El presidente de la República, Sebastián Piñera, detalló hace minutos la iniciativa.
Así, el mandatario detalló que las propuestas son complementarias a lo anunciado el 19 de marzo y que, en ese momento, involucraban recursos por US$ 11.750 millones.
Piñera señaló que la prioridad del paquete es proteger a las familias vulnerables y ayudar a las PYME a través de mayor liquidez:
Fondo de US$ 2.000 millones: instrumento se crea para entregar mayores beneficios y crear más empleos para las personas y familias más vulnerables. Esto beneficiará especialmente a 2,6 millones de trabajadores informales sin contrato de trabajo y que hoy no tienen la protección del seguro de desempleo. El fondo se financiará con reasignaciones de gasto público.
Un documento oficial del Ejecutivo señala que este mecanismo beneficiará a cerca de 3 millones de personas, su uso será «flexible», a medida que la «situación lo requiera y dependiendo del contexto, otorgando así flexibilidad al Fisco para responder a las necesidades de acuerdo a la evolución de la crisis sanitaria».
Adicionalmente, el jefe de Estado reveló que están trabajando en un sistema «permanente» que permita proteger a los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios. Eso sí, no dio detalles.
US$ 24.000 millones en garantías de crédito: Esta nueva línea de crédito con garantía del Estado permitirá acotar el riesgo de crédito extraordinario generado por el estado de emergencia y facilitará las condiciones para que los bancos presten capital de trabajo a las empresas por un plazo de hasta 48 meses, con un periodo de gracia de hasta 6 meses y por un monto equivalente de hasta 3 meses de venta.
Esta línea estará disponible hasta el 30 de septiembre de este año y permitirá financiar créditos a las empresas por hasta US$ 24 mil millones, lo que equivale a alrededor de 20 veces las líneas actualmente disponibles, dijo Piñera.
¿Cómo se materializará? A partir de modificaciones al Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape), al que se le inyectarán US$ 3.000 millones para aumentar su capacidad crediticia.
Asimismo, se aumentará el tope de ventas anuales para acceder a dicho instrumentos, desde UF 350 mil por año a 1 millón de UF.
Las condiciones para los bancos que usen las garantías: Los bancos comprometidos a participar en este programa deberán otorgar estas líneas de crédito Covid-19 para capital de trabajo fresco en forma simple, masiva, expedita y a tasas preferenciales a los clientes que lo soliciten y que cumplan con los requisitos definidos.
Por otra parte, los bancos que presten estos recursos a las empresas beneficiadas, con garantías del Estado, deberán reprogramar todos los créditos prexistentes del deudor beneficiado y postergar toda amortización de sus créditos antiguos hasta que los nuevos préstamos estén íntegramente pagados. Estas medidas permiten dar un alivio a las empresas necesitadas y proteger las garantías otorgadas por el Estado.
¿Quiénes se pueden acoger a estas garantías? La garantía que otorgará el Estado dependerá del tamaño de la empresa beneficiada. Para empresas con ventas inferiores a 25 mil UF anuales, la garantía del Estado podrá llegar hasta el 85% del nuevo préstamo para capital de trabajo. Esta garantía será de hasta 70% para empresas con ventas entre mil 25 UF y 100 mil UF anuales, y de hasta 60% para empresas con ventas superiores a 100 mil e inferiores a 1 millón de UF anuales.
¿Para qué pueden usar los créditos las empresas? Las empresas beneficiadas deberán utilizar estos recursos para sus necesidades operativas y de capital de trabajo, incluyendo entre otros, pago de remuneraciones, arriendos, proveedores, obligaciones tributarias y otras necesidades para mantener operativas sus empresas durante la emergencia y retomar la normalidad de sus operaciones una vez superada la crisis.
Las empresas beneficiadas no podrán usar estos fondos para amortizar créditos previos con los bancos, pagar dividendos o hacer retiros de capital, hacer préstamos a terceros relacionados ni otros destinos no indispensables.
¿Cuánto cuesta el nuevo plan? Según Hacienda, se inyectarán US$ 3.000 millones al Fogape y US$ 2.000 millones al fondo para trabajadores informales, por lo que el costo total para el Fisco será de US$ 5.000 millones. Dichos recursos se liberarán a través de reasignaciones de gasto público.
Fuente: Diario Financiero online, abril 08 de 2020
Presidente Sebastián Piñera E.
