Propuesta busca asegurar el respeto de los derechos laborales de los adultos mayores que, habiendo jubilado, deseen continuar trabajando.
Se estima que unos 600 mil adultos mayores hoy se encuentran ejerciendo algún tipo de actividad productiva.
A paso lento pero seguro avanza en el Congreso el proyecto de ley que establece y regula el contrato de trabajo del adulto mayor, el cual busca que las personas mayores de 60 años puedan pactar voluntariamente con su empleador una jornada flexible.
El pasado 6 de enero los senadores aprobaron, con 28 a favor y tres abstenciones, las ideas centrales de la propuesta en primer trámite legislativo.
El proyecto -que consta de dos mociones refundidas presentadas por los senadores Carolina Goic, Francisco Chahuán, Rabindranath Quinteros y David Sandoval- toma como base la Recomendación n° 162 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual a nivel general establece que los adultos mayores “deberían disfrutar, sin discriminación por razón de edad, de igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores”.
El avance de la tramitación de la moción toma relevancia, ya que se trataría de la segunda propuesta que sigilosamente logra hacerse espacio en la agenda legislativa, tal como ocurrió con el proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, el cual fue sumando apoyos en el Congreso. Esto en un contexto en el cual el Gobierno ha intentado posicionar sus propios proyectos.
Como eje central, la moción en discusión propone una regulación que asegura el respeto de los derechos laborales de los adultos mayores que, habiendo jubilado, deseen continuar trabajando, eso sí, amparados por un tipo de contrato de trabajo simplificado.
De tres meses a un año
Así la propuesta busca que el trabajador adulto mayor -definido en la Ley N° 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor- pueda pactar con el empleador una determinada cantidad de horas de trabajo, las que se podrán distribuir en un periodo superior a tres meses e inferior a un año. Además, la distribución de las horas de cada semana por el periodo de tiempo pactado podrá ser en jornadas diarias de un máximo de 8 y un mínimo de 5 horas, distribuidos hasta en 6 días.
¿Qué ocurre con los beneficios sociales? El proyecto establece que los beneficios otorgados por el Estado u otros de diverso tipo “que les corresponda recibir o que se encuentren actualmente percibiendo no se perderán por prestar servicios conforme con un contrato de trabajo regido por este capítulo”.
Respecto a las remuneraciones, el proyecto establece que se pagará mensualmente sobre la base del total de horas trabajadas durante el mes.
“Llena un vacío”
Además, la contratación bajo esta nueva modalidad de trabajo de adultos mayores no podrá aplicarse para la realización de tareas que sean consideradas perjudiciales para la salud o para trabajos pesados.
“Este proyecto llena un vacío en nuestra legislación”, dijo el senador José Miguel Durana (UDI), en la votación en Sala de la propuesta el pasado 6 de enero, agregando que se trata de una propuesta relevante ya que “va a permitir incentivar la contratación en adecuadas condiciones de seguridad y protección para el trabajador, a través de contratos formales, con seguros de accidentes, previsión social y salud”.
El senador David Sandoval sostuvo que “en Chile existen cerca de 600 mil adultos mayores que trabajan sin ningún tipo de vínculo laboral (…) ¿por qué lo hacen? porque ellos han estimado que bajo ese sistema no pierden otro tipo de beneficios que el Estado les otorga. Esto se hace cargo”.
Fuente: Diario Financiero, enero 21 de 2020
Sondeo de EY realizado a 343 ejecutivos de compañías muestra que el 60% dice que el debate constitucional tendrá efectos negativos en su negocio.
El 25 de enero se cumplirán 100 días desde el estallido social, crisis que está terminando de golpear las expectativas empresariales que habían venido evolucionado a la baja durante el último año.
Una medición realizada por EY en diciembre a 343 ejecutivos de un amplio espectro de empresas, de todos los tamaños y sectores, aunque con énfasis en comercio, construcción e inmobiliarias, minería y servicios financieros, entre otros, da cuenta de este fenómeno.
Los resultados no son alentadores. El 41,7% cree que sus ventas disminuirán en el año, lo que se compara con el 22,6% y 5,1% que pensaba esto para el ejercicio 2019 en las últimas mediciones de julio y diciembre 2018, respectivamente.
En un contexto donde el gobierno y las distintas autoridades económicas han reconocido que habrá un menor crecimiento económico -a nivel de ejecutivos un 18,1% cree que habrá una expansión negativa este año y 39,7% espera que sea menos al 1%-, los principales damnificados podrían ser el empleo y las inversiones.
En materia de recursos humanos, 48,1% dice que reducirá dotación, lo que se compara con el 30,5% de julio y el 17,8% de diciembre de 2018. El 43,1% mantendrá y solo el 8,7% espera aumentar, lo que muestra una fuerte diferencia respecto de las mediciones anteriores.
