Cecilia Cifuentes Directora Centro de Estudios Financieros ESE Business School
El gobierno ha dado a conocer la segunda parte de su reforma de pensiones, aquella destinada a mejorar las pensiones de la clase media. Recordemos que ya se está pagando la mejoría del Pilar Solidario, que llega al 60% más pobre de los jubilados. Para lograr el objetivo se introduciría ahora un componente de reparto en las cotizaciones obligatorias, mal llamado “solidaridad” a mi juicio. Es cierto que las pensiones son la principal demanda ciudadana, pero la pregunta relevante si de verdad se quiere resolver el problema es ¿por qué estamos llegando a una situación en que la mayoría de los jubilados tiene pensiones que considera insuficientes? Hay varias causas, pero probablemente las más importantes son 1) el notorio aumento en la expectativa de vida y 2) el problema de la informalidad laboral, que no ha logrado resolverse a pesar del crecimiento de la economía. Es entonces un absoluto contrasentido que la “solución” que se está eligiendo agrave los problemas que causan las bajas pensiones. Se trata entonces de “antisoluciones”.
En efecto, decimos que una de las causas de las bajas pensiones es el envejecimiento poblacional, y entonces optamos por introducir un componente de reparto, que en la propuesta del gobierno es de un 3% del ingreso imponible y en la de la oposición un 6%, por lo que no sería raro que terminara más arriba de 3%. Se trata entonces de un componente que resulta el menos indicado frente al problema demográfico, ya que es un hecho cierto e indesmentible que hacia adelante la relación entre cotizantes y jubilados irá cayendo, por lo que los beneficios que se entregan al inicio dejan de ser sostenibles en el tiempo. Por algo la mayoría de los países que tienen sistemas de reparto han ido aumentando edades de jubilación y disminuyendo beneficios, junto con introducir elementos de capitalización. Nosotros optaríamos por ir en la dirección inversa.
Por otra parte, el otro gran problema que tenemos es la informalidad y la subcotización, entonces planteamos una “solución” que encarece y desincentiva la contratación formal por parte de los empleadores (al hacer de cargo del empleador todo el aumento de cotización) y por parte de los trabajadores genera todos los incentivos a cotizar por el monto más bajo posible, de tal manera de maximizar los beneficios a recibir. Vemos, por ende, que el problema de informalidad probablemente se va a agravar, tanto por este nuevo proyecto de ley, como por la significativa mejoría del pilar solidario. Se suma a este cóctel la reducción de jornada, el proyecto de ingreso mínimo garantizado (que también fomenta cotizaciones por el mínimo), en un contexto de automatización del trabajo. Parece que fuera casi una meta de las políticas públicas dañar el mercado laboral formal.
Por último, esta reforma es de alguna manera un engaño a la clase media. Muchos de los actuales cotizantes están presionados financieramente por sus propios gastos, su necesidad de ahorro para la vejez y la ayuda económica a sus padres jubilados, por lo que demandan un apoyo de política pública en estos roles. Entonces este proyecto de reforma les plantea ahora mejores pensiones para sus padres, pero no les dice que igualmente las pagarán ellos con sus cotizaciones previsionales mediante un reparto, que además genera efectos negativos en el mercado laboral. Frente a eso, la alternativa de la verdadera solidaridad que tenemos ahora parece mucho mejor, ya que al menos no castiga las condiciones laborales actuales de esa clase media.
Fuente: Diario Financiero, enero 21 de 2020
Con fecha 15 de enero se publicaron en el Diario Oficial las resoluciones que aumentan el tope máximo de imponible para las cotizaciones de seguridad social.
Los trabajadores que hubieren cumplido un año de permanencia en la empresa en virtud de un contrato de trabajo, tienen derecho a un feriado anual de quince días hábiles, periodo durante el cual deben percibir su remuneración íntegra. En este informe de Estudio Navarro Abogados abordamos las características del feriado legal, jurisprudencia administrativa y sanciones aplicables.
