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Ley de Inclusión Laboral: Detalles de la nueva Ley que ya entró en vigencia

28/03/2018 - A contar del 1° de abril comienza a regir la implementación de la Ley de Inclusión Laboral, aquella que establece una cuota mínima de trabajadores con discapacidad en empresas, tanto públicas como privadas, que superen los 100 trabajadores.



Con una gran asistencia, el Comité de Personas de Asimet en conjunto con Asimet Capacitación, el OTIC de la Industria, realizaron la charla “Inclusión Laboral… A días de entrar en vigencia”, la cual estuvo a cargo de Luis Parada, abogado Magíster en Derecho de la Empresa, Diplomado en Derecho del Trabajo de la PUC y socio de DLA PIPER BAZ|NLD, quién durante su exposición analizó los aspectos legales que constituirá la nueva Ley de Inclusión Laboral para personas con discapacidad.

Según el abogado, si bien Chile, actualmente se acoge a tratados internacionales que incentivan la inclusión de las personas con discapacidad, la Ley N°21.015 que comenzará a regir a partir del 1 de abril en nuestro país, surge a partir del incumplimiento de estas normas internacionales y busca incluir laboralmente a personas con discapacidad, tanto en el sector público como en el privado, a través del establecimiento de una reserva legal de empleos para discapacitados.

“El deber de las empresas de 100 o más trabajadores es contratar, o mantener contratados, al 1% de personas con discapacidad, o aquellos que sean asignatarios de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en relación al total de sus trabajadores”, afirmó Parada.

Medidas subsidiarias de cumplimiento

La ley de Inclusión Laboral contempla un cumplimiento alternativo para todas aquellas empresas que, por razones fundadas, no puedan cumplir total o parcialmente las obligaciones establecidas. Una de estas razones es la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa impide la contratación de personas con discapacidad, y la otra, es la falta de personas con discapacidad interesadas en las ofertas de empleo que haya formulado el empleador, la cual debe ser a través de la Bolsa Nacional de Empleo o por cualquier otra plataforma web de acceso público de información e intermediación laboral.

Frente al incumplimiento de las obligaciones establecidas, las formas alternativas que las empresas disponen son:

Celebrar y ejecutar contratos de prestación de servicios con otra empresa que tenga contratada a personas con discapacidad. Para esta medida, los honorarios anuales que se le deberá rendir a la empresa acordada son al menos 24 ingresos mínimos, respecto a cada trabajador que debía ser contratado por la empresa para cumplir con la obligación de contratación de forma directa. O bien, optar por la donación en dinero a asociaciones, corporaciones o fundaciones que realicen proyectos de apoyo a personas discapacitadas, por un monto referido precedentemente y sin derecho a crédito contra el Impuesto a la renta de 1° Categoría.

Dentro de este contexto, según el abogado Parada “el principal motivo que busca la Ley de Inclusión Laboral es desincentivar el uso de las formas alternativas de cumplimiento para esta obligación legal”.

De esta manera, bajo el constante desafío de representar los diversos intereses del sector manufacturero y reafirmar ese compromiso con las empresas socias del gremio, Asimet hace un llamado al sector privador a generar más espacios de inclusión y a romper con las barreras de la discriminación laboral.

Para mayores detalles de la exposición, haga clic aquí para acceder a la presentación.

Asimet, marzo 28 de 2018

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