08 de abril 2020
La pandemia del coronavirus no sólo amenaza la salud de muchos compatriotas y la vida de aquellos que están en los grupos mayor riesgo, como nuestros adultos mayores y enfermos crónicos. También está afectando los ingresos y los empleos de muchos chilenos y poniendo en riesgo la supervivencia de muchas micro, pequeñas y medianas empresas.
Nuestras prioridades y compromisos siempre han sido:
1. Proteger la salud y la vida de todos nuestros compatriotas.
2. Asegurar el abastecimiento de bienes y servicios esenciales, como alimentos y medicamentos, y servicios de utilizad pública, como electricidad, agua y telecomunicaciones.
3. Proteger los empleos de los trabajadores y los ingresos de las familias.
4. Apoyar a los emprendedores, las Pymes y las empresas en general para que puedan superar esta emergencia.
Estamos plenamente conscientes de los temores, angustias y problemas que esta pandemia, y su impacto sobre la calidad de vida, los empleos y los ingresos, está causando a las familias chilenas. También estamos plenamente conscientes de las dificultades que están enfrentando los emprendedores y pequeños empresarios, para poder mantener en marcha sus proyectos, emprendimientos y empresas, y poder sobrevivir a esta crisis.
Por estas razones, y desde comienzos del mes de enero, nos hemos estado preparando para poder cumplir con eficacia las prioridades y compromisos mencionados anteriormente.
El 19 de marzo pasado el Gobierno puso en marcha un Primer Plan de Emergencia, por casi 12 mil millones de dólares, equivalentes a casi un 5% de nuestro Producto Interno Bruto. Ese Plan incluyó un mecanismo, ya en vigencia, para proteger los empleos e ingresos de 4.6 millones de trabajadores chilenos, permitiéndoles acceder a los beneficios del Seguro de Desempleo y mantener su relación laboral.
El Plan también incluyó un bono, el Bono Covid19, que se benefició a 2.8 millones de personas vulnerables.
Adicionalmente, el plan fortaleció la capacidad de nuestro Banco Estado para dar mayores créditos para capital de trabajo a los emprendedores, pequeñas y medianas
empresas. Para ello incrementamos en US 500 millones adicionales el capital del Banco Estado.
Este Plan también aportó recursos adicionales al Fisco para financiar el apoyo del Estado a los chilenos y empresas más vulnerables, de forma de facilitarles la superación de este shock profundo pero transitorio.
El Plan también incorporó un conjunto de medidas tributarias en beneficio de las Pymes y de los trabajadores independientes, aceleró los pagos del Fisco a sus proveedores y creó un Fondo Solidario Municipal por 100 US MM.
Hoy anunciamos una segunda etapa de este Plan de Emergencia, que complementa las medidas tomadas por el Banco Central para fortalecer la liquidez en el mercado financiero y por la Comisión de Mercado Financiero para flexibilizar normas que permitan un mejor acceso de las empresas a los créditos.
Agradezco sinceramente las oportunas y eficaces contribuciones realizadas por estas dos instituciones.
El Plan del Gobierno que anunciamos hoy tiene dos grandes focos:
El primero, proteger a las familias a través de la creación de un fondo de US 2.000 millones para entregar mayores beneficios y crear más empleos para las personas y familias más vulnerables. Esto beneficiará especialmente a los 2,6 millones de trabajadores informales sin contrato de trabajo y que hoy no tienen la protección del seguro de desempleo.
El segundo foco consiste en ayudar a nuestros emprendedores, Pymes y empresarios que lo requieran, a través de líneas de financiamiento con garantías del Estado.
Esta nueva línea de crédito con garantía del Estado permitirá acotar el riesgo de crédito extraordinario generado por el Estado de Emergencia y facilitará las condiciones para que los bancos presten capital de trabajo a las empresas por un plazo de hasta 48 meses, con un periodo de gracia de hasta 6 meses y por un monto equivalente de hasta 3 meses de venta. Esta línea estará disponible hasta el 30 de septiembre de este año y permitirá financiar créditos a las empresas por hasta US 24 mil millones, lo que equivale a alrededor de 20 veces las líneas actualmente disponibles.
Los bancos comprometidos a participar en este programa deberán otorgar estas líneas de crédito COVID19 para capital de trabajo fresco en forma simple, masiva, expedita y a tasas
preferenciales a los clientes que lo soliciten y que cumplan con los requisitos definidos.