Descargar informe legal en este enlace
Fuente: Estudio Navarro Abogados, enero 21 de 2020
Propuesta busca asegurar el respeto de los derechos laborales de los adultos mayores que, habiendo jubilado, deseen continuar trabajando.
Se estima que unos 600 mil adultos mayores hoy se encuentran ejerciendo algún tipo de actividad productiva.
A paso lento pero seguro avanza en el Congreso el proyecto de ley que establece y regula el contrato de trabajo del adulto mayor, el cual busca que las personas mayores de 60 años puedan pactar voluntariamente con su empleador una jornada flexible.
El pasado 6 de enero los senadores aprobaron, con 28 a favor y tres abstenciones, las ideas centrales de la propuesta en primer trámite legislativo.
El proyecto -que consta de dos mociones refundidas presentadas por los senadores Carolina Goic, Francisco Chahuán, Rabindranath Quinteros y David Sandoval- toma como base la Recomendación n° 162 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual a nivel general establece que los adultos mayores “deberían disfrutar, sin discriminación por razón de edad, de igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores”.
El avance de la tramitación de la moción toma relevancia, ya que se trataría de la segunda propuesta que sigilosamente logra hacerse espacio en la agenda legislativa, tal como ocurrió con el proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, el cual fue sumando apoyos en el Congreso. Esto en un contexto en el cual el Gobierno ha intentado posicionar sus propios proyectos.
Como eje central, la moción en discusión propone una regulación que asegura el respeto de los derechos laborales de los adultos mayores que, habiendo jubilado, deseen continuar trabajando, eso sí, amparados por un tipo de contrato de trabajo simplificado.
De tres meses a un año
Así la propuesta busca que el trabajador adulto mayor -definido en la Ley N° 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor- pueda pactar con el empleador una determinada cantidad de horas de trabajo, las que se podrán distribuir en un periodo superior a tres meses e inferior a un año. Además, la distribución de las horas de cada semana por el periodo de tiempo pactado podrá ser en jornadas diarias de un máximo de 8 y un mínimo de 5 horas, distribuidos hasta en 6 días.
¿Qué ocurre con los beneficios sociales? El proyecto establece que los beneficios otorgados por el Estado u otros de diverso tipo “que les corresponda recibir o que se encuentren actualmente percibiendo no se perderán por prestar servicios conforme con un contrato de trabajo regido por este capítulo”.
Respecto a las remuneraciones, el proyecto establece que se pagará mensualmente sobre la base del total de horas trabajadas durante el mes.
“Llena un vacío”
Además, la contratación bajo esta nueva modalidad de trabajo de adultos mayores no podrá aplicarse para la realización de tareas que sean consideradas perjudiciales para la salud o para trabajos pesados.
“Este proyecto llena un vacío en nuestra legislación”, dijo el senador José Miguel Durana (UDI), en la votación en Sala de la propuesta el pasado 6 de enero, agregando que se trata de una propuesta relevante ya que “va a permitir incentivar la contratación en adecuadas condiciones de seguridad y protección para el trabajador, a través de contratos formales, con seguros de accidentes, previsión social y salud”.
El senador David Sandoval sostuvo que “en Chile existen cerca de 600 mil adultos mayores que trabajan sin ningún tipo de vínculo laboral (…) ¿por qué lo hacen? porque ellos han estimado que bajo ese sistema no pierden otro tipo de beneficios que el Estado les otorga. Esto se hace cargo”.
Fuente: Diario Financiero, enero 21 de 2020
Sondeo de EY realizado a 343 ejecutivos de compañías muestra que el 60% dice que el debate constitucional tendrá efectos negativos en su negocio.
El 25 de enero se cumplirán 100 días desde el estallido social, crisis que está terminando de golpear las expectativas empresariales que habían venido evolucionado a la baja durante el último año.