Las inversiones también se verán afectadas, dado que el 52,2% dice que disminuirán y solo 12,5% espera aumentarlas. Respecto al primero de estos grupos, quienes tienen esa postura de cara 2020 crecieron fuertemente respecto de los indicadores anteriores, con 19,9% en junio y 12,4% en diciembre de 2018.
El monto del presupuesto también ha ido trasladándose hacia los grupos más bajos. Por ejemplo, los que destinarán más de US$ 200 millones en el año solo representan 4,1% de la muestra, una baja respecto del 7,9% de la medición de junio.
El grupo que más ha crecido es el que destinará menos de US$ 50 millones, que pasó de 76,8% en diciembre de 2018 a 88,3% en diciembre de 2019.
El presidente de EY, Cristián Lefevre, dice que “las empresas están reevaluando los proyectos de inversión que ya tenían planificados”, donde, por ejemplo, el mercado inmobiliario ya está viendo las consecuencias de esta situación con una baja en las ventas, lo que se suma a los mayores riesgos que está viviendo el sector bancario y financiero. “Claramente esto afectará futuras inversiones”, recalca, salvo en sectores como la minería y las energías renovables.
Otro tema que surgió producto de la contingencia fue el efecto de la discusión constitucional, donde entre quienes tienen una visión negativa y muy negativa sobre su empresa alcanzan 59,7%. El 10,5% prevé repercusiones positivas y muy positivas.
Cristián Lefevre: «La magnitud del fenómeno hace difícil prever su evolución y la dirección que tomará el país en general»
– A su juicio, ¿la situación de crisis económica ya está instalada en las empresas pensando en 2020?
-Las empresas han tenido unos meses muy difíciles, en muchos casos, con graves interrupciones en sus actividades productivas, están enfrentando costos más elevados y una mayor incertidumbre hacia a delante. Asimismo, los episodios de violencia y daños al sistema de transporte capitalino han pesado en el ánimo de muchos trabajadores y empresarios, lo que redunda en una mirada más negativa.
En relación a los resultados empresariales, hay un fuerte deterioro en las expectativas, tanto de ventas como de utilidades y los encuestados están mostrando una clara preocupación por el empleo. Los resultados dan cuenta de que los encuestados están esperando unos meses muy difíciles hacia adelante.
– ¿Cuáles son las consecuencias más relevantes que se deberían ver a raíz de la crisis?
– Una de las consecuencias más importantes es el fuerte deterioro en las expectativas empresariales, lo que redundará en temas como los planes de inversiones, las condiciones del crédito, el empleo y el nivel de endeudamiento.
En especial muchas empresas pequeñas y medianas ya están viendo condiciones más difíciles y les será cuesta arriba recuperarse de la interrupción sufrida en los últimos meses.
La magnitud del fenómeno hace difícil prever su evolución y la dirección que tomará el país en general. Esto dificulta la planificación a largo plazo y la toma de decisiones a todo nivel.
– ¿Cómo se está viendo el debate constitucional, se ve que tendrá un efecto negativo?
– La encuesta da cuenta de que el 60% de la muestra considera que el debate constitucional tendrá repercusiones negativas para su empresa. La incertidumbre siempre es un aspecto que afecta y el nivel que un proceso de esta magnitud genera, es algo con lo que las empresas deberán aprender a convivir por al menos un par de años. Esta percepción negativa del empresariado se podría revertir si es que gana la opción «No» en el plebiscito de abril y finalmente en lugar de partir con una «hoja en blanco» con la carta magna, se realizan las modificaciones y reformas que sean necesarias en la actual constitución.
Fuente: Diario Financiero, enero 20 de 2020
Administración fue el área que captó la mayor parte de la inversión y los participantes involucrados. Luego se ubicó salud, comercio, y logística y transporte.
En 2018 la inversión en capacitación fue de $147 mil millones en el sistema de franquicia tributaria.
Desde la llegada de Juan Manuel Santa Cruz al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) se han impulsado una serie de auditorías y revisiones internas para detectar falencias y mejorar el sistema de capacitación laboral.
“Sence está comprometido con la empleabilidad de los trabajadores del país, especialmente los de menores ingresos, y por lo tanto para nosotros es clave conocer la estructura de costos de los organismos de capacitación y así contar con parámetros objetivos para la determinación del nivel y reajustabilidad del aporte del Estado”, explica Pamela Arellano, jefa de la Unidad de Desarrollo Estratégico de Sence.
Por lo mismo, el servicio solicitó a Guernica Consultores estudiar los costos de los proveedores de capacitación de Sence para diseñar una metodología que permita al servicio estimar los costos del sistema.
