De las empresas que se han acogido a los beneficios de la norma, un 92,4% corresponde a micro y pequeñas empresas, mientras que las medianas representaron el 3,4% y las grandes un 1,3%.
Sigue aumentando el número de empresas que buscan acogerse a la Ley de Protección del Empleo. Así lo demuestra el último balance realizado hoy por la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quien informó que hasta al 23 de abril 66.573 compañías han decidido acogerse a los beneficios de la norma.
Esto se compara con las 23 mil sociedades reportadas el 17 de abril, el primer balance que realizó el Ejecutivo.
De acuerdo al detalle presentado, 516.826 trabajadores accederán a las prestaciones del Seguro de Cesantía, sin perder los beneficios de la relación laboral, tales como antigüedad y derecho a vacaciones. Esto implica casi el doble en relación a los 270 mil que fueron informados el 17 de abril.
Respecto a qué firmas se están acogiendo a la norma, la ministra reiteró que las empresas de gran tamaño no son las que más están usando la Ley. El balance mostró que las solicitudes se concentraron mayoritariamente en las micro y pequeñas empresas, que son el 92,4% del total, mientras que las medianas representaron el 3,4% y las grandes un 1,3%.
«Toda empresa tiene posibilidad de acogerse si se ha visto afectada. Aquí lo importante es que no hay una distinción ni por tamaño de empresa, ni por actividad productiva, ni por región, sino que lo que hay que demostrar es realmente la necesidad de acogerse producto de que por la pandemia sus ingresos se han visto disminuidos y no están en condiciones de poder hacer frente a todas sus obligaciones», recalcó Zaldívar.
Al ser consultada por la decisión de algunas clínicas de acogerse a la norma, la ministra explicó que «aquí lo que nosotros tenemos que velar es porque efectivamente las empresas que se acojan a esta Ley sean empresas que lo necesiten, pero nosotros también tenemos una distinción, nosotros tenemos ciertas actividades productivas que deben seguir funcionando, pero esas actividades que deben seguir funcionando deben también tener los ingresos para poder seguir haciéndolo», recalcó.
Sobre las críticas de que algunas firmas estarían haciendo mal uso de los beneficios de la norma, Zaldívar sostuvo que «aquí, mayoritariamente, nosotros no vemos un abuso de la Ley, y en caso de que hubiese abuso existen las sanciones, existen los mecanismos para poder controlar aquellos abusos».
De los 516.826 trabajadores acogidos a la Ley, el 54,0% de ellos pertenecen a las empresas pequeñas y medianas. En tanto el 29,3% de los trabajadores suspendidos son de las grandes empresas. Además, el 54,4% de ellos pactaron un acuerdo de suspensión de contrato con su empleador, mientras que el 45,6% lo hicieron porque fueron afectados por acto de autoridad.
«Con esta ley buscamos proteger los puestos de trabajo y parte importante de los ingresos de los trabajadores, los que pueden verse afectados independientemente si su empresa es grande, pequeña o mediana. Por eso es necesario recalcar que si una empresa se ha visto fuertemente afectada por lo que estamos viviendo producto del Covid-19, se puede acoger a esta norma independientemente del tamaño, porque debemos llegar a todos los trabajadores sin distinción», dijo Zaldívar.
Respecto a las trabajadoras de casa particular, la secretaría de Estado informó que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), han registrado un total de 6.193 solicitudes, para acogerse a la suspensión de contrato que contempla la Ley, y que en este caso opera con cargo a los fondos de indemnización.
Seguro de cesantía
Por último, la ministra informó sobre las solicitudes que han realizado los trabajadores despedidos ante el Seguro de Cesantía, las que en comparación con el mismo mes del año anterior con cierre al décimo sexto día hábil, pasaron de 98.234 a 118.506, lo que significa un incremento de 20,6% en el total.
Otro punto que abordó la titular de Trabajo fue el criticado plan de retorno que elaboró el Ejecutivo, el cual busca que los funcionarios públicos vuelvan gradualmente a desempeñar sus labores de forma presencial.
Sobre el tema, Zaldívar aseguró que es un plan «que respeta a todos aquellos trabajadores o funcionarios públicos que están en situación de riesgo, nosotros tenemos que potenciar el trabajo a distancia respecto de aquellas personas que son adultos mayores, respecto de personas que son embarazadas, que tienen enfermedades de base, tenemos que buscar el mecanismo para que todos quienes estamos trabajando acá tengamos las medidas de distanciamiento social, las medidas de protección», dijo la ministra, agregando que al mismo tiempo se debe priorizar lo que es la atención al público: «No puede ser que un adulto mayor no pueda ver pagada su pensión», acotó.
Fuente: Diario Financiero, abril 27 de 2020