Una medición realizada por EY en diciembre a 343 ejecutivos de un amplio espectro de empresas, de todos los tamaños y sectores, aunque con énfasis en comercio, construcción e inmobiliarias, minería y servicios financieros, entre otros, da cuenta de este fenómeno.
Los resultados no son alentadores. El 41,7% cree que sus ventas disminuirán en el año, lo que se compara con el 22,6% y 5,1% que pensaba esto para el ejercicio 2019 en las últimas mediciones de julio y diciembre 2018, respectivamente.
En un contexto donde el gobierno y las distintas autoridades económicas han reconocido que habrá un menor crecimiento económico -a nivel de ejecutivos un 18,1% cree que habrá una expansión negativa este año y 39,7% espera que sea menos al 1%-, los principales damnificados podrían ser el empleo y las inversiones.
En materia de recursos humanos, 48,1% dice que reducirá dotación, lo que se compara con el 30,5% de julio y el 17,8% de diciembre de 2018. El 43,1% mantendrá y solo el 8,7% espera aumentar, lo que muestra una fuerte diferencia respecto de las mediciones anteriores.
Las inversiones también se verán afectadas, dado que el 52,2% dice que disminuirán y solo 12,5% espera aumentarlas. Respecto al primero de estos grupos, quienes tienen esa postura de cara 2020 crecieron fuertemente respecto de los indicadores anteriores, con 19,9% en junio y 12,4% en diciembre de 2018.
El monto del presupuesto también ha ido trasladándose hacia los grupos más bajos. Por ejemplo, los que destinarán más de US$ 200 millones en el año solo representan 4,1% de la muestra, una baja respecto del 7,9% de la medición de junio.
El grupo que más ha crecido es el que destinará menos de US$ 50 millones, que pasó de 76,8% en diciembre de 2018 a 88,3% en diciembre de 2019.
El presidente de EY, Cristián Lefevre, dice que “las empresas están reevaluando los proyectos de inversión que ya tenían planificados”, donde, por ejemplo, el mercado inmobiliario ya está viendo las consecuencias de esta situación con una baja en las ventas, lo que se suma a los mayores riesgos que está viviendo el sector bancario y financiero. “Claramente esto afectará futuras inversiones”, recalca, salvo en sectores como la minería y las energías renovables.
Otro tema que surgió producto de la contingencia fue el efecto de la discusión constitucional, donde entre quienes tienen una visión negativa y muy negativa sobre su empresa alcanzan 59,7%. El 10,5% prevé repercusiones positivas y muy positivas.
Cristián Lefevre: «La magnitud del fenómeno hace difícil prever su evolución y la dirección que tomará el país en general»
– A su juicio, ¿la situación de crisis económica ya está instalada en las empresas pensando en 2020?
-Las empresas han tenido unos meses muy difíciles, en muchos casos, con graves interrupciones en sus actividades productivas, están enfrentando costos más elevados y una mayor incertidumbre hacia a delante. Asimismo, los episodios de violencia y daños al sistema de transporte capitalino han pesado en el ánimo de muchos trabajadores y empresarios, lo que redunda en una mirada más negativa.
En relación a los resultados empresariales, hay un fuerte deterioro en las expectativas, tanto de ventas como de utilidades y los encuestados están mostrando una clara preocupación por el empleo. Los resultados dan cuenta de que los encuestados están esperando unos meses muy difíciles hacia adelante.
– ¿Cuáles son las consecuencias más relevantes que se deberían ver a raíz de la crisis?
– Una de las consecuencias más importantes es el fuerte deterioro en las expectativas empresariales, lo que redundará en temas como los planes de inversiones, las condiciones del crédito, el empleo y el nivel de endeudamiento.
En especial muchas empresas pequeñas y medianas ya están viendo condiciones más difíciles y les será cuesta arriba recuperarse de la interrupción sufrida en los últimos meses.
La magnitud del fenómeno hace difícil prever su evolución y la dirección que tomará el país en general. Esto dificulta la planificación a largo plazo y la toma de decisiones a todo nivel.