Por otra parte, los bancos que presten estos recursos a las empresas beneficiadas, con garantías del Estado, deberán reprogramar todos los créditos prexistentes del deudor beneficiado y postergar toda amortización de sus créditos antiguos hasta que los nuevos préstamos estén íntegramente pagados. Estas medidas permiten dar un alivio a las empresas necesitadas y proteger las garantías otorgadas por el Estado
La garantía que otorgará el Estado dependerá del tamaño de la empresa beneficiada. Para empresas con ventas inferiores a 25 mil UF anuales, la garantía del Estado podrá llegar hasta el 85% del nuevo préstamo para capital de trabajo. Esta garantía será de hasta 70% para empresas con ventas entre mil 25 UF y 100 mil UF anuales, y de hasta 60% para empresas con ventas superiores a 100 mil e inferiores a 1 millón de UF anuales.
Las empresas beneficiadas deberán utilizar estos recursos para sus necesidades operativas y de capital de trabajo, incluyendo entre otros, pago de remuneraciones, arriendos, proveedores, obligaciones tributarias y otras necesidades para mantener operativas sus empresas durante la emergencia y retomar la normalidad de sus operaciones una vez superada la crisis
Las empresas beneficiadas no podrán usar estos fondos para amortizar créditos previos con los bancos, pagar dividendos o hacer retiros de capital, hacer préstamos a terceros relacionados ni otros destinos no indispensables.
Adicionalmente, estamos trabajando en un sistema permanente que permita proteger a los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios, frente a situaciones de catástrofe como la generada por la pandemia del coronavirus.
Queridos compatriotas: el mundo y Chile estamos enfrentando el mayor desafío y amenaza de los últimos 100 años. Y tal como lo dije al inicio de estas palabras, estamos plenamente conscientes de los temores, angustias e incertidumbres que afectan a las familias chilenas debido a esta pandemia. También estamos plenamente conscientes de las dificultades que significa para muchos tener que enfrentar un menor sueldo o menores ingresos a fin de mes, o la pérdida de empleos para los trabajadores y las familias chilenas. También estamos plenamente conscientes de los problemas que enfrentan los emprendedores y empresas que han visto reducidas sus ventas, para poder cumplir con sus compromisos, superar esta crisis y recuperar la normalidad de sus operaciones.
Sabemos que esta pandemia, y las medidas restrictivas que hemos debido adoptar, han significado separar familias y
alejar seres queridos, y también, obstaculizar el cumplimiento de muchos de los proyectos y sueños de nuestros compatriotas.
Quiero reiterar nuestro compromiso permanente con todos los chilenos. Nuestra principal prioridad ha sido cuidar la salud y la vida de todos. Proteger los ingresos y empleos de las familias. Ayudar a las Pymes y empresas. Y, también lograr que esta crisis transitoria producto del coronavirus no se transforme en una crisis permanente que afecte la calidad de vida y los sueños y proyectos de futuro de todos los chilenos.
Quiero agradecer a todos mis compatriotas su aporte y compromiso para superar esta crisis y reiterarles nuestra plena convicción que juntos y unidos vamos a superar esta crisis y podremos volver a saludarnos con cariño, abrazar a nuestros seres queridos y recuperar nuestras libertades y derechos, para buscar la felicidad junto a nuestros seres queridos.
Esta medida reduce el costo de consumir electricidad en ciertos horarios y permite a las empresas reacomodar mejor sus turnos de operación a las restricciones generadas para
A las facilidades de pago que están ofreciendo las empresas para que el 40% más vulnerable de la población pueda cancelar las cuentas de la luz, el Gobierno sumó una nueva medida para enfrentar los impactos económicos y sociales que está provocando la expansión del coronavirus en Chile, luego de que diversos actores presionaran para discutir en torno a las denominadas «horas punta».
Tras el análisis técnico de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, anunció la noche de este viernes que se determinó postergar la entrada en vigencia de las tarifas de horas punta hasta junio y mantenerla hasta fines de septiembre, como es habitual.
Las horas punta son aquellas en las que el sistema eléctrico presenta sus mayores niveles de consumo. Actualmente, estas corresponden al período comprendido entre las 18.00 y 22.00 horas, entre abril y septiembre. Esta medición comenzaba a regir el 1 de abril, por lo que estudiar cambios en esta materia, exigía una pronta respuesta por parte de la autoridad.