Capacitación en números
Según el reporte, entre 2015 y 2018 más de dos mil instituciones prestaron servicios en el sistema público de capacitación, compuesto por la franquicia tributaria y los programas sociales. En 2018, los organismos implementaron 38.500 cursos vía franquicia y 1.500 en programas sociales.
Por tamaño de proveedores -según el total de las ventas en el rubro en 2018-, el reporte da cuenta de que el 61% son microempresas, el 32% son pequeñas y el 5% son medianas y grandes.
En términos societarios, la mayor parte de los proveedores no pertenecen a entidades de mayor tamaño (81%), por lo que solo el 19% forma parte de una institución o empresa mayor. “En este último caso la capacitación es principalmente una actividad secundaria o que reporta una facturación menor al grupo empresarial”, dice el análisis.
Si bien el 61% presta servicios en la Metropolitana, la oferta en las demás regiones del país también es relevante, ya que el 60% de las entidades presta servicios en más de una zona.
La inversión en capacitación en 2018 ascendió a $147 mil millones en el sistema de franquicia tributaria, un 35% más que en 2015, donde el 78% correspondió a inversión realizada con financiamiento público. El sistema de franquicia fiscal permitió capacitar a casi 1,3 millones de personas en 2018, un 30% más que en 2015.
Con respecto al origen del financiamiento, el 52% proviene de la franquicia tributaria y el 20% de los programas Sence. El 18% de la facturación a empresas no está asociado a capacitación con incentivo público.
Situación por rubro
Administración es el área que concentra la mayor parte de los montos invertidos y de los participantes involucrados, absorbiendo el 28% de la inversión en el período y el 30% de los beneficiarios.
Más atrás se ubica salud, con un 11% de la inversión y un 16% de los participantes. Luego viene comercio,transporte y logística, que representan el 10% de la inversión en cada caso y el 14% y 8% de los beneficiarios, respectivamente. Esas cuatro áreas concentraron el 59% de la inversión y el 68% de los participantes.
Respecto a los costos de los cursos mediante franquicia tributaria, la investigación arrojó que los valores difieren según modalidad: más del 60% de los cursos a distancia y de E-learning tienen un valor hora bajo los $4 mil, a diferencia de los cursos presenciales, cuyo costo hora es de $5 mil. Por otro lado, los cursos de programas sociales mostraron, mayoritariamente, un valor hora menor a $4 mil (79%), y solo el 8% supera los $5 mil hora.
“El estudio muestra que el mercado de proveedores de capacitación es muy diverso y que los datos disponibles no son suficientes para captar dicha heterogeneidad. Concordamos con la necesidad de establecer políticas diferenciadas por segmento para optimizar los resultados del esfuerzo del Estado, pero nos falta avanzar en institucionalidad. El proyecto de ley de reforma al Sence, que se acaba de aprobar en la comisión de Hacienda para ser votado en Sala, avanza en esa línea, mejorando los incentivos para que las capacitaciones que se realicen agreguen valor”, agrega Arellano.
Fuente: Diario Financiero, enero 20 de 2020
Benjamín Costa Navarro socio de Estudio Navarro Abogados
«…Las empresas obligadas, esto es, aquellas que tienen más de 100 trabajadores, deben en este mes de enero informar a la Dirección del Trabajo la forma en que cumplieron con la ley durante el período anterior y, además, deben comenzar a cumplir con esta legislación a través de la contratación directa de trabajadores discapacitados o asignatarios de pensión de invalidez…»
En abril próximo se cumplen dos años desde la entrada en vigencia de la Ley 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, y aún existen dificultades e interrogantes en su implementación.
Esta ley ha tenido una puesta en marcha gradual, de forma que en abril de 2018 las empresas de más de 200 trabajadores debían contratar o mantener contratados a lo menos el 1% de su dotación total a personas discapacitadas o asignatarias de pensión de invalidez, mientras que las empresas de 100 a 199 trabajadores debían cumplir con esta norma a partir de abril de 2019. Lo particular de estos dos años de vigencia es que las empresas podían decidir si cumplían con la obligación de contratación directa o mediante alguna de las medidas alternativas, a su arbitrio. Sin embargo, a partir de enero de 2020 las empresas de más de 100 trabajadores deben cumplir con la contratación directa de personas discapacitadas o asignatarias de una pensión de invalidez y, solo en el caso de que existan razones fundadas derivadas de la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa o la falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado, se podrá cumplir alternativamente con esta obligación legal, a través de la celebración de contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad o persona asignataria de invalidez, o bien, efectuando donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones corporaciones o fundaciones incorporadas en el Registro de Donatarios del Ministerio de Desarrollo Social.
