En reciente entrevista con “El Mercurio”, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, entregó algunas definiciones respecto de las tareas de su cartera para los próximos años. Considerando la importancia del comercio internacional en el desarrollo económico, y habida cuenta de los planteamientos formulados durante la Última campaña por parte de la candidatura del hoy Presidente Gabriel Boric, de revisar los tratados de libre comercio, la acción del Gobierno en esta materia cobra especial relevancia.
Las definiciones del subsecretario tienen como base un juicio enfatizado por sectores de la izquierda, pero de dudoso sustento empírico, esto es, que el desarrollo económico chileno requiere de políticas industriales que, de alguna manera, apuntan en una dirección opuesta al proceso de apertura comercial en que nuestro país ha estado inserto. Especialmente llamativa es la referencia a que los tratados deben resguardar la autonomía regulatoria del Estado -sugiriendo que los acuerdos actuales no garantizarían aquello-, y su mención al aprendizaje de la experiencia argentina por desarrollar su industria, ejemplo que se derrota a sí mismo.
El énfasis en la autonomía regulatoria, por su parte, plantea dudas sobre el verdadero alcance de este debate. Los tratados firmados por Chile no han limitado sus atribuciones para definir e impulsar políticas económicas, salvo en aspectos intrínsecos a cualquier tratado, como son el trato parejo a las inversiones extranjeras y la imposibilidad de establecer políticas que arbitrariamente beneficien a los actores domésticos. Son estas mismas exigencias, básicas en el plano internacional, las que han permitido a muchos sectores chilenos exportar a las más diversas latitudes. Es necesario, por tanto, que las autoridades de gobierno sean más específicas en explicar qué aspectos de los tratados debieran renegociarse.
Cabe también observar los alcances que puede tener la participación ciudadana en estas discusiones, aspecto enfatizado por el subsecretario. El comercio internacional, por definición, deja ganadores y perdedores dentro de un país, como consecuencia de las ventajas relativas en la producción entre distintas naciones. La bondad del comercio, por tanto, no descansa en la inexistencia de costos, sino en que los beneficios superan a las pérdidas, donde a su vez las políticas públicas pueden compensar adecuadamente a esos “perdedores”. Los esfuerzos de participación -herramienta valiosa en la discusión de ciertas iniciativas- no pueden significar dejar supeditada toda la política comercial al reclamo puntual de algún sector. Ello supondría renunciar al interés general en función de la capacidad de presión de quienes representan intereses específicos.
Las definiciones del alto funcionario también dan cuenta de la particular estrategia con que el Gobierno está abordando ciertas materias, dilatando una definición hasta el desenlace del proceso constitucional. Así lo plantea el subsecretario a propósito del TPP11, acuerdo comercial cuya injustificada dilación -con la consiguiente pérdida de oportunidades para el paÍs- ha sido, en parte, el resultado de los cuestionamientos expresados por quienes hoy integran la coalición gubernamental, incluido el propio Ahumada. Así, esta administración parece estar siguiendo un camino que involucra impulsar por ahora una agenda de temas menos controvertidos mientras en cuestiones más sustantivas evita tomar la iniciativa, esperando que la Convención lo haga. Tal fórmula presenta, sin embargo, una doble complejidad. Por una parte, implica postergar definiciones de fondo y prolongar las incertezas. Por otra, parece asignar al proceso constitucional la tarea de zanjar materias -como la suscripción o no de un tratado comercial- cuya especificidad no es propia de una Carta Fundamental, excluyéndolas así del debate político.
Fuente: El Mercurio, abril 19 de 2022
