Los académicos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Rodrigo Araya y Viviana Bravo, entregan su mirada del fenómeno. Esta última cree que estamos ante un conflicto profundo cuyas grietas se encuentran en nuestra historia reciente y que se ve agudizado por una creciente precarización laboral.
Por encargo de la Dirección del Trabajo, el Consejo Superior Laboral entregó al Ministerio del Trabajo, a fines de abril, su informe acerca del alcance de Ley de Reforma Laboral a dos años de su implementación. El documento registra un estancamiento en la tasa de trabajadores afiliados a sindicatos el 2018, es decir, persistió una tendencia de décadas anteriores pese a que dichas reformas laborales ejecutadas en el gobierno de Bachelet buscaban revertir ese proceso.
Las cifras del informe muestran que la cantidad de sindicalizados se situó en el orden del 20,6% (esto es 1.043.709 de personas afiliadas, de un total de 5.068.370 trabajadores asalariados). Esto significa, incluso una cifra inferior al 20,9% registrada en 2017 y un freno de una tendencia al alza que se venía observando desde 2011, cuando la cifra estaba en un 15,5%.
Si bien, el oficialismo ha señalado que estas cifras de sindicalización se encuentran dentro del promedio de los países OCDE, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, cree que esta serie de reformas han precarizado al trabajador y, de paso, debilitado los derechos ganados por la unión sindical. “Estamos discutiendo en Chile si vamos a lograr defender los derechos que nos hemos ganado, porque hoy día se relativiza el derecho a huelga, se quiere reponer a los grupos negociadores, entonces, miremos con perspectiva el debate”, señala Rodrigo Araya, académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC).
Agrega que se ha insistido en legislar considerando otras realidades donde el trato laboral es muy distinto y la calidad de vida es producto de un conjunto de avances sociales y no de reformas específicas. “Esto no es Finlandia, no es Suecia, por lo tanto, que a mí me digan que en Chile no estamos al nivel de los países nórdicos en la sindicalización, me parece que no es el mensaje real”, lamenta sobre el discurso asociado a esta merma.
¿Cómo se explica entonces que un proyecto que, supuestamente fue diseñado para favorecer la sindicalización, no haya cumplido su meta? El historiador Rodrigo Araya cree que, históricamente, las cifras sobre sindicalización en Chile han sido manipuladas dependiendo de diversos intereses. Estadísticas “más fidedignas” de fines de los años 70, tras la implementación de planes laborales actualizan tasas de unión sindical desde un supuesto 28% a un 15% en 1978 e incluso a un 10% el año 1983, lo que atiende a un promedio de 350 mil personas sindicalizadas aproximadamente.
“La política económica tenía, pues un efecto perverso en las tasas de sindicalización dependiendo de qué áreas económicas estaba esa fuerza obrera ubicada: la industria minera, textil, del metal u otras que fueron desapareciendo y provocando cambios en las tasas de filiación a la baja. El modelo actual tiene un énfasis en el sector terciario de la producción donde históricamente ha existido una baja tasa de sindicalización, señala acerca de algunas trabas institucionales puestas a la sindicalización”, estima el doctor y autor de la investigación Fondecyt “¿Autónomos, copiados o subordinados? Continuidades y cambios en las trayectorias del sindicalismo durante el proceso de democratización (1983-2003)”.
CONFLICTO PROFUNDO
Por su parte la doctora en historia, Viviana Bravo, también cree que estamos ante un conflicto profundo cuyas grietas se encuentran en nuestra historia reciente y que se ve agudizado por una creciente precarización laboral.
“La despolitización, el individualismo y la pérdida de horizontes utópicos impiden enfrentar un complejo cuadro de desprotección, flexibilización y precariedad del trabajo que impone el despliegue neoliberal del mercado. En este sentido, se ha desdibujado la conciencia, la identidad de clase, las formas de organización y diversas formas de lucha -como la huelga- con que contaban los trabajadores para negociar los límites de la explotación”, plantea.
Agrega que, en este contexto se ha favorecido la creación de leyes que favorecen la atomización de los sindicatos. “Ese es el escenario actual que hay que revertir en forma creativa y organizada. En tanto, los mayores avances que registra el movimiento de trabajadores y trabajadoras en nuestra historia han sido acompañados en las calles, fábricas y oficinas por organizaciones políticas y sindicales de clase fuertes”, destaca la académica tras el proyecto Fondecyt “Clase trabajadora y protesta urbana en el marco del agotamiento y crisis del desarrollismo. Santiago y Valparaíso 1947-1964”, el cual se aboca a la protesta del sector popular desde los años 40.
Si bien la reforma laboral de Bachelet apuntaba a favorecer la libertad sindical, los dictámenes de la Dirección del Trabajo han apuntado durante los últimos años a restarle poder negociador a estos grupos, explica el profesor Araya. Destaca que algunas de estas prácticas incluyen al Tribunal Constitucional, que ha fallado en contra de reformas colectivas y apoyado iniciativas de servicios mínimos en las que se permite contratar trabajadores durante las huelgas, por ejemplo.
“La idea de libertad sindical o de conformar más de un sindicato contiene el problema de que solo puedes negociar colectivamente para mejorar tus condiciones o llegar a algún acuerdo, sin embargo, se establecen trabas por ramas de negociación en la mediana y pequeña empresa para que la única opción sea poder negociar a través de confederaciones de sindicatos. Entonces, como el/la trabajador/as ve que su sindicato tiene poco éxito y requiere el acuerdo con muchos otros, no siente mayor estímulo para afiliarse”, agrega el profesor Araya, Magíster y Doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Fuente: La Nación, mayo 23 de 2019