Cabe hacer presente que en cuanto a la contratación de personas discapacitadas o asignatarias de una pensión de invalidez no existe ninguna norma excepcional, de modo que rigen las disposiciones generales, con la única salvedad de que los contratos de trabajo celebrados con estos trabajadores deben registrarse en el sitio web de la Dirección del Trabajo.
Lo anterior es sin perjuicio de la obligación que establece la ley respecto de la información que todos los años en el mes de enero deben enviar las empresas de más de 100 trabajadores a la Dirección del Trabajo, a través de un formulario dispuesto por dicho organismo especialmente para estos efectos, en el cual se señala la forma en que se dio cumplimiento a las obligaciones comprendidas en la Ley 21.015.
En razón de lo expuesto, todas las empresas obligadas, esto es, aquellas que tienen más de 100 trabajadores, deben en este mes de enero informar a la Dirección del Trabajo la forma en que cumplieron con la ley durante el período anterior y, además, deben comenzar a cumplir con esta legislación a través de la contratación directa de trabajadores discapacitados o asignatarios de pensión de invalidez, pudiendo cumplir de forma alternativa solo cuando existan las razones fundadas que así lo autorizan, arriesgando en caso de incumplimiento multas de 40 UTM para las empresas de 100 a 199 trabajadores y de 60 UTM para las empresas de más de 200 trabajadores, ambas por cada mes de incumplimiento.
Fuente: El Mercurio – Legal, enero 17 de 2020
Empleadores ahorrarán tiempo y dinero realizando este trámite a través de la plataforma Mi DT de la Dirección del Trabajo.
El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, permite a empleadores, personas naturales o jurídicas, acreditar su conducta laboral y previsional ante instituciones públicas o privadas.
Este certificado se encuentra disponible en la plataforma Mi DT a la que se accede a través del portal www.direcciondeltrabajo.cl, no tiene costo y es de fácil obtención, incluso a través de dispositivos móviles como un teléfono celular o una Tablet.
Para realizar este trámite se debe contar con CLAVE UNICA con la que se accede a Mi DT. El sistema permite enviar el certificado a una casilla de correo electrónico o descargarlo en formato PDF.
La Dirección del Trabajo mantendrá este trámite en la modalidad presencial en cada una de las Inspecciones del Trabajo, en cuyo caso el costo del certificado es de $ 2.500 y tiene un plazo de entrega de hasta dos días hábiles.
Fuente: Dirección del Trabajo, enero 17 de 2020
La audiencia se llevará a cabo el 09 de marzo próximo, en el Juzgado de Calama.
La polémica entre Codelco y sus líderes sindicales no para. Este jueves, el tribunal de Calama citó a ambas partes a una audiencia preparatoria, en el marco de la querella interpuesta por la minera estatal que busca el desafuero laboral de una veintena de sus históricos trabajadores por estafa en la administración de seguros de vida.
Según la citación, «en esta audiencia las partes deberán señalar todos los medios de prueba que pretendan hacer valer en la audiencia de juicio, como así también requerir las diligencias de prueba atinentes a sus alegaciones, a fin de examinar su admisibilidad».
Para el 9 de marzo, tanto altos funcionarios de Codelco como los trabajadores de Chuquicamata y RadomiroTomic fueron citados, «afectándole a aquella que parte que no concurra todas las resoluciones que se dicten en ella, sin necesidad de ulterior notificación».
En la demanda por supuesto sobreprecio en la contratación de seguros y en donde hasta el momento tres trabajadores fueron desvinculados de la minera, algunos de los dirigentes citados son los presidentes de los Sindicatos 1°, 2° y 3°, Cecilia González, Liliana Ugarte y Rolando Milla, respectivamente.
Fuente: Diario Financiero, enero 16 de 2020
Tomás Pablo Roa, presidente ejecutivo de Wolf y Pablo Consultores, S.L.
La IED creció un 75% entre enero y noviembre hasta los 10.615 millones de dólares
Hemos conocido el informe Perspectivas económicas globales del Banco Mundial (BM), que proyecta un crecimiento del 2,5% del PIB a nivel planetario para este año. Chile figura en el estudio con igual estimación.
De esta manera, tras la fuerte caída de la actividad económica vivida en tierras chilenas a partir de octubre pasado, el BM prevé que la economía nacional se expandirá un 2,5% en 2020 y un 3% en 2021. En junio pasado habían proyectado un 3,1% para este ejercicio.
Los fundamentos de estas predicciones del BM son «un mayor volumen de exportaciones de cobre después de interrupciones de minas en 2019, una mejora de las perspectivas del sector privado a medida que se desarrollen las reformas del sector empresarial, y un impulso del estímulo fiscal».
