En entrevista publicada ayer, un reconocido experto en transformación organizacional entregó a DF un crudo diagnóstico sobre la capacidad de las empresas chilenas para adaptarse a los desafíos del cambio digital y sortearlos airosamente. A su juicio, en los directorios de casi todas las empresas chilenas se habla mucho de transformación digital, pero “no existe” un real debate sobre el tipo de organización necesaria para enfrentar el progreso tecnológico. Las consecuencias arriesgan ser durísimas, sostiene, especialmente en el retail: “Mi mirada es que son pocos los que tienen que oportunidad de salvarse”.
Tanto la reflexión como el sentido de urgencia parecen válidos en otros ámbitos, más allá del consumo. En efecto, hacerse cargo de los retos que plantea la disrupción tecnológica es mucho más complejo que sólo digitalizar procesos o automatizar funciones, pues tiene que ver con cómo deben funcionar (y pensar) las organizaciones que incorporen estos cambios, y con cómo debe concebirse el entorno sistémico en el que operan no sólo las empresas, sino también otras instituciones.
Por desgracia, buena parte de la discusión nacional reciente de políticas públicas sobre diversos temas ha omitido estas consideraciones. Así, por ejemplo, en el debate por la duración de la jornada laboral apenas se han mencionado aspectos como la automatización y la capacitación continua, que están alterando radicalmente el mercado del trabajo en otras latitudes y que pronto se harán sentir con fuerza en Chile. Tampoco el debate en pensiones se ha hecho cargo de los profundos cambios en el mundo laboral (y en la medicina) que obligan a repensar la idea de “jubilarse”. En lo educativo, la preocupación por la gratuidad universitaria ha opacado problemas mucho más acuciantes, como la necesidad de concebir la formación académica y profesional desde las lógicas del siglo XXI y no del XX.
Cómo aprender, cómo trabajar, cómo producir. La revolución industrial exige plantear esas preguntas aquí y ahora, porque el futuro no espera a los indecisos.
Fuente: Diario Financiero, septiembre 12 de 2019