El control de demanda en horas de punta entrega una señal de precio en períodos de mayor exigencia del sistema, para que los clientes racionalicen su consumo eléctrico. También, la importante caída que ha tenido la demanda eléctrica en las últimas semanas –alrededor de 10%- genera la holgura necesaria para liberar esta medición de forma excepcional.
«Esta medida excepcional tiene dos beneficios: por una parte, será un alivio económico para muchas pymes, industrias y comercios que podrán seguir operando de acuerdo a las tarifas estándar, sin el recargo de las horas punta. Esto redunda en un fuerte impulso a la economía en tiempos de crisis como los que estamos viviendo», explicó Jobet en un comunicado.
La autoridad agregó que, además, a nivel de clientes residenciales, esta medida es un alivio en la cuenta de la luz, al eliminar el recargo de invierno durante abril y mayo. «Hay que considerar que las personas están pasando más tiempo en sus casas, por lo que es esperable que consuman más energía», indicó.
Según explicó, «existen industrias que no pueden parar frente a la crisis porque cumplen roles esenciales para el abastecimiento y la tranquilidad de todo el país». Por esto, con esta medida excepcional «estamos contribuyendo a mantener la cadena de abastecimiento para las familias chilenas».
«Contactadas tras esta decisión, a efectos de coordinar con ellas su correcta puesta en marcha, las empresas del sector eléctrico manifestaron su disposición a contribuir al éxito de esta medida excepcional y extraordinaria, entendiendo el complejo momento que vive el país», detalló el secretario de Estado.
Fuente: Diario Financiero, abril 04 de 2020
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, participó vía streaming de una charla organizada por IRADE titulada “Economía y Empresas: ¿cómo seguimos?”, ocasión en la cual les envió un mensaje a las empresas de la Región del Bío Bío y los gremios aclarando que la actual crisis sanitaria, si bien se espera sea un paréntesis, tendrá efectos adversos para la economía nacional.
“Lo que es claro es que Chile va a tener una recesión este año y se explica sencillamente porque vamos a tener un segundo trimestre muy complicado. Hay que estar preparado: el shock va a ser potente”, advirtió la autoridad nacional.
Briones puntualizó que el Banco Central presentó su Informe de Política Monetaria y que los principales indicadores apuntaban a que la economía chilena podría tener una caída en su PIB, en un rango entre el 1,5% el 2,5%, inclusive.
“Nosotros como Ministerio de Hacienda vamos a entregar nuestras cifras y proyecciones en los días que vienen, junto con el Informe de Finanzas Públicas como nos mandata la ley”, anunció el ministro.
Para ver la charla completa haga clic aquí:
Estimados socios:
Junto con saludarlos, y esperando que se encuentren bien y tomando las precauciones necesarias para evitar los riesgos de contagio por COVID-19, me comunico con ustedes para informarles que durante esta jornada se le hizo llegar al ministro de Energía, Sr. Juan Carlos Jobet, una petición formal a nombre de ASIMET para expresarle la preocupación que aqueja a nuestras empresas asociadas en relación al inicio de la aplicación de la tarifa eléctrica de hora punta, a contar de hoy 1 de abril de 2020.
En la misiva, se le explicó a la autoridad que el sobrecargo tarifario en horas peak atenta contra una de las medidas más efectivas que se encuentran realizando nuestras empresas para disminuir el contagio, que son los turnos espaciados durante toda la jornada laboral para evitar aglomeraciones de personas en un mismo lugar, para así poder mantener la distancia social de al menos un metro, como lo ha recomendado la autoridad sanitaria.
Por otra parte, se le hizo ver al ministro que las cuarentenas voluntarias y obligatorias decretadas por la autoridad han tenido una grave repercusión en la producción de los bienes y servicios que ofrece nuestra industria, que en gran parte es proveedora de sectores productivos considerados estratégicos en estas horas de emergencia, como el alimentario, el de servicios básicos (agua potable, gas, energía eléctrica) y salud (tanto de gases industriales como medicinales, como el oxígeno demandado por la red hospitalaria), entre otros.
“De aplicarse la tarificación de invierno, que implica alzas considerables en los costos de energía, con nuestras empresas a media marcha -dadas las actuales circunstancias- sería muy difícil mantener activas nuestras líneas de producción, y nuestra capacidad de reacción para abastecer a nuestros clientes frente a eventuales futuras emergencias quedaría muy mermada”, señala la carta.
