Marcelo Drago Abogado, miembro del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia
En la cita del Foro Económico Mundial de 2016 se acuñó el término “Cuarta Revolución Industrial”. La primera revolución derivó de la máquina a vapor; la segunda, de la electricidad; la tercera de las computadoras y la automatización; y la cuarta, de un grupo de tecnologías que redibuja la forma en que se organiza la producción de bienes y servicios. Hablamos de la economía digital y, como “guinda de la torta”, de la inteligencia artificial (IA).
La IA está cambiando completamente la economía, reemplazando decenas de funciones que en la actualidad desarrollan personas. Pero estas tecnologías existen en la medida en que hay datos que las alimenten, transformándolos en el “petróleo” que alimenta esta revolución. Así, hoy las empresas más valiosas del mundo son tecnológicas como Facebook, Amazon o Google.
Ante este escenario, Chile debe adaptarse con el fin de participar activamente en un intercambio transfronterizo de datos propio de la economía digital. En la actualidad, estas relaciones de intercambio se producen bajo normas de protección de los derechos de las personas establecidas básicamente por el Reglamento Europeo de Protección de Datos (el famoso GDPR), que plantea un mecanismo de reconocimiento de legislaciones como “adecuadas” en la materia y habilita el “libre flujo de datos”. Algo similar ocurre con el único tratado internacional en materia de protección de datos personales, el Convenio 108 del Consejo de Europa.
Nuestro país requiere ser reconocido como “país adecuado” por la Unión Europea (UE), lo que levantaría las barreras al flujo de datos para operar con Europa como si de un solo bloque económico se tratara. Estamos ante una tremenda oportunidad para el desarrollo de estas tecnologías en Chile y ofrecer datos que posibiliten nuestra integración real a la nueva economía, con los resguardos obligatorios e indispensables para el respeto y protección de los derechos de nuestros ciudadanos.
Es requerimiento abogar por un correcto uso de los datos y junto con ello aprovechar sus potencialidades en el conjunto de nuevas tecnologías. El conocimiento del proyecto de ley sobre protección de datos personales, que moderniza una normativa con 20 años de data, parece un requisito ineludible. De hecho, hace poco en este diario se apuntaba, en base a estudios recientes, al desconocimiento sobre la iniciativa de ley entre los principales ejecutivos de empresas nacionales.
La nueva legislación –actualmente en debate en el Senado- faculta al Consejo Para la Transparencia a ejercer el rol de autoridad a cargo de la protección de datos personales, respondiendo a los criterios de autonomía del gobierno y del Congreso exigidos por los estándares internacionales, los que generan oportunidades y ventajas innegables. No podemos darnos el lujo de perder posibilidades de crecimiento y desarrollo. Chile puede y debe, sin complejos, adoptar esta cuarta revolución.
Fuente: Diario Financiero, agosto 27 de 2019