Muchos firmarían como buenas estas previsiones para Chile atendiendo al alto nivel de violencia vivido en los últimos tres meses. Asumiendo, eso sí, que para su condición de nación emergente de ingresos altos, está debería estar más próxima al 4%. Así y todo, el ministerio de Hacienda, encargado de las finanzas locales, trabaja con un rango de entre un 1% y un 1,5%. Por su parte, el Banco Central, en su Informe de política monetaria de inicios de diciembre, lo situaba entre un 0,5% y un 1,5%.
Si atendemos a la posición de economía abierta de Chile, además de las cuestiones internas a resolver, existen factores externos que no se pueden ignorar: desacuerdos entre Estados Unidos y China, desaceleración de la Unión Europea, inestabilidad en América Latina, o Estados Unidos e Irán, por mencionar algunos -especialmente, si se repara en que, poco más o menos, todos ellos son importantes socios comerciales de los chilenos-.
A falta de un resumen final, que suele conocerse a últimos de febrero, el comercio exterior de Chile se situó muy próximo a los 140.000 millones de dólares, el monto más bajo desde 2015. Las exportaciones retrocedieron un 7,6% y las importaciones, un 7,5%.
La tensión EEUU-China, freno al comercio
Como una de las causas principales se cita los desencuentros habidos entre las dos grandes potencias, lo cual repercutió fuertemente en las ventas de cobre, las que alcanzaron algo más de 33.000 millones de dólares, cerca de 3.000 millones menos que en 2018, lo que supone una bajada de un 8,2%.
Los buenos números obtenidos en diciembre, con exportaciones sobre los 6.600 millones de dólares, no fueron suficientes para revertir esta situación. Ni siquiera el espectacular salto dado por los envíos de cerezas, que con 1.562 millones de dólares superó por primera vez a la uva de mesa (aproximadamente unos 1.200 millones).
Añadimos a los datos anteriores los del sector silvoagropecuario, en el que las expediciones ascendieron por encima de los 6.500 millones de dólares, un 2,2% más, insuficiente para mitigar los coletazos del enfrentamiento de los dos colosos universales que afectaron a cerca de la totalidad del comercio internacional. Los productos mineros tuvieron un derrumbe del 60%; la celulosa también experimentó un descenso. Los dos sectores afectados inciden notoriamente en los intercambios con el extranjero.
Por su parte, las importaciones de bienes de consumo se replegaron un 10,8%, logrando completar una cifra por arriba de los 20.000 millones de dólares. Los llamados bienes durables supusieron 7.500 millones en números redondos, es decir, un 16% menos, debido a un desplome de 24,6% en automóviles, de 12,3% en celulares y de 11,1% en televisores. Los semidurables bajaron un 9,4%, hasta un valor de 5.987 millones. Los llamados bienes de capital cayeron un 4,7%, con un registro de 14.589 millones de dólares.
La inversión extranjera, al alza
Finalmente, vamos a referirnos a las inversiones, indispensables para que Chile pueda continuar su proceso de desarrollo que le asegure bienestar y calidad de vida a toda su población.
Esta semana conocíamos a través del embajador de Suecia en Chile, Oscar Stenström, que «ninguna empresa sueca ha pensado en retirar sus inversiones» debido a los avatares vividos. Stenström se refería a unas 40 grandes compañías venidas del norte de Europa. Asimismo, se vio a empresarios chinos interesándose en la Comisión Nacional de la Energía por la futura megalínea eléctrica de transmisión, la primera en corriente continua que se levantará en el país, que se proyecta para la presente década y supondrá una inversión de 1.300 millones de dólares.
Los inversores continúan con los ojos puestos en Chile; los montantes de inversión extranjera directa (IED) entre enero y noviembre de 2019 ya llegan a los 10.615 millones de dólares, un 75% por encima de lo registrado en el mismo periodo del año anterior, acercándose al promedio de los 11.946 millones conseguidos entre 2015 y 2019.
Del general recibido hasta ahora, 6.293 millones de dólares van al componente de participaciones de capital, que equivalen al 59% del total. La reinversión de beneficios es igual a 3.629 millones, vale decir un 34%. Por último, la deuda relacionada suma 694 millones, un 7%.
Casi con toda probabilidad Chile volverá a situarse en 2019 junto al grupo de adelante entre los que más capital atraen a la región. Se debe asumir que la mayor parte de este flujo inversor llegó antes del 18 de octubre, por lo que se debe continuar trabajando para demostrar que sigue siendo un destino seguro.
Fuente: Wolf & Pablo Consultores S.L., enero 16 de 2020
Luego de tres meses de discusión suspendida, el gobierno entregó los detalles de los cambios que propondrá al sistema de pensiones. A través de una cadena nacional de televisión, ayer el Presidente Sebastián Piñera informó que el Ejecutivo ingresará al Congreso una indicación que supone un aumento importante en las cotizaciones previsionales- de 10 a 16% de manera gradual- y ajustes al funcionamiento de las AFP.