Atendidas estas razones, y considerando que la salud y el bienestar de las personas deben ser la mayor preocupación del Gobierno, le solicitamos formalmente al ministro el aplazamiento o suspensión de la aplicación de la tarifa eléctrica de hora punta, pues su puesta en marcha, además de generar costos que, en las actuales circunstancias, serían muy complejos de solventar por parte de la industria metalúrgica y metalmecánica, provocaría también efectos no deseados en relación a los riesgos de contagio.
Esperamos tener una buena acogida a esta petición por parte del ministro Jobet. Cualquier información que tengamos al respecto se las haremos llegar a la brevedad.
Les mando un abrazo, confiando en que juntos seremos capaces de superar estos momentos difíciles.
Dante Arrigoni C.
Presidente ASIMET
Abril 01 de 2020
ASIMET – 81 años apoyando el desarrollo de la industria nacional
Para construir juntos un Chile Industrial
ASIMET
DECLARACIÓN PÚBLICA FRENTE A LA PANDEMIA POR COVID-19
La declaración de Estado de Catástrofe decretada por el Gobierno como consecuencia de la crisis sanitaria que vive el país por la creciente propagación del Covid-19, está teniendo impactos profundos en la industria manufacturera nacional, específicamente en el sector metalúrgico metalmecánico y de su cadena de valor, debido a que dicho estado de excepción genera restricciones de movimiento y derechos de propiedad.
La autoridad, y la opinión pública en general, se han manifestado a favor de mantener activas a industrias catalogadas como de primera necesidad, como las de logística, alimentaria, farmacéutica y otras.
Frente a esta situación, como Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, y empresas relacionadas, señalamos lo siguiente:
- La industria metalúrgica y metalmecánica, son productoras, comercializadoras, instaladoras y/o mantenedoras que prestan servicios a todos los demás sectores productivos y de servicios del país, como minería, alimentación, salud, agrícola y otros, siendo también proveedoras en el funcionamiento y entrega de los llamados servicios básicos -agua potable, energía eléctrica (tanto generación como distribución), gas (tanto industriales como medicinales, como el oxígeno demandado por el sector salud), comunicaciones, entre otros.
- Como consecuencia de lo anterior, una eventual paralización por decreto de este sector de la economía significará para el país el rompimiento de la cadena productiva que permite el normal funcionamiento de todos los bienes y servicios anteriormente señalados. En otras palabras, Chile quedaría absolutamente desprotegido y sin insumos y servicios que en este momento de emergencia sanitaria son claves para enfrentar esta grave crisis por la que atraviesa el país.
- Atendiendo estas razones, hacemos un urgente llamado a la autoridad para que le otorgue a nuestro sector industrial el carácter de esencial, y clasifique a sus empresas dentro de aquellas que deben permanecer activas para el funcionamiento básico y eficiente del país y de las personas.
- Esta solicitud la hemos hecho llegar de manera formal a través de una carta al señor ministro de Economía, señor Lucas Palacios C.
- Como industriales metalúrgicos metalmecánicos reiteramos nuestro compromiso de apoyar y aportar al país y a las autoridades para hacer frente a esta situación extrema que nos impacta, en el convencimiento que si podemos seguir activos podremos reaccionar de manera eficiente ante cualquier urgencia que requiera de nuestros servicios.
Dante Arrigoni C.
Presidente ASIMET
Marzo 30 de 2020
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El sector que agrupa al comercio detallista y al turismo, que pesa más de 10% del PIB, está operando al 40%-50% de su capacidad. La construcción, a su vez, ha tenido una disminución de 25% de su normalidad. En el agro lo está haciendo entre el 70% y 80%. Servicios personales, financieros y empresariales se han visto disminuidos y representan el 25% del PIB.
La economía mundial ya está en recesión. Si bien era algo esperable debido a la sincronizada paralización de la actividad de los principales “motores” de la actividad global, fue inusitadamente más acelerada.
En Chile vamos un poco más atrás de lo que pasó en China y Europa, por lo que se pueden tener algunas nociones del impacto económico paralizar la actividad. Para tener una idea, las cifras de China del primer bimestre fueron contundentes: registró su primera contracción en la producción industrial en 30 años (-13,5%), mientras que las ventas minoristas se desplomaron 20%. Algo similar está empezando a ocurrir con Europa y EEUU, lo que ha obligado a los gobiernos y bancos centrales a adoptar medidas inéditas.