– ¿Cómo se está viendo el debate constitucional, se ve que tendrá un efecto negativo?
– La encuesta da cuenta de que el 60% de la muestra considera que el debate constitucional tendrá repercusiones negativas para su empresa. La incertidumbre siempre es un aspecto que afecta y el nivel que un proceso de esta magnitud genera, es algo con lo que las empresas deberán aprender a convivir por al menos un par de años. Esta percepción negativa del empresariado se podría revertir si es que gana la opción «No» en el plebiscito de abril y finalmente en lugar de partir con una «hoja en blanco» con la carta magna, se realizan las modificaciones y reformas que sean necesarias en la actual constitución.
Fuente: Diario Financiero, enero 20 de 2020
Administración fue el área que captó la mayor parte de la inversión y los participantes involucrados. Luego se ubicó salud, comercio, y logística y transporte.
En 2018 la inversión en capacitación fue de $147 mil millones en el sistema de franquicia tributaria.
Desde la llegada de Juan Manuel Santa Cruz al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) se han impulsado una serie de auditorías y revisiones internas para detectar falencias y mejorar el sistema de capacitación laboral.
“Sence está comprometido con la empleabilidad de los trabajadores del país, especialmente los de menores ingresos, y por lo tanto para nosotros es clave conocer la estructura de costos de los organismos de capacitación y así contar con parámetros objetivos para la determinación del nivel y reajustabilidad del aporte del Estado”, explica Pamela Arellano, jefa de la Unidad de Desarrollo Estratégico de Sence.
Por lo mismo, el servicio solicitó a Guernica Consultores estudiar los costos de los proveedores de capacitación de Sence para diseñar una metodología que permita al servicio estimar los costos del sistema.
Capacitación en números
Según el reporte, entre 2015 y 2018 más de dos mil instituciones prestaron servicios en el sistema público de capacitación, compuesto por la franquicia tributaria y los programas sociales. En 2018, los organismos implementaron 38.500 cursos vía franquicia y 1.500 en programas sociales.
Por tamaño de proveedores -según el total de las ventas en el rubro en 2018-, el reporte da cuenta de que el 61% son microempresas, el 32% son pequeñas y el 5% son medianas y grandes.
En términos societarios, la mayor parte de los proveedores no pertenecen a entidades de mayor tamaño (81%), por lo que solo el 19% forma parte de una institución o empresa mayor. “En este último caso la capacitación es principalmente una actividad secundaria o que reporta una facturación menor al grupo empresarial”, dice el análisis.
Si bien el 61% presta servicios en la Metropolitana, la oferta en las demás regiones del país también es relevante, ya que el 60% de las entidades presta servicios en más de una zona.
La inversión en capacitación en 2018 ascendió a $147 mil millones en el sistema de franquicia tributaria, un 35% más que en 2015, donde el 78% correspondió a inversión realizada con financiamiento público. El sistema de franquicia fiscal permitió capacitar a casi 1,3 millones de personas en 2018, un 30% más que en 2015.
Con respecto al origen del financiamiento, el 52% proviene de la franquicia tributaria y el 20% de los programas Sence. El 18% de la facturación a empresas no está asociado a capacitación con incentivo público.
Situación por rubro
Administración es el área que concentra la mayor parte de los montos invertidos y de los participantes involucrados, absorbiendo el 28% de la inversión en el período y el 30% de los beneficiarios.
Más atrás se ubica salud, con un 11% de la inversión y un 16% de los participantes. Luego viene comercio,transporte y logística, que representan el 10% de la inversión en cada caso y el 14% y 8% de los beneficiarios, respectivamente. Esas cuatro áreas concentraron el 59% de la inversión y el 68% de los participantes.