Los cambios ya han sido discutidos preliminarmente con parlamentarios de oposición que valoran que La Moneda haya optado por un alza de 6% de la cotización extra, aunque no concuerdan con la repartición de este porcentaje entre cuentas individuales y fondos solidarios.
La propuesta plantea un 3% adicional para cada una de estas alternativas, las que se harían efectivas de manera gradual -0.5% cada año hasta totalizar el 16%- para no afectar el empleo que se verá tensionado en los años próximos por el moderado crecimiento de la economía chilena.
De hecho, en la fórmula propuesta, el Gobierno inyectará el primer año entre US$ 900 millones y US$ 1.000 millones para subsidiar esta cotización adicional, que en régimen se considerará de «cargo del empleador». Este subsidio es transitorio y se reducirá en el tiempo.
Este monto se suma a lo ya presupuestado para el alza del Pilar Solidario y apunta a que la agenda social llegue también a la clase media en materia de beneficios previsionales.
Adicionalmente, en el diseño de la propuesta se consideró uno de los temas más polémicos de los últimos meses: el retiro anticipado de los fondos de las cuentas individuales para hacer frente a situaciones complejas en materias de salud o financieras. En su discurso, el Presidente dijo que en casos muy excepcionales, como enfermedades terminales, se recalculará la expectativa de vida y se permitirá retirar en forma anticipada parte de los ahorros previsionales.
Administración
Estas cotizaciones adicionales serían administradas, si se aprueba la propuesta del Gobierno, por una entidad estatal autónoma que contrataría servicios de inversión a otros actores del mercado.
En la indicación, se explicitaría que no podrían ser las AFP las que compitan por estos fondos, para cumplir con la exigencia política de la oposición.
Principales cambios a la reforma
- Retiro de ahorros previsionales
Entre las nuevas indicaciones que propondrá el Ejecutivo se destaca la posibilidad de que a los afiliados de una AFP que padezcan una enfermedad terminal, se les pueda recalcular su expectativa de vida y se les permita rescatar anticipadamente una parte del total de sus ahorros previsionales. Cabe recordar que en noviembre de 2019 el Tribunal Constitucional (TC) si bien admitió dos requerimientos para retirar ahorros anticipados para la pensión, posteriormente rechazó ambas solicitudes. - Adultos mayores con dependencia severa
Otra de las medidas anunciadas ayer por el Presidente Piñera busca que aquellos adultos mayores que tengan una dependencia severa sean beneficiados con un incremento adicional a su jubilación para enfrentar «los mayores gastos que su condición signifique».
Tras la crisis social iniciada el 18 de octubre de 2019, el Presidente había anunciado un subsidio de dependencia, que comenzaría en 2020 para los beneficiarios del Programa de Atención Domiciliaria de Dependencia Severa del Ministerio de Salud. - Beneficios para actuales pensionados
La reforma, según lo anunciado ayer, permitirá que los actuales pensionados, que tengan un número mínimo de cotizaciones, apenas se apruebe la iniciativa recibirán un aumento significativo de sus pensiones.
En el caso de los hombres quienes cumplan un mínimo de 12 años, este aumento será de 2 UF, es decir, $56.600 mensuales, lo que significará un alza promedio de 20% de sus pensiones y beneficiará a más de 500 mil pensionados. En el caso de las mujeres el beneficio es mayor: será de 2.5 UF, es decir, $70.800 mensuales, para aquellas que cumplan con 8 años de cotizaciones como mínimo. Esto significará un aumento promedio de 32% de sus pensiones y beneficiará a más de 350 mil pensionadas. jubilación sobre - Salario mínimo
La nueva iniciativa establece que ningún pensionado quedará por debajo de la línea de la pobreza y que las pensiones de aquellos que hayan cotizado por 30 años o más, estén siempre por encima del monto actual del salario mínimo, expresado en UF. - Mayor poder para afiliados
Las nuevas indicaciones también buscan una mayor participación de los afiliados en la administración de sus ahorros. Para eso se propone la creación de un Comité de Afiliados. También se plantea la participación de un afiliado en cada directorio de las AFP. Además, se busca mayor participación del Comité de Usuarios del Sistema de Pensiones en la votación de las administradoras para designar directores en las empresas donde se han invertido los fondos de previsionales. Otra de las propuestas es la creación de una intendencia de Protección de Derechos de los Afiliados en la Superintendencia de Pensiones. - Consejo consultivo previsional
Actualmente, el Consejo Consultivo Previsional (CCP) asesora a los ministros del Trabajo y de Hacienda en materias relacionadas con el Sistema de Pensiones Solidarias. Debe elaborar un informe anual sobre su opinión acerca del funcionamiento de la normativa, para los ministros y el Congreso.
