El mandato contempla la entrega del informe final en cuatro meses e impone que a mediados de noviembre se presente un avance preliminar sobre la cuantificación de las consecuencias económicas.
Joseph Ramos, Vicepresidente de la Comisión Nacional de Productividad (CNP). Sergio Urzúa, Consejero de la CNP, investigador Clapes UC. Cristóbal Huneeus, Socio y director Data Sciences de Unholster. Osvaldo Larrañaga, Director de la Escuela de Gobierno de la UC. Tomás Rau, Profesor asociado y director de postgrados del Instituto de Economía de la UC.
Con la conformación de un equipo técnico junto a un asesor externo, la Comisión Nacional de Productividad (CNP) avanza con celeridad para dar respuesta al mandato del Presidente Sebastián Piñera, que busca cuantificar las consecuencias de reducir la jornada de trabajo desde las 45 horas semanales que actualmente contempla la legislación.
Con un claro perfil centrado en el análisis de datos, el equipo quedó integrado por los economistas Cristóbal Huneeus, socio y director de Unholster; Osvaldo Larragaña, director de la Escuela de Gobierno de la UC y asesor del Censo 2017 y Tomás Rau, director de postgrados del Instituto de Económia de la UC, cuyas áreas de investigación son mercado laboral y econometría.
A ellos se suman dos consejeros de la CNP que estarán fijos como parte de este equipo: el vicepresidente de la entidad, Joseph Ramos, y Sergio Urzúa. Habrá dos miembros de la entidad que se rotarán entre los otros seis miembros del consejo de la entidad.
El objetivo de este comité es guiar la investigación, lo que se traducirá en una supervisión semanal del estado de avance del estudio encomendado por el Ejecutivo.
A este equipo se sumará el apoyo del consultor externo Benjamín Villena, economista que se desempeña como profesor investigador del Departamento de Economía de la UDP, y que cuenta entre sus áreas de investigación la macroeconomía, economía laboral y economía política.
En el acta oficial de la sesión extraordinaria que realizó el consejo de la CNP, se expone que «los consejeros coinciden en señalar que la factibilidad de cumplimiento dependerá fundamentalmente de la celeridad con que la CNP obtenga los datos para comenzar a trabajar».
El mandato impone plazos de dos meses para la entrega de un informe preliminar, y de cuatro meses para el informe final.
Para ello, según consta en el documento, se acordó elaborar un listado con las bases de datos necesarias y se enfatiza en «la necesidad de que el gobierno apoye a la CNP en el acceso a los administrativos de distintos servicios públicos, sin los que no será posible cumplir con el encargo».
El secretario ejecutivo de la entidad, Alfie Ulloa, precisó que «ya tenemos una lista de las bases de datos que queremos pedir, nos interesa que la mayor cantidad sean públicos, por si otras entidades o personas quisieran replicar nuestro análisis y que no sea algo a lo que sólo nosotros tendríamos acceso».
Fuente: Diario Financiero, octubre 03 de 2019