Respecto a los costos de los cursos mediante franquicia tributaria, la investigación arrojó que los valores difieren según modalidad: más del 60% de los cursos a distancia y de E-learning tienen un valor hora bajo los $4 mil, a diferencia de los cursos presenciales, cuyo costo hora es de $5 mil. Por otro lado, los cursos de programas sociales mostraron, mayoritariamente, un valor hora menor a $4 mil (79%), y solo el 8% supera los $5 mil hora.
“El estudio muestra que el mercado de proveedores de capacitación es muy diverso y que los datos disponibles no son suficientes para captar dicha heterogeneidad. Concordamos con la necesidad de establecer políticas diferenciadas por segmento para optimizar los resultados del esfuerzo del Estado, pero nos falta avanzar en institucionalidad. El proyecto de ley de reforma al Sence, que se acaba de aprobar en la comisión de Hacienda para ser votado en Sala, avanza en esa línea, mejorando los incentivos para que las capacitaciones que se realicen agreguen valor”, agrega Arellano.
Fuente: Diario Financiero, enero 20 de 2020
Benjamín Costa Navarro socio de Estudio Navarro Abogados
«…Las empresas obligadas, esto es, aquellas que tienen más de 100 trabajadores, deben en este mes de enero informar a la Dirección del Trabajo la forma en que cumplieron con la ley durante el período anterior y, además, deben comenzar a cumplir con esta legislación a través de la contratación directa de trabajadores discapacitados o asignatarios de pensión de invalidez…»
En abril próximo se cumplen dos años desde la entrada en vigencia de la Ley 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, y aún existen dificultades e interrogantes en su implementación.
Esta ley ha tenido una puesta en marcha gradual, de forma que en abril de 2018 las empresas de más de 200 trabajadores debían contratar o mantener contratados a lo menos el 1% de su dotación total a personas discapacitadas o asignatarias de pensión de invalidez, mientras que las empresas de 100 a 199 trabajadores debían cumplir con esta norma a partir de abril de 2019. Lo particular de estos dos años de vigencia es que las empresas podían decidir si cumplían con la obligación de contratación directa o mediante alguna de las medidas alternativas, a su arbitrio. Sin embargo, a partir de enero de 2020 las empresas de más de 100 trabajadores deben cumplir con la contratación directa de personas discapacitadas o asignatarias de una pensión de invalidez y, solo en el caso de que existan razones fundadas derivadas de la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa o la falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado, se podrá cumplir alternativamente con esta obligación legal, a través de la celebración de contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad o persona asignataria de invalidez, o bien, efectuando donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones corporaciones o fundaciones incorporadas en el Registro de Donatarios del Ministerio de Desarrollo Social.
Cabe hacer presente que en cuanto a la contratación de personas discapacitadas o asignatarias de una pensión de invalidez no existe ninguna norma excepcional, de modo que rigen las disposiciones generales, con la única salvedad de que los contratos de trabajo celebrados con estos trabajadores deben registrarse en el sitio web de la Dirección del Trabajo.
Lo anterior es sin perjuicio de la obligación que establece la ley respecto de la información que todos los años en el mes de enero deben enviar las empresas de más de 100 trabajadores a la Dirección del Trabajo, a través de un formulario dispuesto por dicho organismo especialmente para estos efectos, en el cual se señala la forma en que se dio cumplimiento a las obligaciones comprendidas en la Ley 21.015.
En razón de lo expuesto, todas las empresas obligadas, esto es, aquellas que tienen más de 100 trabajadores, deben en este mes de enero informar a la Dirección del Trabajo la forma en que cumplieron con la ley durante el período anterior y, además, deben comenzar a cumplir con esta legislación a través de la contratación directa de trabajadores discapacitados o asignatarios de pensión de invalidez, pudiendo cumplir de forma alternativa solo cuando existan las razones fundadas que así lo autorizan, arriesgando en caso de incumplimiento multas de 40 UTM para las empresas de 100 a 199 trabajadores y de 60 UTM para las empresas de más de 200 trabajadores, ambas por cada mes de incumplimiento.
