Ministra Zaldívar y Bernardo Larraín coincidieron en que se debe acelerar la tramitación del proyecto que reemplaza ingresos laborales con Seguro de Cesantía.
Continúan las reacciones luego del polémico dictamen emitido ayer por la Dirección del Trabajo (DT), en el que establece que los empleadores podrán optar por no pagar las remuneraciones de los trabajadores que se encuentran sin acudir a sus lugares de ocupación por encontrarse en cuarentena.
El documento también señala que no podrán acogerse a la causal de fuerza mayor para despedir a los trabajadores en medio de la emergencia sanitaria por la expansión del coronavirus.
Esta mañana, tanto Gobierno como empresarios se refirieron al documento.
Por una parte, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, defendió el pronunciamiento jurídico del servicio, fundamentando que el Gobierno se encuentra tramitando en el Parlamento un proyecto que protege los ingresos de las personas que trabajan en una compañía que ha cerrado temporalmente, ya que podrán acceder a los fondos acumulados de su Seguro de Cesantía para percibir rentas mientras dure la emergencia sanitaria.
“Si tengo por ejemplo una peluquería, en la cual no hay nadie atendiendo y nadie va, ese trabajador que no está yendo a trabajar no está recibiendo un ingreso, pero ese empleador también se encuentra en la imposibilidad de pagar sus ingresos. Todos aquellos empleadores que efectivamente puedan mantener el ingreso de sus trabajadores, lo hagan, como todos aquellos lugares donde se pactó trabajo a distancia. En aquellos casos que por una causa de fuerza mayor, donde el trabajador no puede asistir y el empleador no puede pagar la remuneración, tenemos que tener un instrumento, que no es jurídico porque la legislación no lo entrega y que nos permita mantener los ingresos a ese trabajador”, señaló la titular del Mintrab en conversación con Radio ADN.
La secretaria de Estado aseguró que “claramente no buscamos generar alarma en las personas” al darse a conocer el dictamen, por lo que se estableció en el proyecto de protección de los ingresos laborales que el beneficio será retroactivo a partir del 18 de marzo para las personas que desde entonces se han visto imposibilitadas de trabajar.
“La ley que se está tramitando plantea casos de suspensión total o parcial y de reducción de jornada. Estamos buscando que aquellos trabajadores que no pueden concurrir a su lugar de trabajo, por la situación que estamos viviendo, puedan tener garantizados sus ingresos y esta ley tiene efecto retroactivo”, aseguró, complementando que lo que se busca es que no se corte la relación laboral, sino que se suspenda pero manteniendo todos los otros derechos laborales.
Larraín Matte pide “sostener el empleo”
Por su parte, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte, hizo un llamado al sector empresarial a actuar con “autorregulación” y evitar utilizar la causal de fuerza mayor para desvincular a sus trabajadores en medio de la cuarentena.
“Nuestro llamado es a todas las empresas que puedan sostener operaciones, que puedan sostener el empleo, no hagan uso de esta causal de fuerza mayor”, aseguró en conversación con Radio Infinita
En la misma línea, evitó sumarse a las críticas que han surgido desde el mundo político y sindical, señalando que el dictamen de la DT debe analizarse en conjunto con el proyecto de protección al empleo.
“Este dictamen debe entenderse junto al proyecto de ley ingresado el miércoles que hace uso del Seguro de Cesantía para pagar la remuneración a esa persona que tuvo que suspender su relación laboral con el empleador”, recalcó el ejecutivo.
Fuente: Diario Financiero, marzo 27 de 2020