En la nueva propuesta se establece que el CCP revise periódicamente los parámetros del sistema, incluyendo las tablas de expectativas de vida.
Con esto, deberá proponer «nuevos perfeccionamientos que aumenten la competencia y transparencia del sistema y asegure el pago de pensiones dignas y adecuadas», sostuvo el documento de La Moneda.
AFP deberán devolver parte de comisiones si la rentabilidad es negativa
Cambios «estructurales» al actual sistema de administradoras de fondos de pensiones prometió ayer el Presidente Piñera, a las que se sumarían otras que no estuvieron en su discurso público, pero que estarían incluidas en el proyecto, sin contar con las exigencias que hará la oposición en el Congreso.
Primero, planteó fomentar la entrada de nuevos actores a competir por el 10% de cotización obligatoria actualmente administrada exclusivamente por las AFP a otros actores, como por ejemplo, sociedades sin fines de lucro y cooperativas de afiliados. El mecanismo que baraja La Moneda para inyectar competencia al sistema sería rebajar el actual encaje financiero.
En segundo lugar, Piñera señaló que «las administradoras tendrán que devolver a las cuentas de ahorro individual de sus cotizantes, parte de las comisiones cobradas, cuando la rentabilidad del fondo sea negativa. Así ponemos a ambos en la misma dirección y con la misma motivación».
Tercero, se buscará potenciar la participación y el compromiso de los cotizantes en sus ahorros previsionales y para esto se incluirá en la legislación propuesta una serie de medidas, entre ellas, un comité de afiliados, la participación de uno de los cotizantes en cada directorio de la AFP.
Además, las AFP «no podrán cobrar comisiones por inversiones en fondos mutuos nacionales, se restringirá el cobro de otras comisiones por servicios de inversión y deberán pagar las cuotas mortuorias de aquellos afiliados fallecidos que no puedan cubrir este gasto», dijo Piñera.
En cuarto lugar, se crearán instancias adicionales de fiscalización y de estudio que se suman a las ya existentes como la nueva Intendencia de Protección de los Derechos de los Afiliados que estará al alero de la Superintendencia de Pensiones.
En los temas que no fueron anunciados, pero estarían en el texto a ingresar el viernes a tramitación también estaría incluido el tema del traspaso a los afiliados de las comisiones por inversiones. En este sentido, se restringiría esto solamente en los casos en que estas fueran de tipo sofisticado, pero no las habituales.
Tampoco hubo anuncios sobre limitar la rentabilidad de las AFP, algo que podría exigir la oposición en la discusión legislativa.
Las otras ideas que rondan en La Moneda
Además de la ambiciosa batería de cambios que ayer propuso el Presidente Piñera, en La Moneda también barajan otras modificaciones que por ahora quedaron fuera del discurso presidencial. Una de las que sigue analizando Palacio es separar recaudación y administración de fondos, que actualmente realizan las AFP.
La idea, comenzó a tomar fuerza en diciembre pasado y afectaría a los ingresos de la industria de AFP. De acuerdo a las conversaciones entre el Ejecutivo y la oposición, el objetivo es que un ente centralizado administre las cuentas y que las AFP estén a cargo de la inversión y rentabilidad de los fondos. Esto podría generar menores comisiones para los afiliados.
Otra de las ideas que se analizan es inyectar más competencia a la industria a través de mecanismos de licitaciones de cartera similares a la que actualmente se realiza con los nuevos afiliados que ingresan al sistema y que recientemente fue adjudicada a la última administradora en crearse, AFP UNO, que ofreció la menor comisión. Se buscaría licitar stock de afiliados de otros rangos de edad.
Fuente: Diario Financiero, enero 16 de 2020
En el mes de enero la Dirección del Trabajo emitió un nuevo dictamen sobre el sentido y alcance de la Ley N° 21.165 que aborda la jornada parcial alternativa para estudiantes trabajadores. El ordinario N° 316/3 del 16 de enero de 2020 viene a complementar el dictamen Nº4533/28 del 24 de septiembre de 2019. Este nuevo dictamen trata materias relativas al descanso para colación de los estudiantes trabajadores, el permiso para rendir exámenes académicos, indica cuáles son las empresas con prohibición de pactar jornada parcial alternativa para estudiantes trabajadores y define a qué tipo de prestaciones de salud puede optar el estudiante trabajador cuándo cesa dicha calidad.
Desde que se anunció la firma del pacto parcial entre ambas potencias a mediados de octubre pasado – y que se sella hoy-, las exportaciones han mostrado mejores cifras, tendencia que se consolidaría este año. Asimismo, ha favorecido el precio del cobre, el que ayer alcanzó su mayor nivel desde mayo.