En Chile no ha sido distinto, pero ya hay voces que creen que se requiere un nuevo plan de estímulo. La actividad productiva muestra una paralización relevante, y la perspectiva es que se profundice, especialmente tras el decreto de cuarentena que emitió la autoridad sanitaria en siete comunas de la Región Metropolitana.
Para cuantificar este impacto, hay que precisar que la Región Metropolitana equivale a 42% del Producto Interno Bruto (PIB), además, las comunas que están bajo la cuarentena total no son solo residenciales, sino que también hay bastante producción, comercio, hoteles, restaurantes, por lo que el impacto es mayor. Si bien se tiene contabilizado que en estas comunas habitan poco más de 1,3 millones de habitantes, gran parte del PIB se produce en esas comunas.
En ese contexto, en Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura funciona principalmente el sector de servicios financieros y empresariales que equivale al 25% del PIB, luego le sigue comercio, restaurantes y hoteles que representa el 18% del PIB y educación y salud con 13% del PIB. La minería y la industria manufacturera aportan cada uno en torno al 10%. La construcción un 6%.
El economista y director de empresas Roberto Darrigrandi, dice que “siendo difícil de estimar, de acuerdo a conversaciones con empresarios a lo largo del país, tanto de rubros productivos como de servicios, tiendo a pensar que el país ha estado funcionando en torno a un 70% de su capacidad productiva en los últimos días”.
Idéntica cifra que calcula Martina Ogaz, economista de EuroAmerica: “Asumí que hay sectores como manufactura o construcción que están a media capacidad por las medidas sanitarias y que el sector servicios, que incluye servicios financieros, empresariales, inmobiliarios y personales no han tenido problema”.
Sergio Lehman, economista de BCI, dice que son estimaciones muy gruesas. “En octubre, tras el estallido social, el uso de capacidad llegó a 75%. Hoy la veo algo por debajo de ello. Diría en torno al 65%. Esto incluye comercio, parcialmente construcción y servicios profesionales”.
Consumo, el más afectado
Al hacer un barrido por sectores, se advierten un claro afectado, el comercio, incluyendo al turismo.
Las tiendas minoristas, hoteles, restaurantes, malls…prácticamente todo el comercio se ha visto golpeado en algún grado. Lo único que de alguna manera se ha mantenido -incluso incrementado- son las ventas de supermercados.
Fuente: Pulso – La Tercera, marzo 29 de 2020
Asmar Talcahuano desarrolla un Comité de Crisis junto a la Gerencia de Personas, comités paritarios y los sindicatos, para revisar y reforzar los planes sanitarios preventivos en el marco de la contingencia mundial por Covid-19.
En la instancia estuvo presente el Administrador de ASMAR Talcahuano, CN Mauricio Linderman; el Gerente de Personas, Sergio Raccoursier; y representantes de los sindicatos y el Comité Paritario.
Este Comité de Crisis se reúne diariamente, determinando la organización de equipos de trabajo con trazabilidad de sus integrantes, distancia social, flexibilización de la jornada de trabajo e implementación de teletrabajo, medición de temperatura a los colaboradores, disposición de un servicio de alimentación especial, higienización de espacios, instalación de dispensadores de alcohol gel y otros artículos de protección frente al virus, y la elaboración de protocolos de acción que definen la situación operacional a medida que se detecten sospechas de colaboradores contagidos o sospechosos de contagio.
Junto con ello, se implementó una cuarentena preventiva para embarazadas, mujeres con hijos menores de 5 años, y personal que estuvo en el extranjero; la cuarentena voluntaria para mayores de 60 años y grupos de riesgo.
Fuente: PortalPortuario.cl, marzo 28 de 2020
Un listado extraoficial del Ministerio de Economía muestra los sectores e industrias que podrían seguir operando en caso de cuarentena nacional.
La opción de que se decrete una cuarentena a nivel nacional está sobre la mesa. Así lo refleja una minuta elaborada por el Ministerio de Economía, que muestra un listado de servicios que debiesen continuar operando debido a su importancia para el abastecimiento básico de la población, en caso de que las autoridades decreten un estado total de cuarentena en el país.
Si bien no se trata de un documento oficial, ya que en Economía aún se encuentran estudiando el tema y realizando reuniones para afinar el listado, sí es un documento que da ciertas luces respecto a cómo operaría el estado de cuarentena en términos prácticos, ya que muestra qué áreas podrían seguir operando.
