Siendo el problema de las bajas pensiones uno de los que más preocupa a los chilenos, era inentendible que hasta hace pocas semanas parlamentarios de oposición se resistieran a aprobar siquiera la idea de legislar al respecto. Pero si bien se logró dar un primer paso, el foco de la discusión y las concesiones que ha debido realizar el gobierno están desperfilando el fondo de la reforma previsional, que es mejorar la situación de muchos de los actuales jubilados y de quienes lo van a ser en el futuro, que ven con justificado temor que al momento de dejar la etapa laboral activa corren el riesgo de sufrir una merma sustancial en su calidad de vida.
Es bien sabido que la principal causa del insuficiente nivel de las pensiones de muchos de los actuales jubilados radica en la baja densidad de cotizaciones que tuvieron durante su etapa laboral activa, lo cual a su vez deriva de la elevada informalidad que caracteriza a nuestro mercado laboral, de períodos de desempleo mayores a los esperados para algunos, como también de los niveles de evasión existentes. A esto hay que agregar que el aumento en las expectativas de vida y las caídas en las tasas de interés están provocando la necesidad de un mayor nivel de ahorro para poder financiar la etapa del retiro.
En este contexto, el proyecto presentado por el gobierno incluye acertadamente, entre otras cosas, un aumento en la tasa de cotización de 4%, un incentivo a postergar la edad de jubilación y un fortalecimiento del pilar solidario.
Sin embargo, toda la discusión política se ha centrado en un asunto que no constituye actualmente una falencia del sistema, ni tampoco se hace cargo de ninguno de los problemas descritos, como lo es el debate acerca de la administración de este 4% adicional. La propuesta de crear un ente público con este propósito, en reemplazo de las AFP, tiene escasa justificación técnica, como también resulta extraña la idea de incorporar a esto al Banco Central, pero en un contexto altamente ideologizado y dominado por los eslóganes, ambas surgieron de la necesidad de un acuerdo político.
La fórmula propuesta aún no concita consenso y podría prolongarse el intenso debate parlamentario, con nuevas indicaciones al proyecto original. Cabe esperar que la iniciativa del gobierno no continúe desperfilándose.
Fuente: Diario Financiero, julio 09 de 2019