El consumo, inversión, demanda interna y las expectativas en la economía no lucen bien a nivel local, por lo que el escenario externo, o volvía más sombrío el panorama u ofrecía una luz de esperanza para lo que resta del año. Afortunadamente, es esta última alternativa la que gana terreno, gracias a la más importante distensión de la guerra comercial, que quedará sellada en la jornada de hoy.
Los principales socios comerciales de Chile, China y Estados Unidos, firman en Washington un pacto de fase 1, el cual contempla acuerdo en materia de propiedad intelectual, estándares para la devaluación de las monedas y una balanza comercial más equilibrada entre los protagonistas del conflicto. Aunque este tipo de detalles se fueron conociendo de a poco, desde que Donald Trump informó de un acuerdo parcial, Chile sacó cuentas alegres.
“Con el solo anuncio hubo un impacto positivo (…) el cobre subió, eso es un beneficio directo para Chile, y hemos visto que en diciembre tuvimos por primera vez en muchos meses un crecimiento interanual de nuestras exportaciones”, indica Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales.
De hecho, desde mediados de octubre el cobre ha anotado un alza de 8,3%, mientras que la mejora de las exportaciones en diciembre fue particularmente notoria en términos intermensuales, con un alza de 25,8%, el más amplio desde octubre de 2012.
Para el resto del año, el acercamiento entre las dos potencias consolidará la mejora comercial de Chile. “Se espera que, gracias a la reactivación de la manufactura en China, nuestras exportaciones a este país recuperen y superen los niveles de comercio previos a la Guerra Comercial”, señalan desde el departamento de Información Comercial de la mencionada subsecretaría.
Asimismo, la presidenta de AmCham Chile, Sandra Guazzotti, valora el acuerdo de fase uno, recalcando que nuestros socios estadounidenses “representan la mayor inversión extranjera directa en Chile, con un inventario acumulado de más de US$30 mil millones”.
Mejores perspectivas
Dentro de los productos que Chile exporta, uno de los más relevantes es ciertamente el cobre, cuya cotización cerró ayer en US$2,83 la libra, superior al US$2,79 que promedió en 2019 y por sobre la estimación del Banco Central (U$2,70 la libra para 2020). Esta es la séptima alza consecutiva del metal rojo y es su mayor nivel desde mayo de 2019.
Según los datos divulgados ayer por la Administración General de Aduanas china, las importaciones de cobre bruto del gigante asiático crecieron 9,1% en diciembre respecto al mes previo, su mayor nivel desde marzo de 2016, como consecuencia de una mayor actividad industrial y la débil oferta de metal de desecho que elevaron la demanda.
Este repunte se evidenció en las cifras de exportaciones del último mes de 2019, que alcanzaron US$6.644 millones (equivalente a un alza interanual de 1,3% e intermensual de 25,8%) y pese a que no lograron levantar el registro de exportaciones del año que cerró con una baja de 7,6%, según los expertos, da pistas de un mejor desempeño este año.
Según Mauricio Carrasco, de Econsult, “desde octubre de 2019 (cuando se dieron las primeras señales reales de acuerdo entre China y EEUU) hemos visto una mejora de 10% de su precio, el cual en parte se debe a esta mejora de expectativas. Esto vendría aparejado de un mayor dinamismo de las exportaciones mineras”.
A esto se suma, complementa Sergio Lehmann, de BCI, que “la actividad económica en China ha dado mejores señales en lo último, al tiempo que el sector manufacturero global, especialmente golpeado por la guerra comercial, mostraría un repunte. Eso favorecería la demanda de cobre mundial”.
De hecho, las expectativas privadas acercan el promedio del metal rojo hasta los US$2,90 la libra “hacia el segundo trimestre del año, lo que beneficiará a otras exportaciones chilenas, mejorará la balanza comercial e impulsará el tipo de cambio a la baja”, advierte Tomás Flores de LyD.
Este mejor precio tendrá, a su vez, impacto en las arcas fiscales. Carolina Grünwald, de BanChile, afirma que si se cumple la expectativa de un metal rojo en torno a US$2,90, “tomando en cuenta el Informe de Finanzas Públicas de Dipres, donde se explica que para el 2018 por cada centavo de dólar más los ingresos fiscales aumentaron US$24 millones, tendríamos al 2020 US$480 millones de mayores ingresos por este concepto, de un ingreso total estimado del orden de US$55.400 millones”.
En ese contexto, Nathan Pincheira, de Fynsa, señala que “durante 2020 nos tendremos que apoyar en el carro externo para poder crecer, frente a la debilidad esperada del consumo y la inversión”, así como también enfatiza Lehmann “junto con el gasto público, empujarán el crecimiento de la economía”.
Fuente: La Tercera -Pulso, enero 15 de 2020