Así, el listado preliminar del ministerio al cual Diario Financiero tuvo acceso, parte hablando de un primer grupo de servicios que son considerados como esenciales o de utilidad pública, entre ellos: los servicios de salud como los establecimientos asistenciales públicos, municipales de atención primaria de salud, demás establecimientos públicos o privados que suscriban convenio con el Servicio de Salud respectivo (art. 2º del D.F.L. Nº 1, de 2005), y el Servicio Médico Legal.
A este listado se suman los servicios de transporte terrestre, marítimo y aéreo; servicio de telefonía fija y móvil; servicios sanitarios -instalaciones esenciales para la provisión de los servicios a que se refieren los artículos 1 Nº 1, y 3 del D.F.L. Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios-; servicio de transporte y distribución de gas de red; servicio de suministro eléctrico; servicios de privación de libertad (recintos penitenciarios de Gendarmería de Chile y centros privativos de libertad del Servicio Nacional de Menores); Fuerzas Armadas, de orden y seguridad pública; y refinerías de petróleo y servicios de transporte de combustibles por oleoductos.
Almacenes de barrio y ferias libres
Un segundo grupo que agrupa el documento tiene relación con servicios de producción, almacenamiento y distribución de bienes esenciales. Entre ellos, el documento agrupa a: supermercados mayoristas y minoristas, almacenes de barrio y ferias libres, incluyendo sus proveedores críticos y cadenas de distribución; farmacias y sus cadenas de importación, producción y distribución; establecimientos comerciales de bienes de limpieza e higiene personal; productores de alimentos, abarrotes, productos de limpieza e higiene personal y sus cadenas logísticas.
En este grupo, además, se encuentran: industrias de insumos, dispositivos y en general de equipamiento médico y de medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios; y sus empaques; su cadena de importación, producción, almacenaje y distribución; molinos, panaderías y sus cadenas de suministro; estaciones de servicio; actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca; instalaciones financieras (que requieren trabajo presencial y carga de cajeros automáticos); instituciones relacionadas con la distribución, transporte y resguardo de valores (ej. Bancos, servipag), entre varias más.
Pero el listado de Economía no se limitaría únicamente a las entidades privadas, el documento también menciona un grupo de servicios públicos que también se consideran relevantes, entre ellas: el SAG, Junaeb, el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos, la Comisión para el Mercado Financiero, Onemi, Servicio Médico Legal, Sename, Registro Civil, Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, Juzgados -Civiles, de Familia, del Trabajo, de Cobranza Laboral y Previsional, de Garantías-, Cenabast, Fonasa entre otros.
Los servicios recolectores de basura serían otra de los sectores que a juicio de Economía también sería crucial que continúen operando.
¿Podré pedir comida por delivery?
Si bien aún no se trata de un listado definitivo, ya que aún está sujeto a modificaciones, el listado inicial de Economía enlista a algunas empresas de delivery que también debiesen asegurar una continuidad de funcionamiento, tales como Rappy, Pedidos Ya, Uber eats y Cornershop.
Fuente: Diario Financiero, marzo 26 de 2020
«La provisión de todos los implementos para poder desarrollar las funciones es de cargo del empleador», enfatizó la ministra.
Ayer, tras ser aprobado por ambas cámaras en el Congreso, el proyecto de teletrabajo quedó listo para convertirse en ley. Ante esto, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, calificó que «esto es una muy buena noticia».
«Lo estaban haciendo a través de impacto, que se acordaba empleador y trabajador, pero que no necesariamente quedaban garantizadas claramente cuáles eran los derechos y las obligaciones de las partes», agregó en entrevista con CNN.
Por lo mismo, afirmó que «con esta ley los derechos de los trabajadores que decidan voluntariamente desarrollar trabajo a distancia van a quedar absolutamente protegidos y resguardados».
Por su parte, la secretaria de Estado apuntó que «por motivos de la crisis, muchas de las personas que estaban haciendo trabajo a distancia se hacían la pregunta y tenían la pregunta: ¿De cargo de quién era el costo de los implementos para hacer este trabajo a distancia? ¿Quién debía ser el dueño del computador, quién tenía que pagar Internet, quién tenía que pagar los insumos?«.