Fuente: El Mercurio – Legal, enero 17 de 2020
Empleadores ahorrarán tiempo y dinero realizando este trámite a través de la plataforma Mi DT de la Dirección del Trabajo.
El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, permite a empleadores, personas naturales o jurídicas, acreditar su conducta laboral y previsional ante instituciones públicas o privadas.
Este certificado se encuentra disponible en la plataforma Mi DT a la que se accede a través del portal www.direcciondeltrabajo.cl, no tiene costo y es de fácil obtención, incluso a través de dispositivos móviles como un teléfono celular o una Tablet.
Para realizar este trámite se debe contar con CLAVE UNICA con la que se accede a Mi DT. El sistema permite enviar el certificado a una casilla de correo electrónico o descargarlo en formato PDF.
La Dirección del Trabajo mantendrá este trámite en la modalidad presencial en cada una de las Inspecciones del Trabajo, en cuyo caso el costo del certificado es de $ 2.500 y tiene un plazo de entrega de hasta dos días hábiles.
Fuente: Dirección del Trabajo, enero 17 de 2020
La audiencia se llevará a cabo el 09 de marzo próximo, en el Juzgado de Calama.
La polémica entre Codelco y sus líderes sindicales no para. Este jueves, el tribunal de Calama citó a ambas partes a una audiencia preparatoria, en el marco de la querella interpuesta por la minera estatal que busca el desafuero laboral de una veintena de sus históricos trabajadores por estafa en la administración de seguros de vida.
Según la citación, «en esta audiencia las partes deberán señalar todos los medios de prueba que pretendan hacer valer en la audiencia de juicio, como así también requerir las diligencias de prueba atinentes a sus alegaciones, a fin de examinar su admisibilidad».
Para el 9 de marzo, tanto altos funcionarios de Codelco como los trabajadores de Chuquicamata y RadomiroTomic fueron citados, «afectándole a aquella que parte que no concurra todas las resoluciones que se dicten en ella, sin necesidad de ulterior notificación».
En la demanda por supuesto sobreprecio en la contratación de seguros y en donde hasta el momento tres trabajadores fueron desvinculados de la minera, algunos de los dirigentes citados son los presidentes de los Sindicatos 1°, 2° y 3°, Cecilia González, Liliana Ugarte y Rolando Milla, respectivamente.
Fuente: Diario Financiero, enero 16 de 2020
Tomás Pablo Roa, presidente ejecutivo de Wolf y Pablo Consultores, S.L.
La IED creció un 75% entre enero y noviembre hasta los 10.615 millones de dólares
Hemos conocido el informe Perspectivas económicas globales del Banco Mundial (BM), que proyecta un crecimiento del 2,5% del PIB a nivel planetario para este año. Chile figura en el estudio con igual estimación.
De esta manera, tras la fuerte caída de la actividad económica vivida en tierras chilenas a partir de octubre pasado, el BM prevé que la economía nacional se expandirá un 2,5% en 2020 y un 3% en 2021. En junio pasado habían proyectado un 3,1% para este ejercicio.
Los fundamentos de estas predicciones del BM son «un mayor volumen de exportaciones de cobre después de interrupciones de minas en 2019, una mejora de las perspectivas del sector privado a medida que se desarrollen las reformas del sector empresarial, y un impulso del estímulo fiscal».
Muchos firmarían como buenas estas previsiones para Chile atendiendo al alto nivel de violencia vivido en los últimos tres meses. Asumiendo, eso sí, que para su condición de nación emergente de ingresos altos, está debería estar más próxima al 4%. Así y todo, el ministerio de Hacienda, encargado de las finanzas locales, trabaja con un rango de entre un 1% y un 1,5%. Por su parte, el Banco Central, en su Informe de política monetaria de inicios de diciembre, lo situaba entre un 0,5% y un 1,5%.
