectos económicos que ha tenido en el sector productivo, la pandemia del coronavirus.
A través de una misiva, firmada por Issa Kort (UDI), Sergio Gahona (UDI), Nicolás Noman (UDI), Marcela Hernando Pérez (PR), Francisco Eguiguren (RN), Juan Luis Castro (PD) y Pablo Vidal (FA), los parlamentarios instaron el secretario de Estado a «tomar medidas para resolver la situación del campo chileno».
«La vigencia y próxima ejecución de las normas establecidas hacen prácticamente imposible la utilización de energía en distintos sectores productivos. Debido a la condición de catástrofe definida por nuestras autoridades, las circunstancias y proyecciones de la economía nacional y global y la más cruda sequía que enfrenta nuestro país, es que nos dirigimos respetuosamente al Señor Ministro de Energía a fin de solicitar se evalúe la suspensión de las restricciones invernales consideradas en horario de punta con el único propósito de fomentar las distintas áreas productivas que se verían afectadas con la entrada en vigencia de dicha restricción», señala la misiva.
«Hoy en día, debido a la pandemia y a esta tremenda recesión económica que va a enfrentar no solo Chile, si no que el mundo completo, es que nosotros hemos pedido con urgencia, al ministro de Energía que pueda postergar la entrada en vigencia de los horarios de punta durante el invierno»
Diputado Issa Kort (UDI)
«Hacemos especial énfasis en aquellas faenas en donde la energía eléctrica es fundamental para su producción. Es así como gran parte de los campos productivos que usan riegos tecnificados deben seguir regando para no perder sus cultivos debido a la mega sequía que sufre gran parte de nuestro país. Asimismo, debido a la crisis sanitaria global, muchos packing de fruta han debido posponer sus despachos, lo que ha aumentado el uso de frigoríficos para fruta fresca, ya que no se puede suspender su cadena de frío. Misma situación enfrentan exportadores de carnes de ave, bovinas, salmones, etc en donde no se pueden interrumpir cadenas de congelamiento», agrega el texto.
Cabe señalar que la norma establecida indica que «se entenderá por horas de punta el período del día entre las 18:00 y las 23:00 horas durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre…».
En esa línea, el diputado UDI, Issa Kort, manifestó que «las zonas agrícolas de nuestro país están enfrentando desde hace mucho tiempo una mega sequía que los tiene sumidos en una preocupación constante. Sin embargo, hoy en día, debido a la pandemia y a esta tremenda recesión económica que va a enfrentar no solo Chile, si no que el mundo completo, es que nosotros hemos pedido con urgencia, al ministro de Energía que pueda postergar la entrada en vigencia de los horarios de punta durante el invierno».
Esto, según señala el parlamentario, debido a que «este horario no les permitiría por ejemplo a muchos agricultores y a muchos agroindustriales la utilización de energía trifásica para el riego y sus distintas labores».
«Por ello, nosotros esperamos que el ministro pueda evaluar justamente esta solicitud que hacemos distintos diputados, para que se pueda tomar una medida que es netamente administrativa. Acá no estamos pidiendo ni la subvención, ni un subsidio, ni un bono. Si no que estamos pidiendo que no se les agregue una carga más que se entiende durante un año normal, pero ante las circunstancias que enfrenta nuestro país creemos que es urgente tomar medidas para resolver la situación del campo chileno», agregó.
Fuente: Emol economía, marzo 31 de 2020