Y explicó: «Hoy día, como era un acuerdo entre las parte, eso quedaba absolutamente al arbitrio de lo que se decidiera. Hoy día, con este proyecto de ley aprobado, queda claramente establecido que la provisión de todos los implementos para poder desarrollar las funciones es de cargo del empleador y por lo tanto, será él quien deba proveer Internet, computador, impresora y otro tipo de implementos que puedan ser necesarios«.
Al ser consultada sobre si esta obligación del empleador será permanente, la ministra manifestó que «la ley obviamente lo que regule es una situación que es permanente y vamos a tener que estar a cuál es la situación hoy día. Nosotros ya tenemos muchas personas que están haciendo trabajo a distancia, que están ellos usando sus propios equipos. Vamos a tener que ver la transición y a esto tenemos que aplicar sentido común».
«Obviamente si es de cargo del empleador los costos que va a poder asumir serán de manera rápida, pero a lo mejor, no va a poder proveer en el primer día los equipos tecnológicos para todas las personas que están desarrollando estas funciones. Vamos a tener que aplicar criterio y una transición», agregó.
¿Qué sucede con la jornada laboral al implementar teletrabajo?
Ante esto, la ministra Zaldívar afirmó que «actualmente, un trabajador que desarrollaba trabajo a distancia o teletrabajo estaba excluido de la jornada, esto quiere decir, que no existía una jornada específica en la cual debiera desarrollar sus funciones. Esta ley tiene dos novedades muy importantes».
Una de estas novedades es que «el trabajador que lo desee va a poder someterse a una jornada, es decir, a trabajar entre 9 de la mañana, contando la cantidad de horas que corresponda, hasta 5, 6 y media de la tarde, teniendo su descanso entre medio para la hora de almuerzo», recalcó.
Con respecto a la otra novedad de este proyecto, la ministra señaló que instaurarán el derecho de desconexión, el que tendrá como fin, el descanso garantizado del empleado.
«12 horas continuas que mi empleador no me podrá mandar ni correos electrónicos, ni me podrá hacer llamadas, ni me podrá dar instrucciones y yo solamente voy a tener la obligación de volver a conectarme al día siguiente, cuando hayan finalizado esas 12 horas de descanso», explicó Zaldívar.
Sobre cómo se regulará, la ministra señaló que «cada uno de estos contratos de trabajo a distancia va a tener que quedar establecido cuales van a ser las formas a través de las cuales yo voy a verificar, ya sea el cumplimiento de la jornada o el cumplimiento de las funciones por parte del trabajador«.
«El trabajador que desee acogerse a esta posibilidad de la desconexión de 12 horas, que es en el fondo cuando yo no tengo una jornada fija de trabajo porque quiero interrumpirla durante ella, va a tener que señalar cual es el periodo de desconexión, que puede ser distinto en cada caso«, agregó.
En relación a si el trabajador tiene que conectarse con un país de uso horario distinto, la ministra manifestó que «su horario de desconexión va a ser necesariamente alguno que para el resto de nosotros no nos va a parecer habitual y es por eso, que se va a dar el caso a caso».
¿Qué ocurre con los derechos de los trabajadores?
Con respecto a esto, la secretaria de Estado señaló que «no pierde ninguno de sus derechos y eso es muy relevante. Va a tener toda la remuneración garantizada tal como estaba pactada. La posibilidad de volver a su trabajo presencial, si es que así lo desea, va a tener los derechos de vacaciones igual que todos nosotros, va a tener los derechos al resto de beneficios que entregue la empresa».
Al ser consultada sobre si con el teletrabajo los bonos que se pactan con las empresas se pierden, la ministra fue enfática y añadió que, por ejemplo, «el bono de traslado, si no hay traslado, no es un bono que debiese ser considerado y por eso, es que entonces, que al momento de pactarlo se quede establecido cuáles son los derechos que corresponden. El transporte es algo que no va a hacer el trabajador, salvo que pacte una jornada parcial de trabajo a distancia«.
Accidentes en la casa
«Todos los derechos de seguridad y salud en el trabajo, que son obligaciones del empleador y que se deben resguardar en todos los lugares de trabajo, también él va a estar acogido a toda esta protección y por lo tanto, si llega a sufrir algún accidente durante su jornada de |trabajo en su domicilio, va a recibir absolutamente la misma cobertura por parte de su mutual u organismo administrador que si el accidente lo hubiese sufrido en la oficina estándar en la que antiguamente trabajaba», concluyó Zaldívar.
Fuente: Emol economía, marzo 24 de 2020