Si atendemos a la posición de economía abierta de Chile, además de las cuestiones internas a resolver, existen factores externos que no se pueden ignorar: desacuerdos entre Estados Unidos y China, desaceleración de la Unión Europea, inestabilidad en América Latina, o Estados Unidos e Irán, por mencionar algunos -especialmente, si se repara en que, poco más o menos, todos ellos son importantes socios comerciales de los chilenos-.
A falta de un resumen final, que suele conocerse a últimos de febrero, el comercio exterior de Chile se situó muy próximo a los 140.000 millones de dólares, el monto más bajo desde 2015. Las exportaciones retrocedieron un 7,6% y las importaciones, un 7,5%.
La tensión EEUU-China, freno al comercio
Como una de las causas principales se cita los desencuentros habidos entre las dos grandes potencias, lo cual repercutió fuertemente en las ventas de cobre, las que alcanzaron algo más de 33.000 millones de dólares, cerca de 3.000 millones menos que en 2018, lo que supone una bajada de un 8,2%.
Los buenos números obtenidos en diciembre, con exportaciones sobre los 6.600 millones de dólares, no fueron suficientes para revertir esta situación. Ni siquiera el espectacular salto dado por los envíos de cerezas, que con 1.562 millones de dólares superó por primera vez a la uva de mesa (aproximadamente unos 1.200 millones).
Añadimos a los datos anteriores los del sector silvoagropecuario, en el que las expediciones ascendieron por encima de los 6.500 millones de dólares, un 2,2% más, insuficiente para mitigar los coletazos del enfrentamiento de los dos colosos universales que afectaron a cerca de la totalidad del comercio internacional. Los productos mineros tuvieron un derrumbe del 60%; la celulosa también experimentó un descenso. Los dos sectores afectados inciden notoriamente en los intercambios con el extranjero.
Por su parte, las importaciones de bienes de consumo se replegaron un 10,8%, logrando completar una cifra por arriba de los 20.000 millones de dólares. Los llamados bienes durables supusieron 7.500 millones en números redondos, es decir, un 16% menos, debido a un desplome de 24,6% en automóviles, de 12,3% en celulares y de 11,1% en televisores. Los semidurables bajaron un 9,4%, hasta un valor de 5.987 millones. Los llamados bienes de capital cayeron un 4,7%, con un registro de 14.589 millones de dólares.
La inversión extranjera, al alza
Finalmente, vamos a referirnos a las inversiones, indispensables para que Chile pueda continuar su proceso de desarrollo que le asegure bienestar y calidad de vida a toda su población.
Esta semana conocíamos a través del embajador de Suecia en Chile, Oscar Stenström, que «ninguna empresa sueca ha pensado en retirar sus inversiones» debido a los avatares vividos. Stenström se refería a unas 40 grandes compañías venidas del norte de Europa. Asimismo, se vio a empresarios chinos interesándose en la Comisión Nacional de la Energía por la futura megalínea eléctrica de transmisión, la primera en corriente continua que se levantará en el país, que se proyecta para la presente década y supondrá una inversión de 1.300 millones de dólares.
Los inversores continúan con los ojos puestos en Chile; los montantes de inversión extranjera directa (IED) entre enero y noviembre de 2019 ya llegan a los 10.615 millones de dólares, un 75% por encima de lo registrado en el mismo periodo del año anterior, acercándose al promedio de los 11.946 millones conseguidos entre 2015 y 2019.
Del general recibido hasta ahora, 6.293 millones de dólares van al componente de participaciones de capital, que equivalen al 59% del total. La reinversión de beneficios es igual a 3.629 millones, vale decir un 34%. Por último, la deuda relacionada suma 694 millones, un 7%.
Casi con toda probabilidad Chile volverá a situarse en 2019 junto al grupo de adelante entre los que más capital atraen a la región. Se debe asumir que la mayor parte de este flujo inversor llegó antes del 18 de octubre, por lo que se debe continuar trabajando para demostrar que sigue siendo un destino seguro.
Fuente: Wolf & Pablo Consultores S.L., enero 16 de 2020