Dante Arrigoni C. Presidente de ASIMET
Una de las motivaciones principales que como gremio hemos impulsado con fuerza ha sido que la Cuarta Revolución Industrial representa para la manufactura chilena la oportunidad de competir y crecer en este mundo global que requiere acciones mancomunadas del sector público y privado. Entre ellas, la capacitación de la fuerza de trabajo, que el gobierno visionariamente está impulsando a través de una reforma al SENCE, para que el mercado laboral se adapte a estos nuevos escenarios.
El nuevo SENCE debe ser un agente educativo para la nueva industria y el proyecto enviado al Congreso contiene, en su mayoría, muy buenas iniciativas en ese sentido. Sin embargo, creemos que no es bueno hacer “tabla rasa” cuando se busca mejorar las leyes, y que en este caso se debería considerar mantener aquellos aspectos donde la norma sí ha demostrado funcionar en forma correcta y efectiva. Específicamente, me refiero a la modificación que termina con los aportes vía franquicia tributaria a los Organismos Técnicos Intermedios de Capacitación (OTIC), pues primero se deberán realizar los cursos y, una vez efectuados, se podría recuperar la franquicia.
Con la nueva ley se va a exigir un copago para poder capacitar, estableciendo una carga mayor para las empresas. Esto va a perjudicar principalmente a las pymes que dan empleo al 65% de los chilenos, es decir, a los trabajadores con menores ingresos y con mayor necesidad de ser capacitados. Según estimaciones de nuestro gremio, esta medida podría disminuir hasta en un 50% la capacitación de los trabajadores en las empresas, vulnerando su derecho a ser capacitados para la Industria 4.0.
Otra modificación que requiere una revisión es la que otorga a los organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) la posibilidad de actuar también como organismos intermediarios de la capacitación, rol que hoy cumplen los OTIC. Actualmente, los OTEC tienen giro único de capacitación, por tanto, se requeriría de un pronunciamiento del Servicio de Impuestos Internos. Por otro lado, al realizar actividades de intermediación, surge la inquietud respecto de, por ejemplo, cómo se produciría el pago o quién asumiría el costo de esta intermediación.
Con este proyecto se le estaría entregando a un privado (OTEC) el total poder lucrativo de los recursos. Hoy el SENCE no cuenta con la cantidad de fiscalizadores necesarios para operar y esta labor recae en corporaciones que no lucran (OTIC). Al traspasar ese rol a los OTEC se dificultan la correcta fiscalización y el necesario control.
Confiamos en que el gobierno escuche a las organizaciones que capacitan a sus trabajadores y reevalúe su propuesta, para alcanzar un gran acuerdo que logre la modernización necesaria del SENCE, que vaya en la dirección correcta en orden a mejorar la calidad y la cobertura del sistema, con miras a los grandes desafíos de la nueva industria.
